Martes 18 DE Septiembre DE 2018
Domingo

El muelle de los US$30 millones

Manolo Vela Castañeda

manolo.vela@ibero.mx

Fecha de publicación: 05-03-17
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico
Más noticias que te pueden interesar

Mientras investigaba parar escribir esto iba convenciéndome que TCQ (la Terminal de Contenedores Quetzal) es un cuarto repleto de porquería. En el piso, en las paredes, en el techo, en la puerta, y hasta en la manija que abre la puerta.

¿Qué es TCQ? Es –como su nombre lo indica– una terminal de contenedores, esas piezas de metal que –jaladas por un tráiler– recorren las carreteras del país. Es un muelle –de 348 mil metros cuadros, ubicado en Puerto Quetzal– en el que se descargan esos contenedores. Propietarios: el 85 por ciento de las acciones eran propiedad del grupo TCB (Terminal de Contendores de Barcelona) del grupo Pérez-Maura. El contrato (de usufructo oneroso) fue suscrito en 2012, pero se hizo público durante la Semana Santa de 2013. Duración del usufructo: 25 años, prorrogables a 25 más. Costo de arrendamiento: 0.20 centavos de dólar estadounidense por metro cuadrado. Ganancias para el Estado: 11 dólares con cincuenta centavos por contendor.

El contrato que da origen a TCQ es ilegal. Primero, porque bajo la figura del usufructo oneroso se evitó pasar por el Congreso, y se evitó también licitar; segundo, porque el Interventor no estaba facultado para firmar un contrato. Pero eso no es todo. Los términos del contrato (el arrendamiento y el pago por contenedor) fueron pactados a cambio de un millonario soborno.

En agosto (2015), todavía durante el gobierno de Pérez Molina, el contralor, C. E. Mencos, formuló un dictamen que recomendaba declarar lesivo el contrato. En agosto (2015) la procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, solicitó al presidente Maldonado su autorización para interponer una acción de nulidad contra del contrato. En cambio, el Presidente, un conocedor de leyes, decidió no hacer nada. Y así pasaron los meses, hasta enero (2016), cuando su mandato terminó. Le trasladó la brasa al presidente Morales, quien también decidió no hacer nada.

Mientras en Guatemala se vivía la euforia de la lucha contra la corrupción, a principios de septiembre (2015), TCB vendió el 60 por ciento de su capital a APM Terminals. En adelante, TCQ dejó de ser propiedad de la empresa española. ¿Quién es APM Terminals? APM Terminals, tercer mayor operador de puertos a nivel mundial, es propiedad de la primera naviera a nivel mundial: A. P. Moller-Maersk. Ese gigante resultó ser el verdadero dueño de nuestro pequeño y destartalado muelle. Maersk sabía (o debía saber) que el muelle que estaba comprando en Guatemala estaba manchado por denuncias de corrupción. Pero claro, qué iba a importarles ese pequeño detalle. Ahora proclaman que ellos fueron sorprendidos en su buena fe.

En abril (2016), el Ministerio Público y la CICIG destaparon el negocio fraudulento que estaba alrededor del contrato que dio origen a TCQ. Dos semanas después, el presidente Morales autorizó a la procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, a que accionara por la nulidad del contrato de TCQ. Aquella posición iba a durar muy poco. En mayo (2016), el presidente Morales sostuvo una reunión privada con personeros de Maersk, quienes se hicieron acompañar de abogados del poderoso bufete Díaz Durán y Asociados. El Presidente, al finalizar la reunión, oficializó el discurso que –en adelante– iba a prevalecer: que Maersk tiene buenas intenciones para llegar a un acuerdo. El expresidente Maldonado es socio del bufete Díaz Durán y Asociados.

En junio (2016) el abogado Alexander Aizenstatd fue nombrado interventor de TCQ. El anuncio se hizo en una conferencia de prensa en la que el abogado fue presentado por el jefe de la CICIG y la jefa del Ministerio Público. Muy pronto sabríamos a qué había llegado el interventor. En julio (2016) este anunció que había negociado con Maersk un arreglo amistoso. ¿Cuáles fueron los términos del arreglo? que la terminal empezara a operar a cambio de 43 millones en concepto de reparación civil, la instalación de rayos x, entre otros puntos. Meses después, el presidente Morales tradujo el acuerdo al que Aisenztatd había llegado con Maersk en una propuesta de ley y la envió al Congreso. La iniciativa intentaba aprobar una nueva concesión, directa, sin licitación, haciendo borrón y cuenta nueva del proceso mafioso. Ahora le tocó su turno al presidente Morales de convertirse en el cabildero de Maersk en Guatemala. Pero en el Congreso esa iniciativa no pasó.

Hablar con el interventor –yo lo hice el pasado jueves 23 de febrero– es escuchar un discurso oficioso, a favor de Maersk: que Maersk no es como los españoles, que ellos sí son honestos; que en la fijación de los términos del contrato (el costo del arrendamiento y el pago por contenedor) no fue determinante el soborno; que la demanda en los tribunales nacionales lleva las de perder, como ya se perdió otra; que la demanda puede tardar diez años; que el caso a nivel internacional también se va a perder; que el Estado va a perder todo; que la corrupción en Puerto Quetzal; que si se licitara todo va a ser igual; que están generando empleos; que los que lo cuestionan es porque tienen intereses; que el Estado no le da dinero, que las deudas, que los acreedores, que los préstamos.… Vaya poder el de la naviera más grande del mundo para doblarle sus manitas a todos: a dos presidentes, al interventor, y a quien se interponga en su camino. Aizenstatd, más que interventor, más parece ser el representante de Maersk en Guatemala.

Maersk sabe cómo hacer negocios en este nuestro tercer mundo. Su poderoso brazo se empezó a sentir desde la falta de decisión del presidente Maldonado; en un patrón que el presidente Morales decidió no cambiar, hasta que el caso le estalló y entonces no tuvo más que ceder a que su abogada hiciera algo, pero luego, muy pronto, cambió. El nacionalismo barato de pulseritas, y poemitas del presidente Morales quedó en evidencia ahora que había que defender el interés nacional. El presidente Morales y el interventor Aisenztatd esperan que los guatemaltecos nos traguemos los términos de uno de los más grandes negocios sucios. Así es como el presidente Morales, que se hizo con los votos de Ustedes, porque decía que él no era ni corrupto ni ladrón, les corresponde ahora.

TCQ es el muelle de los 30 millones de dólares en sobornos, y eso a nosotros no se nos puede olvidar. Por la dignidad de la gente que luchó contra la corrupción en 2015, lo que corresponde es ir –con decisión– por la demanda en los tribunales nacionales e internacionales; tirar a la basura el contrato que dio vida a TCQ y licitar nuevamente el muelle; y tomar el control de los puertos.

En mi próxima columna explicaré cómo el muelle sí puede hacer operaciones al margen del contrato con TCQ; y que TCQ no es –para nada– la solución al gravísimo problema de la corrupción en los puertos y las aduanas que, hoy por hoy, continúa, como antes, cuando  La Línea.

Etiquetas: