Martes 25 DE Septiembre DE 2018
Domingo

¿Vivimos en el mejor de los mundos posibles?

Jorge Mario Rodríguez Martínez

Fecha de publicación: 26-02-17
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico
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En un libro reciente, el economista norteamericano James Kwak trata de explicar por qué se persiste en las políticas económicas neoliberales, a pesar del terrible daño que estas causan a las sociedades que las adoptan. Para el efecto establece una interesante analogía entre el optimismo teológico del filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz y ese conglomerado de doctrinas simplistas que suelen ofrecerse en los cursos introductorios de economía de ciertas universidades.

Como se sabe, Leibniz afirmaba que vivimos en el mejor de los mundos posibles; el mal, dentro del mundo creado por un Dios perfecto, era una condición necesaria para la existencia del bien. Esta posición fue demolida por el ingenioso Voltaire, quien conmocionado por el terrible terremoto de Lisboa de 1755, escribió, aparte de un famoso poema, la novela Cándido, en la cual se mofa de los personajes que acuden al pensamiento de Leibniz para justificar sus sufrimientos y percances.

La analogía de Kwak es iluminadora. En efecto, para muchas personas, las ideas económicas neoliberales constituyen casi la palaba de Dios. A pesar del innegable sufrimiento que acompaña a estas, la ortodoxia neoliberal sirve para justificar los males sociales producidos por políticas economicistas que no pueden captar un sentido de justicia que sea consistente con la dignidad humana.

Ahora bien, la analogía de Kwak es aplicable a otros contextos. De hecho, el sociólogo español Salvador Giner, discípulo de Hannah Arendt, acuña la noción de sociodicea para denotar aquellos intentos de justificar los males sociales del mundo con base en perspectivas que no toman en cuenta la responsabilidad moral de los individuos. Detrás de muchas decisiones cuestionables se encuentran individuos que no son necesariamente víctimas de las circunstancias.

De este modo, las consecuencias negativas de dichas medidas –económicas, jurídicas y políticas– no suelen alcanzar a los que promueven dichas políticas. Estas élites han aprovechado, y siempre de la manera más estrecha, las vetas más sombrías del pensamiento occidental para consolidar sus privilegios.

Así, en el siglo XIX, el positivismo biologista facilitó a las élites latinoamericanas el despojo de los recursos comunales de los pueblos indígenas. El argumento general sostenía que los pueblos indígenas eran un obstáculo para el progreso. Esta consideración sigue vigente cuando se trata de imponer agendas productivas contraproducentes, especialmente en el campo de una agroindustria cuya irresponsabilidad pone en peligro bienes comunes que, como el agua, se encuentran en peligro evidente.

A pesar de las evidencias en dirección contraria, se quiere insistir en que la ficción del mercado libre, enmarcado en un liberalismo decimonónico, es preferible a la supuesta miseria generalizada que trae consigo una caricaturizada versión del populismo. Los males sociales terminan por caer sobre los hombros de aquellos incapaces de fungir como exitosos empresarios de sí mismos.

La actitud que criticamos se encuentra detrás de los presentes esfuerzos para distorsionar el significado profundo del pluralismo jurídico. Se defiende una versión formal de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, en un sentido que no es compatible con el constitucionalismo democrático. Las preguntas incómodas abundan: ¿Cuándo los sectores vulnerables han tenido certeza jurídica frente a una justicia excluyente, racista y cara? ¿Por qué se insiste en agendas sectoriales basadas en privilegios para los empresarios mientras se pugna por salarios diferenciados para los trabajadores? ¿No ha sido el despojo de tierras una constante vergonzosa en la historia guatemalteca? ¿No es nuestro Estado de derecho el producto jurídico de un desarrollo cultural que ha excluido a los pueblos indígenas?

La devastadora conflictividad que ahora nos embarga, muestra las terribles consecuencias de haber fomentado la desigualdad durante siglos. Los valores del mercado libre y del Estado paleopositivista de derecho (para usar la expresión de Luigi Ferrajoli), no pueden trocarse en nuevos dioses que justifiquen la desigualdad y la humillación que vive la sociedad guatemalteca. Si se olvidan los lazos éticos que unen a todos los seres humanos, entonces no podrá negarse que seguimos en el peor de los mundos posibles.

En esta coyuntura se debe hacer un esfuerzo por crear modos de vida que no ahonden la desigualdad que ya ha carcomido las bases de nuestra sociedad. Ya no se puede exigir a la mayoría que sacrifique sus esperanzas de una vida digna para asegurar los beneficios de un sector reducido. Inversión productiva no equivale a inversión depredadora; Estado de derecho, como lo diría el exjuez constitucional italiano Gustavo Zagrebelsky, no debe significar lo mismo que Estado de injusticia.

Cualquier llamado al diálogo es positivo, siempre que este respete sus mínimas condiciones de posibilidad. Entre estas se encuentra el respeto a la dignidad del interlocutor. No se puede pedir un diálogo constructivo, cuando la premisa fundamental de este es que ciertos privilegios no pueden ser tocados. Si la voluntad de diálogo es genuina, los sectores conservadores guatemaltecos deben luchar contra su tradicional egoísmo; fomentar la reflexión histórica y global es una tarea imprescindible en esta coyuntura.

Aprender a considerar los intereses generales de la sociedad es una necesidad ya ineludible. De otro modo, el abismo que se abre a nuestros pies terminará por engullirnos a todos.

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