Jueves 18 DE Abril DE 2019
Domingo

El riesgo de una crisis sistémica

IPN-USAC Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos / www.ipn.usac.edu.gt

Fecha de publicación: 05-02-17
Por: Análisis de Coyuntura

El MP y la CICIG han continuado en el 2017 la ya extensa travesía de persecución penal contra estructuras asociadas a actos criminales y de corrupción. Los casos, denominados de “alto impacto”, siguen refiriéndose al periodo 2012-2015, aunque el MP continúa procesando casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado.

Conforme esos casos avanzan se amplifica la vulnerabilidad de quienes ahora mismo integran los mandos de los poderes del Estado, y con ello, a corto plazo, la estabilidad de las propias instituciones. El Congreso es el organismo más expuesto. A los casos de investigación de 2015 por plazas fantasma, más procesos de antejuicio por presuntos otros delitos, se ha sumado el escándalo Odebrecht, que alcanza a varios países del hemisferio.

Desde fines de 2016 llegaron al MP expedientes internacionales sobre presuntos sobornos (US$18 millones) para la aprobación, octubre de 2012, del préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social por US$399 millones, que condicionó la contratación de la empresa Norberto Odebrecht, destinado, junto a otros tres créditos, a la construcción de carreteras1. En enero 2017 empezaron los trámites en los tribunales guatemaltecos que sindican a alrededor del 25 por ciento de los diputados de la actual legislatura.

La marea seguirá alta sobre la institucionalidad del Congreso, considerando otros dos procesos. En el TSE progresa la cancelación de partidos políticos que incumplieron cláusulas de la Ley Electoral sobre financiamiento en la pasada campaña. A Lider, ya suspendido, le sigue el exoficial PP, y ahora está bajo cuestión, también, los reportes de financiamiento en la segunda vuelta del oficialista FCN. En estos casos, los diputados nominados y electos por sus partidos y que no renunciaron (pero se mudaron de bancada o bloque) antes del vigor de la reforma en 2016 de la Ley Orgánica del Congreso, pasarán a “independientes”, lo cual implica vedas en la organización y distribución de cargos del Legislativo.

El otro proceso se refiere al amparo de la UNE ante la CC el 14 de enero pasado. Su argumento es que cuatro diputados electos para la directiva que asumió en esa fecha encajan en la tipificación de “tránsfugas”2 y, por tanto, perdieron derecho a ocupar cargos en la directiva, presidir comisiones de trabajo o ejercer la representación del Congreso. Si la CC le da la razón a la UNE, la gobernanza del Legislativo estará más cuesta arriba.

En la CSJ, durante 2016, los magistrados Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, vinculados al caso de sobornos de TCQ perdieron la inmunidad. Aguilar renunció (mayo) y Charchal fue desaforado (septiembre); ambos están en prisión preventiva. El 19 de enero de 2017 la CSJ tramitó el antejuicio contra la influyente magistrada Blanca Stalling, señalada de favorecer a su hijo implicado en el caso IGSS-Pisa. La Comisión Pesquisidora del Congreso, que presentó su informe el 1 de febrero, recomendó que la magistrada “sea puesta a disposición de la justicia común” y al siguiente día el Pleno, con 119 votos, asumió dicha recomendación.

En la antesala, el 30 de enero, la CC sentenció que la elección de la magistrada Silvia Valdés como presidente de la CSJ (septiembre 2016) fue inconstitucional, y ordenó un nuevo sufragio en las siguientes 48 horas. Así, la cuestionada CSJ, cuya elección en octubre de 2014 fue facilitada por un acuerdo entre la cúpula del PP y el partido Lider, que previsiblemente le sucedería en el gobierno un año después, entró en una crisis de institucionalidad, pues la ausencia física de Stalling impidió la nueva elección de presidente cumplido el plazo de la CC.

Durante 2015 y hasta septiembre de 2016 la CSJ mantuvo, bajo presión social, una posición unánime sobre los antejuicios, pero la correlación comenzó a cambiar cuando fue electa presidenta la magistrada Valdés y, el 8 de noviembre, esa posición se reforzó con la elección de la directiva del Congreso.

A ese movimiento, que contrarrestaba a la CSJ del expresidente Rafael Rojas, al expresidente Mario Taracena en el Congreso y a la secretaría técnica de las reformas constitucionales del sector justicia, que integraron la CICIG, el MP y la PDH, se unió el presidente Jimmy Morales, signatario sin convicción de las reformas. Quizá influyó en el ánimo del gobernante que el 13 de septiembre 2016 fue público que su hijo y hermano estaban sindicados por el caso “Botín Registro de la Propiedad”.

En conclusión, el pulso entre reformistas y restauradores ha calado el hueso de las instituciones centrales del Estado, mientras el esperado “efecto Trump” sigue esperando o, más probable, desvaneciéndose para los restauradores del viejo orden ahora estremecido.

1.- El 11 de octubre de 2012 el Congreso concluyó una sesión permanente que había iniciado el 7 de agosto, y en total aprobó cuatro créditos por US$569.5 millones. En la víspera, el entonces presidente Otto Pérez y la ex vicepresidente Roxana Baldetti se habían reunido con representantes de diferentes bancadas del Congreso en la casa del PP, llegando a un acuerdo, según reportó Prensa Libre el día 12.

2.- Los diputados señalados son Marvin Orellana, tercer vicepresidente; Boris España, primer secretario; Marco Aurelio Pineda, segundo secretario, y Aracely Chavarría de Recinos, quinta secretaria.

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