Miércoles 14 DE Noviembre DE 2018
Domingo

Reivindicación de las resoluciones sobre Consulta Previa

Laura Castañeda Sociedad de Plumas

Fecha de publicación: 02-04-17
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Es de dominio público nacional e internacional, la lamentable situación judicial que viven algunos proyectos hidroeléctricos y mineros, derivado de resoluciones judiciales que por falta de análisis y conocimiento profundo de los casos son imprecisas y lamentablemente, faltan a la ley.

Esta situación ha puesto en evidencia la falta de certeza jurídica que existe en Guatemala para las inversiones intensivas de capital, y el poco o nulo buen juicio de algunos magistrados de las altas Cortes al resolver sobre estos proyectos.

“Iura novit curia” es el principio jurídico de que el juez conoce el derecho. Sin embargo en varios de los casos que justifican este análisis, es evidente que algunos magistrados al resolver, han pasado por encima de las leyes que disponen procedimientos específicos para suspender, anular o cancelar resoluciones administrativas vigentes que fueron otorgadas en cumplimiento de la ley y que, hasta cuentan con dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación.

Adicionalmente, los magistrados y sobre todo, la magistrada que según las estadísticas lidera el número de ponencias en la Corte de Constitucionalidad de estos casos, no se han dado a la tarea de verificar qué ha hecho el Estado en cada caso en específico, para cumplir con las obligaciones derivadas del Convenio 169 de la OIT, frente al desafío de no contar con un reglamento estandarizado para la realización de la consulta previa establecida en el Convenio 169 de la OIT.

El punto es que, suspender o cancelar operaciones de empresas afirmando que no se ha cumplido con la consulta previa no es cierto. Es además perjudicial para el Estado, las comunidades anfitrionas de los proyectos y los titulares de derechos adquiridos bajo el amparo de la ley.

En algunos proyectos, el Estado, por medio de instancias como: los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía y Minas, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Sistema Nacional de Diálogo, la oficina del Procurador de Derechos Humanos, Copredeh y Cancillería entre otros, han liderado procesos de diálogo e información con las instituciones representativas de las comunidades, líderes comunitarios y empresas que han procurado acuerdos y consentimiento que cazan con lo establecido en el Convenio 169 en los Artículos 6 y 15 numeral 2.

Hay bastante evidencia sobre procesos previos y continuos de información y relacionamiento que han tenido como objetivo: determinar si los intereses de las comunidades indígenas son perjudicados, en qué medida, procurar que participen, siempre que sea posible, de los beneficios que reporten los proyectos y percibir compensaciones en caso de sufrir algún daño.

Hay que recordar que diversas instancias internacionales como Comité para la eliminación de la discriminación racial en el 76º periodo de sesiones expresó que el Estado de Guatemala debe cumplir y garantizar el deber de consultar a los pueblos indígenas, sin importar la forma como lo haga, “el Comité recuerda al Estado parte que la ausencia de reglamentación del Convenio Nº 169 no es impedimento para que se lleven a cabo procesos de consulta previa”.

Aunado a estas intervenciones del Estado, para el caso de grandes inversiones de capital, las empresas encargadas de desarrollar los proyectos tienen altos estándares de gestión y desempeño en observancia de la obligación de respeto y salvaguarda de los Derechos Humanos que les obliga regirse, no solo por las leyes nacionales, sino por normativa internacional. Para las empresas es indispensable contar con la “licencia social” (que se define como consentimiento libre, previo, informado y continuo de una comunidad local y sus grupos de interés para realizar proyectos de inversión) para poder operar y para poder ser sujetos de crédito para la construcción de los proyectos.

De esa cuenta normas como: la ISO 26000, Principios Rectores en Materia de Derechos Humanos y empresa (ONU), Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU), Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social (Corporación Financiera Internacional –IFC–) y Principios de Ecuador entre otros, son parte de los sistemas de gestión de relacionamiento comunitario de las empresas responsables. Recurso humano con pertinencia cultural y procesos establecidos de interrelación con el Estado para cumplir con la obligación de las empresas de Respetar( ) los derechos humanos de sus comunidades anfitrionas y Remediar las afectaciones, en caso que se den, tienen un alcance e impacto mucho mayor que el de cualquier reglamento o normativa de consulta previa conocida hasta la fecha.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en aras de que la judicialización de los proyectos tenga propósito positivo para el país, el Estado, por medio de los órganos administrativos, puede probar, que en materia de Consulta Previa, pese a no contar con un reglamento general pero basado en normativa internacional a la que están sujetas las empresas, ha cumplido. Homologar los procesos de consulta previa ya llevados a cabo por el Estado en acompañamiento de las empresas es una necesidad que apremia y una oportunidad de oro para que la Corte de Constitucionalidad se reivindique.

  1. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. 2008.

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