Martes 21 DE Mayo DE 2019
Domingo

Vamos por un parlamento abierto

Jorge Gabriel Jiménez[1]

Sociedad de Plumas

Fecha de publicación: 15-01-17
ILUSTRACIÓN VÍCTOR MATAMOROS > EL PERIÓDICO

El pasado martes fue presentado con bombos y platillos el primer Plan de Acción de Parlamento Abierto para Guatemala correspondiente al período 2016-2017. Fue un hecho inédito. Guatemala es parte de la Alianza por el Gobierno Abierto desde 2011 pero fue hasta el año 2016, durante el proceso de elaboración del tercer Plan de Acción Nacional, cuando otras entidades ajenas al Poder Ejecutivo, como el Congreso de la República, decidieron comprometerse con los principios de datos abiertos. Esta es otra conquista ciudadana después de los múltiples casos de corrupción que salieron a la luz pública en 2015.

Es difícil para mí no emocionarme al ver un primer compromiso público por parte del Congreso de la República sobre gobierno abierto. Cuando fundé en 2011 junto con otros amigos de la carrera de derecho de la Universidad Francisco Marroquín una organización llamada Congreso Transparente nadie sabía –ni le interesaba– el gobierno o parlamento abierto. En más de una ocasión se tuvo que aclarar que estos conceptos iban más allá del gobierno digital. Desde aquel entonces se ha avanzado muchísimo en estos temas y han surgido otras organizaciones que también los han promovido. Ha sido un camino de sueños, errores y esperanza pero especialmente de fe. Fe en que uno de los poderes del Estado podía ser distinto.

En el año 2016 se alinearon las estrellas para que surgiera el primer Plan de Acción de Parlamento Abierto. Los escándalos de corrupción del 2015 causaron que la ciudadanía exigiera un combate frontal a la corrupción. Y el entonces presidente del Congreso, Mario Taracena, lo entendió. Pasó de ser un referente de la vieja política a ser uno de los alfiles del cambio. En enero de ese año inició su gestión liberando los datos de los empleados del Congreso y, con la presión ciudadana que se generó, se abrió la ventana de oportunidad para reformar la Ley Orgánica y la Ley de Servicio Civil, ambas del Organismo Legislativo. En agosto fue presentado el diagnóstico base de parlamento abierto que dio lugar a que el Congreso se sumara a la Alianza para un Congreso Abierto Guatemala (ACAG) en noviembre. En ese mes, de forma expedita, se desarrollaron las sesiones de cocreación del plan de acción y la Junta Directiva del Congreso lo aprobó en los días posteriores.

El Plan de Acción de Parlamento Abierto contiene tres ejes y cinco compromisos. Los ejes son la innovación tecnológica, transparencia y rendición de cuentas y participación ciudadana. Entre los compromisos destacan los siguientes: contar con una política legislativa de datos abiertos, la formación de los colaboradores del Congreso en los principios de acceso a la información pública y crear mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas del Organismo Legislativo. Por último, se establece un Mecanismo de Revisión Independiente del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Dicho documento dista de ser perfecto y algunos dirán que no es lo suficientemente transformador, pero el hecho que exista uno constituye un enorme paso con respecto a los años anteriores, cuando a ninguno de los actores políticos le interesaba contar con un parlamento abierto. Por lo anterior, no puedo dejar de felicitar a todas aquellas personas que intervinieron y apoyaron en la elaboración del Plan de Acción de Parlamento Abierto pero especialmente a las organizaciones de sociedad civil que participaron en su cocreación: Red Ciudadana, Movimiento Cívico Nacional, AsíEs, Guatemala Visible, Acción Ciudadana, Jóvenes Contra la Violencia, Levantemos la Voz y Congreso Transparente.

El Plan de Acción de Parlamento Abierto, como cualquier documento, no tiene vida por sí mismo. Requiere de la vigilancia ciudadana para exigir su cumplimiento y la voluntad política de la nueva Junta Directiva que permita que la política pública de información trascienda del 2016 y continúe durante el 2017. La República de Guatemala únicamente se fortalecerá cuando las buenas políticas públicas se mantengan de una administración a otra, no importando quién esté en el poder.

[1] Abogado y Notario.

 

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