domingo 11 diciembre 2016
Domingo

Consulta Previa y referendo: dos derechos que tienen los indígenas frente a la reforma constitucional

Laura Castañeda
Sociedad de Plumas

fotoarte Jorge de León > El periódico

Guatemala cumplió 20 años de  haber  ratificado el Convenio 169 de la OIT. Como ya es de conocimiento público y notorio, el país cuenta con una ley de la República, el decreto del Congreso, el 9-96 que aprobó la incorporación del  Convenio 169 al ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, desde la publicación de esta ley, y como es común con otras leyes, el Estado no ha elaborado el reglamento específico para su aplicación operativa, lo que ha traído como consecuencia, que no se cuente con un mecanismo general, abstracto e impersonal que dicte cómo se debe llevar a cabo la consulta del Artículo 6 y 15 del Convenio.

Esta ausencia de reglamento ha favorecido la incorrecta, ilegal y errónea aplicación de la consulta previa promovida por algunas ONG y miembros de la sociedad civil que argumentan trabajar a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Estas iniciativas han limitado a SÍ o No un derecho que es mucho más amplio y que se desarrolla por medio del diálogo en busca de beneficios para los indígenas.

El relajo ha sido tal, que el Estado se ha pronunciado por medio de resoluciones  administrativas dando anuencia para la disposición de sus recursos naturales.  Sin embargo, después de varios años de que los proyectos de aprovechamiento de estos recursos han operado, han sido impugnados constitucionalmente por ONG representando a ancestrales que argumentan que, previo a que se otorgara la resolución administrativa para la realización del proyecto, la consulta no se cumplió. La respuesta de la instancia judicial constitucional, que es el mismo Estado resolviendo, ha dejado en suspenso sus propias decisiones o en el peor de los casos las ha revocado.

Vale la pena reflexionar que solo han sido impugnadas por falta de consulta previa resoluciones en donde hay una empresa privada y proyectos de gran inversión de por medio, ninguna obra, proyecto o actividad que el propio Estado haya llevado a cabo y que afecte directamente a los indígenas ha sido atacada de inconstitucional.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la reforma constitucional propuesta?  Pues mucho. Quienes han promovido que se modifique el Artículo 203 de la Constitución para que se reconozca en el sistema de justicia que las autoridades indígenas ancestrales ejerzan funciones de juzgadores de acuerdo con sus propias “instituciones, normas, procedimientos y costumbres” saben que, siendo consistentes con los derechos que ya tienen los indígenas, y de acuerdo con la obligación derivada del Artículo 6, literal a) del Convenio 169 los gobiernos deben consultar a los indígenas ”…cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente…” el subrayado es mío.

La palabra clave de este artículo es directamente. Para efectos logísticos de la hoja de ruta que la reforma constitucional debe seguir, es menester recordarle a los  promotores de la misma y a los diputados que la apoyan, que deben también cumplir con llevar a cabo el proceso de consulta del Convenio 169, previo al referendo general, y la reforma de este artículo, porque les afecta directamente a todos los indígenas. Sin este requisito previo, el referendo se tornaría inconstitucional y sujeto de impugnación por la misma razón que se ha impugnado reiteradamente las resoluciones administrativas sin consulta previa.

Hay que estar vigilantes, pues adicionalmente a los desafíos que plantea esta reforma por excluyente para el gremio de los abogados, asimétrica para los grupos étnicos del país y autoritaria desde su concepción, este artículo en específico tiene su propio reto y es que requiere de consulta previa, libre e informada.

La buena noticia puede ser que finalmente, y por la misma presión de quienes están liderando la reforma, se logre la promulgación del reglamento específico para la realización de la consulta previa, pues como
ya está expuesto, sin esta consulta el referendo y por consiguiente la reforma serian inconstitucionales.

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