domingo 2 abril 2017
Domingo

La juntita recargada: el pacto de Santo Tomás

Manolo Vela Castañeda  – [email protected]

Desde el pacto de Santo Tomás (nombrado así porque se concretó en la finca del mismo nombre), cuando el presidente Morales amarró los votos para la Junta Directiva del Congreso, este poder del Estado regresó a lo que siempre ha sido: un pantano de estiércol. El pacto incluía, además de la Junta Directiva, un paquete de acuerdos: la creación de comisiones extraordinarias, la ley que intentaba aprobar la concesión a favor de TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal), la elección de los representantes del Congreso ante Renap (Registro Nacional de las Personas), Conamigua (Consejo Nacional de Atención al Migrante), y Junta Monetaria.

Y la alianza mafiosa que el presidente Morales concertó –a tres meses– nos da sus resultados: la paralización de la agenda legislativa. No más Ley de Competencia (restricciones a los monopolios), no más Ley de Servicio Civil del Organismo Ejecutivo (que incluía la auditoría de la nómina de empleados), no más ley de lavado de dinero, y no más reformas a la ley electoral. La Reforma Constitucional, ya sin apoyos, allí sigue, moribunda, ‘namás’ porque nadie quiere aparecer como el sepulturero. De la reorganización interna del Congreso ya no se habla más. Entre el Congreso de 2016 y el de 2017 hubo un brusco y repentino frenazo. Y la causa de esto ha sido el pacto de Santo Tomás.

El pacto de Santo Tomás ha dado paso a reuniones que –de cuando en cuando– se realizan los miércoles, en Casa Presidencial. Allí se dan cita Felipe Alejos y José Ubico, de Todos, el bloque de Gustavo Alejos (que de Mariscal Zavala, ha pasado a estar internado en un hospital) (17 votos); Javier Hernández y Marco Pineda, de FCN, el partido del presidente (37 votos); Jaime Regalado y Alejandra Carrillo, de MR, el partido del prófugo Sinibaldi (19 votos); Marvin Orellana y Rodrigo Escribá, de Alianza Ciudadana, del también prófugo Rabbé y de Edwin Escobar, el mafioso alcalde de Villa Nueva (11 votos); Julio Lainfiesta y Javier Hernández, de UCN (7 votos). En total, la alianza mafiosa acumula 91 votos. Esta es la juntita, recargada, los nuevos amigos del presidente Morales.

Muy aparte está la bancada de los empresarios. Aquí coincide: Viva, Creo, PAN y Unionista, que juntos hacen 12 votos; los necesarios para que la alianza mafiosa roce los 105 votos.

Y así, los miércoles, al caer la tarde, Casa Presidencial se parece más a Sodoma y Gomorra, las ciudades bíblicas más divertidas de la antigüedad, que al hogar del hombre cristiano que Morales vendía a sus seguidores en campaña. La política, ah, ese oficio que nunca deja de sorprendernos. De allí que el presidente Morales se quede dormido en eventos, y que solo logren mantenerlo despierto a pura cafeína. Y así, entre copas y risas, verdaderas bacanales que se extienden hasta las madrugadas, el presidente Morales sigue amarrando su alianza con la Fuerza de Tarea Mariscal Zavala, las bancadas controladas por políticos prófugos o en prisión.

Y ¿cuál es el papel del presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, en toda esta trama? En él se sintetizan tres articulaciones: 1) sus lazos con el empresariado; 2) su relación de amistad con el presidente (como hombres cristianos que eran o son, ya uno no sabe qué pensar); y, 3) su operación política, como diputado de Creo, el partido de Roberto González Díaz-Durán. Tan patético ha sido su desempeño como presidente del Congreso que cuando se aprueban leyes él hace como que va al baño, se baja de la silla de la presidencia, sale del hemiciclo, se da una su vueltita por allí. Y entonces, la presidencia queda en manos de los impresentables Alejos u Orellana, quienes conducen las sesiones para aprobar lo que se cocinó, y que tanto abochorna al buen hombre de Chinchilla. Así fue como intentaron aprobar reformas a leyes para facilitar el transfuguismo, la amnistía por delitos relacionados con las plazas fantasma, y la reducción de penas por los delitos de financiamiento ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita, por los cuales están detenidos varios exdiputados, y los que vienen.

Esta conjunción de intereses es lo que el empresariado –el año pasado– buscaba con afán. Y lo logró: el pacto de impunidad. Impunidad para los políticos, con estas leyes, a cambio del plato fuerte: el borrón y cuenta nueva fiscal. Este se halla adentro de la Ley de simplificación tributaria, donde lo principal no es –como nos han contado– el régimen especial para los ganaderos; sino la más grande amnistía fiscal en la historia, que hace agua la boca a los grandes consorcios empresariales. Y esto se moverá la semana previa a la Semana Santa. Y después, los políticos se la cobrarán: dame mi amnistía.

Ah nuestros empresarios, pero es que nunca han tenido asco de hacer negocios con las mafias: antes los militares, manchados de sangre y corrupción; y ahora con esta clase política.

Los empresarios tienen abierta, además, una batalla contra la CICIG, el MP y la SAT. Argumentando que la economía está mal, que la inversión disminuye, van a Washington a pedir apoyo. Van por lana, pero los regresan trasquiladitos, ya les tiene tomada la medida: que no pagan impuestos, que no apoyan la lucha contra la corrupción, que no se hacen cargo de su población y que por eso los migrantes.

2016 fue un momento excepcional, producto de una confusión momentánea de las elites que siempre habían gobernado, quienes todavía no se reacomodaban de los golpes recibidos en 2015. En 2017 ya todo ha cambiado. Y es que los pilares del poder siguieron incólumes: las elites económicas (tan intocables), los medios de comunicación (el señor de los canales, que sigue disfrutando de su vida en Miami), la Presidencia, y el Congreso, todos volvieron a articularse. Bienvenidos, este es el pacto de impunidad. Y eso es lo que nos espera hasta 2019. La batalla por la Procuraduría de Derechos Humanos será decisiva.

En ese contexto, la campaña a favor de la depuración del Congreso esconde más de lo que enseña. Esconde ese pacto de impunidad, esa trama mafiosa en la que participan los empresarios. No es el Congreso, ni los partidos: es el pacto de impunidad, el pacto de Santo Tomás, esa triangulación entre el presidente Morales, estos partidos, y el empresariado. Por eso, no se trata de depurar el Congreso en el aire, sino de unir esfuerzos para derrotar –con acciones– ese pacto de impunidad entre empresarios y políticos corruptos.