Viernes 23 DE Agosto DE 2019
Domingo

La incompetencia nos sale cara

Edelberto Torres-Rivas

Fecha de publicación: 26-03-17

En efecto, el Estado en transición es así, una entidad débil en transformación. De la debilidad real que experimenta el Estado hay una causa central, que es la corrupción y de la cual no vamos a hablar. O lo haremos indirectamente. Nos vamos a referir a uno de los vicios patrimoniales más antiguos y más frecuentes que achican el campo de fuerza política del escenario estatal. Nos referimos a la gangrena que significan los nombramientos de los familiares y amigos en cargos para los cuales no están preparados. Se trata de una práctica negativa que aquí viene aumentando en esta etapa de estancamiento conservador, pero que nunca se ha evitado con otros gobiernos. Mientras más anticuada es la vida social de la sociedad, más fácil es justificar esta funesta confusión que para muchos solo es un acto de pasarse de vivo. Pero ya ha sido dicho y probado que la confusión atrasada entre el Estado y el mundo de los intereses privados causa daños a la modernización de lo social. En los últimos años ha habido un verdadero abuso, de los patriotas nombrando correligionarios, y actualmente, amigos políticos y familiares. Existe desde hace varias décadas una legislación sobre la materia, Ley del Servicio Civil, de los sesenta, que no ha podido ser sustituida por el nuevo proyecto, que se espera puede tener efectos en la racionalización de la burocracia, ergo, del Estado. Un buen proyecto de Ley sobre el Servicio Civil se encuentra en el Congreso, ya pasó una primera lectura, pero no ha sido aprobada, pese a su necesidad, dicen unos porque afecta intereses personales y otros porque el ritmo productivo del Congreso se ha reducido a una velocidad que compite con el estancamiento, según algunos diputados.

El nombramiento de un familiar presidencial para un cargo público para el cual no está preparado, constituye un delito que no se pena, pero más bien es una gorda afrenta al buen funcionamiento del Estado. En una democracia, los cargos públicos de cierto nivel gozan de buen nombre y por lo general honran al que lo desempeña bien. La administración del Estado se ha vuelto muy compleja y el desarrollo del país requiere como garantía una conducción acertada. No se puede improvisar. Es una puñalada al bienestar de la ciudadanía no hacer las cosas bien.

Lo mismo ocurre con el cargo público que se brinda a los partidarios, los compañeros de militancia, sean o no expertos en el cargo. Es jugar a muerte con las oportunidades de avanzar en el desarrollo escoger al partidario porque se le debe un favor. Somos testigos de una vieja práctica, en Guatemala, de cómo una cohorte de funcionarios que sirvieron con un Presidente o con un Partido, son destituidos por la nueva camada que jugaron en la campaña y ganaron. La obligación de atender la calidad técnica e intelectual del cargo público debe ser la primera condición a satisfacer.

No ha sido posible establecer hasta dónde puede conducir el incumplimiento del divorcio entre el cargo y la calidad que el mismo exige. Hay que darse cuenta que las relaciones de poder vienen transformándose en Guatemala, y hay un nivel en que la trama de los puestos del gobierno constituye un tablero complejo, arduo de manejar.

Tenemos que recordar que cada vez menos se toma en cuenta el modelo político patrimonial. Por ejemplo, el manejo de la economía requiere un grupo de especialistas, donde no basta un especialista en banca central. En los Ministerios de Educación o de Salud no necesariamente son los más apropiados para encabezarlos un pedagogo o un médico, pues no se trata de disciplinas universitarias sino de los grandes espacios administrativos de servicios públicos, que así sirven mejor. Pero sí, si estos están especializados en la gestión pública.

Otra cosa es poder servir de nexo político con el Presidente, formar parte de la lógica del Gabinete, capacidad para las gestiones financieras internacionales que el Ministro realiza. El gobierno tiene en la actualidad proyectos especiales de largo plazo, que deben ser manejados por equipos técnicos, a quien el Ministro apoya y estimula. Estos son los cargos permanentes, no sujetos a las veleidades de una elección.

Pero las cosas malas no vienen solas. Vamos a ver lo que sucede con el Renap, hasta hoy. Estimulados porque Costa Rica y Panamá habían estrenado el sistema de tarjeta de identidad con finalidades diversas (el mismo número serviría para la Cédula de Vecindad, Pasaporte, Licencia para manejar y otras funciones), Bolivia instituyó este programa y se llevó un año. Guatemala tomó la decisión después de un debate, el Registro Nacional de las Personas fue instituido por medio del Decreto Legislativo 90-2005, con el sano propósito de modernizar el sistema de identidad, por el cual el Tribunal Supremo Electoral se hace cargo del Registro Civil y ayuda a depurar el padrón electoral, y facilita los procesos de votación. El proyecto inicial fue cambiado en el Congreso, las actividades empezaron el 7-V-07 y los problemas empezaron. Los recursos no faltaron, pero los funcionarios nombrados por distintos gobiernos como miembros del Directorio del Renap tuvieron problemas personales, políticos, técnicos y, en resumen, no pudieron manejar la entidad. Cuatro directivos están procesados por corrupción, unos tres por incapacidad: uno de ellos, Director Ejecutivo, fue obligado a renunciar porque 50 mil tarjetas (DPI) tenían el mismo número. Por lo general, los recomendados son corruptos y chambones, nada más.