Martes 25 DE Junio DE 2019
Domingo

En defensa del pluralismo jurídico

Jorge Mario Rodríguez

Fecha de publicación: 11-12-16
fotoarte Jorge de León > El periódico

El reciente debate acerca del pluralismo jurídico, generado alrededor de las reformas constitucionales propuestas por una serie de actores clave entre los que destaca el MP y la CICIG, revela la persistencia de una serie de prejuicios que obstaculizan el desarrollo de una sociedad democrática con una vida constitucional sólida. Estas concepciones alimentan la perspectiva de los sectores conservadores del país. Por ello, los análisis críticos de estas posiciones sirven alcanzar una comprensión plena de la razón de ser del pluralismo jurídico.

Una de estas posturas, expresada en el sitio de Internet del CACIF, rechaza el reconocimiento constitucional de este pluralismo argumentando que “no se pueden tener sistemas jurídicos paralelos ya que esto atenta contra la certeza jurídica y la igualdad ante la ley”. Subyace a este planteamiento una visión positivista que se ha quedado muy atrás de las reflexiones jurídicas contemporáneas, las cuales se ocupan de esclarecer las condiciones de un régimen constitucional en armonía con el paradigma contemporáneo de los derechos humanos.

Este rechazo al pluralismo jurídico se inscribe dentro de la defensa del Estado de derecho que privilegia el formalismo a costa de la sustancia moral. En efecto, si el derecho tiene algo que ver con la justicia, este no puede reducirse al cumplimiento de una ley cuyo signo moral es ignorado. Es sintomático, en este sentido, la forma en que se marginan los principios del derecho. Así, el CACIF sostiene que la equidad, el principio que rectifica la aplicación del derecho en el caso concreto, “llama a una aplicación subjetiva de la ley y en consecuencia genera confusión y atenta nuevamente contra la certeza”. Ignorar la importancia de la equidad en la práctica constitucional moderna, elimina contribuciones valiosas al derecho brindadas desde Aristóteles hasta Gustavo Zagrebelsy, pasando por Cicerón y Santo Tomás.

Es imperativo notar que las reflexiones sociológicas sobre el derecho han expuesto las profundas fallas del rudimentario positivismo que le da forma a las posturas conservadoras en nuestro país. Esta tarea sociológica, de naturaleza crítica, cuestiona la impresión de que el derecho es un sistema normativo que surge orgánicamente de un Estado creado por un texto constitucional que refleja un acuerdo fundacional legitimado por el reconocimiento de un catálogo de derechos fundamentales.

En este contexto, la historia del derecho muestra que la realidad jurídica es mucho más compleja. A los ojos del historiador del derecho se despliega un escenario histórico que relativiza el positivismo jurídico conservador. En este sentido, el ideal de un derecho homogéneo, formulado exhaustivamente desde el Estado, dotado de plenitud normativa, sin lagunas, solo es un mito que se confecciona por la burguesía cuando establece su hegemonía en la modernidad occidental. En esta dirección, el civilista italiano Paolo Grossi afirma que “el derecho no es y no puede ser la realidad simple y unilateral que pensaron nuestros antepasados del siglo XVIII”.

Por lo demás, desde una perspectiva funcional, debe reconocerse que el sistema de justicia único, que suelen defender los iuspositivistas nacionales, padece de grietas tan profundas, que lo hacen inoperante y, por tanto, incapaz de brindar la seguridad y la certeza jurídicas para el grueso de la sociedad. No es ocioso preguntarse qué seguridad jurídica garantiza un Estado ausente, cooptado por las mafias, trabado por la burocracia y la falta de recursos, y limitado por leyes hechas a la medida de los sectores más poderosos. ¿De qué seguridad jurídica gozan la mayoría de ciudadanos, quienes virtualmente no tienen protección frente a las decisiones de los grupos que manejan la política y la economía? Acercándose a Giorgio Agamben, no pueden negarse que un sector importante de la ciudadanía vive en un virtual estado de excepción en el que sus derechos son suspendidos y vulnerados.

Desde mi punto de vista, la racionalidad del pluralismo jurídico se evidencia a la luz de los referentes axiológicos del Estado constitucional de derecho. Parte de la tarea emancipadora del derecho consiste en hacer avanzar el verdadero significado de los compromisos morales que constituyen el corazón de los textos constitucionales contemporáneos. El pluralismo jurídico, correctamente entendido, abre perspectivas claras para encontrar nuevas formas de realizar las promesas constitucionales.

Desde esta perspectiva, se manifiesta la racionalidad profunda del derecho indígena, el cual plantea paradigmas jurídicos que aseguran el acceso a justicia en ámbitos en los que predominan visiones del mundo que se oponen al reduccionismo neoliberal que entusiasma a las élites económicas guatemaltecas. El pluralismo jurídico nunca estará exento de conflictos y problemas, pero abre vías de inclusión que ya no pueden ser aseguradas en medio de la catástrofe normativa del derecho vigente patrocinado por un Estado que está ausente en tantos lugares.

El pluralismo jurídico ensancha la imaginación política para encontrar formas más plenas de vida. Permite la movilización de nuevas formas de organización de la vida, que pueden ayudar a encontrar salidas, entre otras, a la crisis ecológica. El pluralismo jurídico es un paso necesario para aprender a vivir en una sociedad democrática que acepta, en principio, la tesis de que existen varias maneras de vivir la realidad y que la conjunción armónica de estas, es un paso necesario para alcanzar un futuro inclusivo.



  • Más