Martes 23 DE Abril DE 2019
Domingo

El año de la República

Análisis de coyuntura

Fecha de publicación: 15-01-17
ILUSTRACIÓN VÍCTOR MATAMOROS > EL PERIÓDICO

IPN-USAC
Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos/ www.ipn.usac.edu.gt

 

El gobierno de Jimmy Morales no tiene una sola evaluación independiente positiva. En su primer año de gestión no adoptó una hoja de ruta y tampoco se le identifican ejecutorias trascendentes. La expectativa ciudadana de que inauguraría una nueva forma de hacer política, se frustró con la tolerancia al transfuguismo en su bancada del Congreso, el encierro comunicacional del gobernante y la ausencia de iniciativas oficiales de transparencia y calidad de gasto, consulta y participación social.

La parálisis general de la administración central (notable en el campo de la inversión en infraestructura y en el desarrollo social) y las dificultades para lidiar con las deudas irregulares con contratistas, más el desmantelamiento judicial de una parte de la red de empresas tradicionalmente vinculadas a los negocios públicos, se tradujo en una ausencia de gobierno entre la población usuaria de servicios públicos (salud, educación, carreteras) y con impactos adversos en el crecimiento de la economía.

Pero quizá la clave que califica (y calificará) la gestión global se reduce a un solo concepto: su posición respecto a la “corrupción”. Jimmy Morales se abrió paso de manera inusitada en la carrera electoral de 2015 en una coyuntura única de batida contra la corrupción y una movilización ciudadana sin precedentes en las plazas que involucró, por lo menos una vez, según estimaciones derivadas de encuestas nacionales, a un millón de personas. Morales contemporizó con ese sentimiento ciudadano con una frase de campaña (“ni corruptos ni ladrones”) que ofrecía una condición moral de los candidatos para el buen gobierno.

El Presidente, como todos sus antecesores democráticos, arrancó hace un año con una aprobación por encima del 80 por ciento, pero cerró el 2016 con apenas el 20 por ciento. Una caída sin precedentes durante el periodo democrático. La población resintió durante poco más del primer semestre, cuando cayó a casi la mitad de la aceptación general, la ausencia de gobierno, pero la aprobación se vino a pique cuando el primer círculo familiar quedó señalado, aunque solo marginalmente y por hechos previos a la elección de octubre del 2015, en un caso penal.

Es que el solo señalamiento (claro está, fundado) desdibujó una condición moral del Presidente, que hasta entonces se mantenía incólume. En las encuestas cara a cara la población admitía que Morales no poseía las habilidades de gobernante, pero “parece buena gente” y “es honrado”. De hecho, aunque su gobierno no tiene una política anti-corrupción y se admite que las prácticas opacas proliferan en la administración central, no hay un escándalo mediático ni evidencias de que el mandatario esté involucrado en actos censurables.

Ahora bien, la ausencia de gobierno –que no es exclusiva de este en el primer año de gestión– tiene una dimensión que sí es única: ausencia de poder. Esto es extraño en un régimen de tradición presidencialista y podría obedecer a factores simbólicos, pero también de no articulación suficiente de actores. Lo curioso es que no es una pérdida de poder, porque otro poder se lo impida (bloqueando al gobierno), lo suplante (invadiendo sus potestades) o que se vea imposibilitado de ejercerlo por desgaste.

Aunque el protagonismo –como se puede constatar en las primeras planas de los medios y en la densidad de las noticias y comentarios– puede estar en el MP y la CICIG o, hasta cierto punto, en el Congreso y el Organismo Judicial, lo más obvio de observar es que la dimensión de poder del Ejecutivo es similar –no superior ni inferior– a la de los otros poderes del Estado y que estos se mueven con relativa autonomía, uno respecto del otro.

Ciertamente el MP y la Cicig, así como la embajada estadounidense, han sido los factores condicionantes de los poderes del Estado, cada cual, con su poder intrínseco, pero, sobre todo, por la legitimidad de las movilizaciones de 2015. Esa es la autoridad que no asumió, como delegado directo de las urnas, el presidente Morales. Es el capital político que se le discurrió entre los dedos al no ejercerla.

En 2017 el gobernante parece tener dos caminos. Uno es ejercer poder indirecto por la vía de las alianzas que labró desde octubre en el Congreso y, parcialmente, en la Corte Suprema de Justicia. Este sería un poder duro, pero que rompería el consenso pasivo (es decir, la desilusión resignada) y podría convertirse protesta y oposición abierta, pues se basaría en la restitución del orden previo a abril 2015. En esa eventual decisión del gobernante pesa la acusación penal contra su hijo, por eso el incidente no es meramente anecdótico en el análisis.

El otro camino es recuperar el espíritu del clamor de las plazas de 2015, lo cual implica ejercer otro tipo de poder, rompiendo su alianza hasta ahora a medias con los actores de la vieja política, rehaciéndolas con el MP y la CICIG y los nuevos actores –que están en proceso de constitución– herederos de la Plaza. Como sea, lo cierto es que parece poco sostenible un aparente modelo de República funcional, como en 2016, sobre poderes del Estado sin raíces profundas de poder. El riesgo es que, si el Presidente no toma por su propio pie y decididamente uno de los dos caminos, otros lo empujarán.

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