Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Domingo

Una Ley de igualdad para las personas con discapacidad

En ocasión de las declaraciones del diputado Fernando Linares Beltranena sobre las personas con discapacidad, invitamos al congresista a discutir con la activista Silvia Quan sobre la discapacidad en Guatemala, la iniciativa de Ley 5125 y los retos que enfrentan estas personas en el país. El siguiente texto recoge la discusión por temas.

Fecha de publicación: 26-02-17
Por: Juan D. Oquendo joquendo@elperiodico.com.gt
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Mejorar el acceso a los servicios de salud

Linares Beltranena: Creemos que cuando el discapaz tiene un problema de salud, está cubierto por el sistema nacional de salud. Eso incluye el IGSS cuando son empleados del Estado o de la iniciativa privada. Es más, aprobamos en tercera lectura una ley del sistema general de salud, que cubre todo: el Artículo 93 de la Constitución que dice “el goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna”. Esto cubre a todos los guatemaltecos.

Silvia Quan: “Discapaz” es un término que escucho por primera vez. No existe esa palabra. Las personas con discapacidad no somos personas enfermas. Y claro que tendríamos que acceder a los servicios de salud cuando nos enfermamos, como le puede suceder a cualquier persona. Pero, si estamos hablando de un servicio de salud, si soy una usuaria en silla de ruedas y necesito acudir a servicios ginecológicos, lo más seguro es que yo no voy a poder adquirir estos servicios porque no existen las condiciones físicas que permitan que yo pueda acudir. Hay que aclarar que el ámbito de la salud no es el único necesario para atender los derechos de las personas con discapacidad, que enfrentan una serie de barreras legislativas, arquitectónicas, sociales, físicas, en las comunicaciones, en las actitudes de las personas, para que puedan desarrollarse plenamente en todos los espacios a los cuales todas las demás personas sí tienen acceso.

 

Militares activos no podrán integrar el consejo consultivo de la Secretaría Presidencial sobre Asuntos de Discapacidad (Sepredis)

LB: En el Artículo 5 de la iniciativa de ley, se habla del comité consultivo de Sepredis, que es una de las organizaciones que se crea en la ley y que son burocracias multimillonarias, y dice quién puede ser miembro y quién no. Dice: “no puede ser miembro quien sea miembro activo del Ejército de Guatemala”. Ahí viola la Constitución. Eso es típica característica de personas de izquierda.

SQ: Estamos hablando de que ese consejo consultivo tiene una característica primordial, y es que es independiente. Va a ejercer sus funciones de manera independiente. Es decir, no va recibir presiones del Estado por ejemplo o de una institución de Gobierno. Tampoco de ninguna empresa particular que pueda tener intereses particulares. En ese sentido, por eso se pone explícitamente que no pueden ser militares en activo. Efectivamente hay muchos miembros del Ejército que adquirieron alguna discapacidad durante la guerra y están de baja. Y ellos participan y no se les está negando esa participación.

 

¿Tiene la ley un carácter político ideológico?

LB: La ley habla de temas que son típicamente de izquierda. Por ejemplo, habla de igualdad de género, acción afirmativa –en el sentido de igualdad de condición– no es lo mismo que dice la Constitución de igualdad ante la ley. Igualdad de condición es ya buscando resultados igualitarios. Estoy simplemente calificando la ley desde un punto de vista ideológico como de extrema izquierda. Pueden ustedes considerarlo válido o no.

SQ: Se plantea primero como justificante que Guatemala firmó un tratado internacional de derechos humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y lo hizo voluntariamente. Esta iniciativa se formula bajo los criterios de esa convención. La igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación no son principios de ninguna tendencia política ni de derecha ni de izquierda, sino que son principios fundamentales de los derechos humanos. Atribuir la evolución de los derechos humanos a una ideología es falaz y es desconocer la evolución histórica que se ha tenido.

 

Bono por discapacidad de medio salario mínimo al mes

LB: Por el hecho de ser discapaces –yo insisto en el uso de la palabra, porque la persona que tiene discapacidad es una discapaz– tienen derecho a un bono que paga el Estado, todos los guatemaltecos, solo por el hecho de ser discapaz. Eso es inconstitucional y está basado en una premisa de que los discapaces se victimizan para hacer sentir culpables al resto de los contribuyentes de tener la obligación hacia ellos.

SQ: El artículo de la iniciativa habla de la creación de un reglamento que regule la dotación de ese bono. ¿Quiénes lo van a recibir? Personas con discapacidad que reúnan ciertas características extremas. Serán personas extremadamente pobres, pero que además tienen un nivel de dependencia muy alto y que requieren necesariamente de alguien que les asista, porque son cuadripléjicas, por ejemplo, e incluso para sus actividades cotidianas como la higiene y la alimentación, van a requerir de la asistencia de una persona.

 

La ley permitiría incluir a las personas con discapacidad al sistema de producción

LB: Creo que no, por el costo de oportunidad que implica. Subsidiar a las personas que tienen discapacidades, rebaja la inversión. Eso rebaja el ingreso de todas las personas. Los guatemaltecos tendrían menos para darle alimentación a sus hijos, para educarlos. Es decir, hay un costo. Además, los discapacitados tienen muchas otras fuentes de ayuda. Yo le hablo porque tengo en la familia discapacitados. Incluso mentales. Y se les llama así a todos los niños que tienen Síndrome de Down. Hay fundaciones privadas, instituciones de Gobierno.

SQ: Si una persona no tiene acceso a la educación, por lo tanto no va a poder tener una formación adecuada para luego obtener un empleo decente. Se va a quedar en la casa sin nada que hacer y además nunca se le habrán enseñado destrezas mínimas. Va a tener que quedarse alguien más en esa casa, cuidándola. Estamos hablando de dos personas que pueden ser perfectamente contributivas a las sociedades en donde viven y que se está perdiendo esa contribución sin la ley.

 

Las universidades deberán garantizar el acceso, permanencia y adecuación de sus procesos de admisión a las personas con discapacidad

LB: Lo que dice este Artículo de las universidades, públicas y privadas, es que tienen que hacer las adaptaciones para garantizar el acceso y permanencia. Acceso es rampas y ascensores con braille. Pero permanencia es que hay que reducir los estándares académicos. ¿Y qué quiere decir eso de la adecuación de sus procesos de admisión? Implica que si llega una persona con discapacidad mental, hay que bajar los estándares de admisión. Eso está basado en una filosofía de igualitarismo.

SQ: Efectivamente, el señor diputado lo mencionó, acceso es hacer físicamente accesibles las universidades. En cuanto a la admisión, la ley se refiere a que si yo quisiera estudiar en la Universidad de San Carlos, no podría hacer el examen de admisión porque, que yo sepa, no existen exámenes en braille. Y a mí eso me parece sumamente injusto. No significa que yo no pueda hacer el examen de admisión. No estamos adaptando contenidos académicos, sino que solo adaptando métodos y materiales que no implican bajar niveles académicos en absoluto para que las personas con discapacidad efectivamente puedan estar en la universidad.

 

¿Es financiable la iniciativa?

LB: Yo creo que no. Yo creo que ya existen las reglamentaciones arquitectónicas que vienen del tratado de 2008 y que están implementándose poco a poco en Guatemala. Esta ley tiene una serie de insistencias. No dice cuál será la fuente de financiamiento. La implementación de esta ley paraliza prácticamente al Estado. Yo no busco la confrontación. Pero sí busco ser claro. Sería muy fácil que viniera a decir y que solo hablara de compasión y qué sentimos. Estamos ante una ley de exigencias concretas y nosotros como diputados tenemos la obligación de analizarlas, votar sobre ellas y aprobarlas o improbarlas. Son exigencias concretas y no son exigencias líricas, son ante todos los guatemaltecos que pagan impuestos.

SQ: La idea es que en los fondos de los ministerios que ya se utilizan para el tema se reorienten para garantizar la salud de las personas con discapacidad que requieran los servicios. En relación a la Sepredis, la idea es transformar el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi) en una institución más eficiente. Su patrimonio pasaría a ser parte de la secretaría. No hay una inversión mayor ahí. En cuanto al bono, si el señor diputado leyó bien la ley, se va a dar cuenta de que ese bono no se va a dar el primer día que entre en vigencia la ley. Ese bono será el resultado final de un sistema de autonomía que no existe, que hay que crearlo dentro de las instituciones de salud, de trabajo, el Renap… Para que eso suceda creo que tienen que pasar al menos dos años en que podemos ser muy creativos y pensar en una fuente de financiamiento que no castigue el bolsillo de los contribuyentes como dice el diputado, sino que más bien reoriente mejor el uso de los mismos.

 

Silvia Quan
> Gotham Soy guatemalteca, inmigrante de padres chinos. Tengo una discapacidad visual y he sido activista de los derechos de las personas con discapacidad desde los noventa. Trabajé en la Procuraduría de los Derechos Humanos hasta 2013. Y de 2011 a 2016 tuve un mandato como experta independiente en los derechos humanos de personas con discapacidad del Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento de los tratados internacionales en esa materia.

 

Silvia Quan, quien ha trabajado en la ONU en el tema de discapacidad, colaboró en la redacción de la iniciativa 5125.

Fernando Linares
> Actualmente soy diputado al Congreso de la República. Abogado de profesión. Mi especialización es el derecho penal. El tema de discapacidad me interesó desde que vi la ley, la estudié, la leí, tuve una reunión con activistas de esta ley, les mostré mi punto de vista –que no fue del agrado de ellos– e hice un análisis de la ley que me parece inconstitucional, ilegal e inconveniente en la forma en que está redactada.

 

El diputado Linares Beltranena fue demandado por discriminación contra las personas con discapacidad por sus declaraciones.

 

7% del PIB
pierde un Estado que no invierte en las personas con discapacidad según el Banco Mundial.

15% de personas
en todo el mundo tiene algún tipo de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud.

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