Domingo 21 DE Abril DE 2019
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Menos recursos, más burocracia, la fórmula peligrosa de la Secretaría de Bienestar Social

Fecha de publicación: 23-04-17

Antes de lo ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) era una dependencia del Organismo Ejecutivo, sin una aparente relevancia política y con poco o ningún interés mediático. Había sido cuestionada por la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) debido al descuidado trato a los niños y adolescentes bajo su responsabilidad y también por la Contraloría General de Cuentas (CGC), cuyas auditorías reportaron irregularidades administrativas. Sin embargo, la respuesta de las autoridades a los señalamientos se hizo esperar.

De 2014 a 2016, la debilidad financiera y la creciente burocracia marcó el ritmo de trabajo de esta dependencia. Los centros de abrigo y detención de menores se quedaron sin dinero para comprar prendas de vestir, insumos de limpieza, recursos educativos o pagar servicios básicos y de vigilancia. El deterioro institucional, como pasa con una vasija cuyos evidentes signos de deterioro delatan una cercana ruptura, colapsó el 8 de marzo con la trágica muerte de 41 jovencitas.


Claudia Méndez Villaseñor • cmendezv@elperiodico.com.gt –La madrugada del 8 de marzo la muerte tocó la puerta del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, abierto por la SBS como centro de refugio para niños, adolescentes y menores de edad con discapacidad, maltratados y abandonados. Un día antes, un grupo de muchachas decidió enfrentar a las autoridades del Hogar y exigir mejores tratos. Organizaron una especie de rebelión que muy lejos quedó de alcanzar su propósito. Murieron calcinadas 41 de las menores descontentas tras quedar atrapadas en un dormitorio donde antes habían alimentado un incendio. La noticia trascendió las fronteras del país y por el mundo circularon titulares sobre la horrible muerte de las niñas guatemaltecas. Dos altos funcionarios de la SBS y el director de ese Hogar fueron capturados y encarcelados por lo sucedido.

En octubre de 2016, la PDH había denunciado que los internos en ese centro vivían en condiciones infrahumanas. La alimentación era mala, tenían problemas de salud y carecían de programas educativos o culturales que les ayudaran a sobrellevar el tiempo de encierro. Asimismo, había clara evidencia de que un buen número de muchachos mantenía relaciones sexuales sin respeto hacia los más pequeños. La investigación del Magistrado de Conciencia dio inicio como respuesta a la fuga de 40 internas en agosto de ese año.

El año pasado, las autoridades de la SBS impulsaron algunos cambios en ese centro, con la finalidad de mejorar las condiciones de convivencia. Firmaron un acuerdo con el Club Rotario Guatemala a beneficio de los 184 menores discapacitados, la mayoría abandonados, que viven en el Hogar (iban a construir una Casa de Madera con áreas de juego).

En febrero habían conseguido que 25 muchachas, del área conocida como “Mi Hogar”, participaran en un curso de equitación y equinoterapia impulsado por el Estado Mayor de la Presidencia.

La captura de tres altos funcionarios de la SBS por su responsabilidad en la muerte de las 41 adolescentes, el cierre del Hogar y el traslado de los internos a otros hogares, puede ser para algunos la solución al problema. Sin embargo, al retroceder en el tiempo, es evidente que la vasija estaba agrietada y con pocas posibilidades de resistir nuevos golpes.

No había pasado ni un mes de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cuando ocurrió un motín en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones Etapa II, también a cargo de la Secretaría, destinado a recluir a adolescentes en conflicto con la ley penal. Unos cien internos, supuestamente miembros de maras, tomaron las instalaciones y provocaron un incendio. Asesinaron a personal de la SBS y luego de tres días de incidentes permitieron la salida del resto. El grupo fue consignado a tribunales.

En diciembre del año pasado, sucedió un hecho similar en el Centro Juvenil de Privación de Libertad de Mujeres (Cejuplim) Los Gorriones, también responsabilidad de la SBS, debido a pugnas entre internas. La Policía consignó a 14 adolescentes, responsables de destrozos en esas instalaciones.

La violencia de estos últimos incidentes provocó cambios en la administración de la dependencia. Hoy, hay una nueva secretaria, Cándida Rabanales de Granados y planes para abrir 11 residencias de acogimiento, temporal y definitivo; siete sedes de reunificación familiar y cuatro centros de acogida de 72 horas. ¿Esto es suficiente?

Escasean los recursos

La SBS atiende a la fecha a 31 mil 129 niños y adolescentes en los distintos programas que impulsa: 9 mil 79 fueron consignados por la Policía Nacional Civil (PNC) a los Juzgados de Paz en los últimos cuatro años (de 2017, son 698), algunos tienen discapacidad y fueron abandonados por sus familias, otros han sido rescatados de hogares abusivos, a ellos se les llama menores en conflicto con la ley. También están, los que pertenecen a bandas criminales y terminaron en manos de las fuerzas de seguridad, ellos son los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Además, la Procuraduría General de la Nación (PGN) coordina operativos con la PNC. De 2012 a la fecha se ha constituido como querellante adhesivo y representante legal de 4 mil 821 menores y conseguido un igual número de condenas contra sus agresores.

En los tribunales de Niñez, Familia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal se ventilan también casos que involucran a la SBS, como niños con padres enfermos o en la cárcel o huérfanos. En promedio, son unos 14 mil al año.

Para cumplir con esos compromisos, la SBS abrió 37 Centros de Atención Integral (CAI); 11 en la capital y Mixco; y el resto en municipios de Chimaltenango, Alta Verapaz, Santa Rosa, El Progreso, Escuintla, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa, Jutiapa, Izabal, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Sololá, Zacapa y Totonicapán.

Además es responsable del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones (Cejupliv) II Anexo; Cejuplim Los Gorriones; Cejupliv Etapa II y Centro Juvenil de Detención Provisional Gaviotas.

Así como de los Hogares en Quetzaltenango (para niñas embarazadas) y Zacapa; Casa Nuestras Raíces con sedes en Guatemala y Quetzaltenango y el Residencial Psiquiátrico Abrigo y Bienestar Integral (ABI), creado en 2015 para atender niños y adolescentes de cuatro a 18 años.

El presupuesto de gastos de la SBS evidencia que la dependencia dispone de renglones dedicados a la compra de alimentos, prendas de vestir, mantenimiento de infraestructura, vigilancia y que le permitan adquirir libros de enseñanza, artículos deportivos y recreativos para atender a la niñez y adolescencia bajo su responsabilidad y cuidado.

Sin embargo, los recursos aprobados en 2014 y 2015, lejos quedaron de satisfacer esas necesidades. El año pasado, el Ministerio de Finanzas mejoró esos renglones y este año, la situación tendría que haber sido distinta, al menos en la parte financiera.

El análisis de los reportes del Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental (Sicoin) de 2015, 2016 y los primeros tres meses de 2017 revelan esta situación.

En 2014, el Congreso aprobó a la SBS un presupuesto de Q188 millones 528 mil, 371 para gastar en 2015. Con esos recursos pagó: Q5 millones 934 mil 880 a personal permanente; Q40 millones 246 mil 836 a trabajadores permanentes supernumerarios; Q14 millones 646 mil 697 a personal por contrato; Q1 millón 155 mil 157 en el arrendamiento de edificios y locales. Asimismo, compró alimentos con valor de Q44 millones, 687 mil 491 y canceló salarios de guardias de vigilancia por Q1 millón 567 mil.

 

 

Sin embargo, renglones básicos dirigidos al funcionamiento de las distintas unidades asistenciales fueron recortados por el Legislativo y les destinaron pocos recursos. Tal es el caso, de los fondos asignados a los servicios médicos-sanitarios, les habían destinado Q765 mil y le restaron Q664 mil 562; los de energía eléctrica pasaron de Q2 millones 534 mil 795 a Q1 millón 815 mil 749 y a la telefonía le retiraron Q78 mil 205 del Q1 millón 654 mil asignado.

Al renglón destinado al pago del servicio de recolección de basura también le restaron recursos. En 2015, la SBS pagó Q110 mil 412 por ese concepto, cuando a ese rubro le habían asignado Q153 mil 453. Para el mantenimiento y reparaciones de instalaciones quedaron disponibles solo Q15 mil 150, de un presupuesto inicial de Q1 millón 474 mil. Lo mismo sucedió con el mantenimiento de edificios, ese año solo hubo Q70 mil 987 para ese propósito, cuando eran necesarios por lo menos Q2 millones 637 mil.

En tanto, servicios jurídicos tuvo una asignación de Q18 y el renglón de prendas de vestir, que en un principio era de Q3 millones 401 mil 740 se redujo a Q51 mil 70. Para textos de enseñanza quedaron Q458; Q222 mil 385 a la compra de útiles de limpieza y Q100 mil 437 a la de productos sanitarios; Q45 mil 441 destinados a útiles educacionales y Q56 mil 350 para accesorios deportivos y recreativos. La SBS solo invirtió Q34 mil 922 en utensilios de cocina por las rebajas presupuestarias.

En 2016, la situación fue similar. El presupuesto vigente (aprobado un año antes) ascendió a Q189 millones, un aumento de Q471 mil 629.

Con ese dinero, la SBS pagó Q9 millones 261 mil 547 a personal permanente (Q3 millones 326 mil 667 más que en 2015); Q33 millones 31 mil 588 a personal permanente supernumerario (Q7 millones menos el año anterior), Q12 millones 613 mil a personal por contrato y Q50 millones 301 mil 828 en la compra de alimentos. La dependencia también contó con Q1 millón 506 mil 905 para el pago de la factura telefónica y Q50 mil destinados a lavandería. En 2015, la SBS no contó con el servicio.

Igual que un año antes, los diputados recortaron recursos a renglones necesarios para atender servicios básicos. Por ejemplo, al de energía eléctrica le retiraron Q341 mil de Q1 millón 979 mil 581 asignados; al de recolección de basura; Q109 mil 907; al de mantenimiento de edificios le fueron asignados Q57 mil 645 (menos que en 2015), a servicios médicos-sanitarios le asignaron solo Q81 mil 695 y Q96 mil 844 a servicios jurídicos. Los recursos destinados al pago de vigilantes se redujeron a Q265 mil 249 y la capacitación solo obtuvo Q11 mil 600.

Para adquirir textos de enseñanza fueron asignados Q12 mil 295; prendas de vestir, Q161 mil 034; productos medicinales, Q698 mil 773; insumos de limpieza, Q974 mil 620; útiles educacionales, Q32 mil 767; accesorios deportivos, Q19 mil 729 y utensilios de limpieza, Q1 mil 700.

Más presupuesto

El año pasado, el Congreso aprobó a la SBS un presupuesto vigente a 2017 de Q225 millones, Q36 millones más que en 2016 y mejoró la asignación financiera de varios renglones.

La dependencia destinó Q10 millones 953 mil 336 al personal permanente; Q32 millones 211 mil al personal permanente supernumerario; Q13 millones 197 al personal por contrato; Q2 millones 273 mil 470 al pago de energía eléctrica; Q1 millón 760 mil 567 al servicio de telefonía; Q162 mil 382 a la recolección de basura y Q132 mil 500 al servicio de lavandería.

Para arrendar edificios y locales, le fueron asignados Q1 millón 111 mil 760; Q785 mil 460 a servicios médicos-sanitarios; Q93 mil 536 al jurídico y Q604 mil 200 a jornadas de capacitación. El renglón destinado a la vigilancia creció a Q1 millón 664 mil 958, el de alimentos se redujo a Q44 millones 993 mil 310, el destinado a la compra de prendas de vestir creció a Q2 millones 538 mil 096, el de textos de enseñanza a Q36 mil y a Q4 millones 364 mil 156 el de productos medicinales.

Los recursos para la compra de útiles de limpieza crecieron a Q2 millones 577 mil 883; de útiles educacionales a Q252 mil 359 y el de accesorios deportivos a Q299 mil 421. Para adquirir utensilios de cocina fueron asignados Q134 mil.

El aumento de los recursos tendrían que haberse reflejado en mejoras de infraestructura y condiciones de los internos, pero la tragedia del 8 de marzo y luego la de Etapa II han evitado que se promuevan estos procesos. Igualmente la apertura de nuevos centros es un proyecto de mediano plazo.

Los que nadie quiere

En Guatemala existen unos 130 centros privados y estatales (los de la SBS) dedicados a cuidar y proteger menores abusados o maltratados. Cuando la PGN rescata a un niño o un adolescente, en la calle o en sus casas (solo en 2016 fueron 5 mil acciones de esta naturaleza), el equipo presenta el caso al Organismo Judicial y allí, en los juzgados de Niñez principalmente, se evalúa el perfil del niño y los perfiles de cada centro para así comenzar el proceso de reintegración familiar.

Los menores son enviados a centros de albergue temporal, mientras la PGN se da a la tarea de buscar familiares cercanos del menor con disposición y voluntad de hacerse cargo de él. Es más fácil con un recién nacido o pequeños de hasta tres años. Los centros privados tienen mayor disponibilidad en estos casos que con los mayores de 12 años o cercanos a cumplir la mayoría de edad, explica Harold Flores, Procurador de la Niñez y Adolescencia de la PGN.

Estos adolescentes, la mayoría sin familia terminan en los centros a cargo de la SBS, que debe brindarles condiciones favorables para su desarrollo físico y mental. No siempre es lo que reciben.

Para el Hogar Seguro Virgen de la Asunción la SBS creó una dirección dedicada a atender las necesidades del centro, contrató asesores y firmó convenios. También abrió una subsecretaría dedicada a resolver los problemas en las cárceles de menores, pero, la tragedia sobrevino. No les fue posible preverla.

elPeriódico intentó una entrevista con la nueva secretaria de Bienestar Social, Cándida Rabanales, pero la solicitud no fue atendida.

Historia

La Secretaría de Bienestar Social (SBS) comenzó a funcionar el 20 de febrero de 1945, durante el gobierno de Juan José Arévalo con el objetivo de amparar y acoger a niños pobres para proporcionarles cuidados médicos y personales y dotarlos de espacios de recreación, según información disponible en la página oficial de la dependencia.

En 1951, la Secretaría amplió su campo de acción y abrió los primeros centros de cuidado infantil que atendían a hijos de padres enfermos o internados en hospitales. El Acuerdo Gubernativo, 662-90 dio vida al Reglamento Orgánico de la SBS, pero fue aprobado uno nuevo el 9 de enero de 1998. En 2013, con la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PINA), fue modificado otra vez. El último reglamento fue aprobado en 2006.

La prioridad de la Secretaría en la actualidad son niños y adolescentes en conflicto con la ley penal y los menores de edad albergados en centros de privación de libertad y libertad asistida.

Señalada desde 2013

La oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) documentó en 2013 una serie de atropellos ocurridos dentro de las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Las autoridades de la SBS hicieron caso omiso a las recomendaciones del Magistrado de Conciencia, Jorge de León.

 26 de abril
Cinco adolescentes agredieron sexualmente a una niña de 14 años interna en el Hogar, de manera provisional. Las autoridades del centro denunciaron el hecho en el Ministerio Público (MP).

20 de agosto
Un grupo de 20 muchachas escapa del hogar. La Policía logra recuperar a 14. Ese día ocurre un incendio en el área destinada a las niñas madres.

17 de octubre
Dos muchachas de 14 y 15 años, estrangulan con una bufanda a una menor de 14 años.

 

Hallazgos de la CGN

La Contraloría General de Cuentas (CGC) en las auditorías internas que efectúa cada año ha evidenciado irregularidades administrativas en la SBS. Algunos de los hallazgos registrados están relacionados con compras dirigidas a satisfacer necesidades de niños y adolescentes en hogares de abrigo o centros de detención.

Por ejemplo, en 2012 la CGC hizo una denuncia en el Ministerio Público (DAJ-D.G.76-2013) por el pago de Q71 mil 142 a la compañía Deli Banquetes, S.A., por alimentos servidos, cuando la SBS había contratado para ese fin a la empresa Juli, S.A. La Contraloría también consideró irregular ese año, la compra por excepción de Q166 mil en prendas de vestir a la Industria Militar.

En 2014, la CGC reclamó que la Secretaría mantuviera vigente un contrato por Q1 millón 653 mil 942, que había finalizado en febrero de ese año, con el proveedor de comida del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y de los centros de detención de menores.

El 74 por ciento del contrato estaba destinado a atender al Hogar Seguro y el resto a las correccionales. Sin embargo, por una reestructuración institucional ese año, un porcentaje alto de niños de ese centro de abrigo fueron reubicados en otros centros, lo que ocasionó que quedaran pendientes raciones de comida hasta mayo.

En la auditoría de ese año, la CGC además evidenció irregularidades en el cumplimiento de un contrato, también por alimentos destinados a correccionales, con la Corporación Fulanos y Menganos S.A., que ganó un concurso de licitación por Q17 millones 243 mil 793.

En diciembre, la empresa ofreció cuatro menús de desayuno, almuerzo y cena que incluían: omelette de jamón, enrollados de jamón y queso con frijoles rojos parados, frijoles rojos con carne, pollo a la cazuela, hilachas, panes con pollo, ensalada de papa con cebolla, atol Corazón de Trigo, arroz chino con carne y bistec de hígado.

En su lugar sirvió: huevos duros, cereal con leche y panes con frijoles, hamburguesas, espagueti a la boloñesa, arroz mixto, pan con jamón, papas con mayonesa, café, estofado de salchicha y paches.

La compañía pidió disculpas y se excusó al asegurar que por tratarse del fin de año se le había complicado proveer el menú contratado.

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