Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Domingo

La depuración de elites

Análisis de Coyuntura

Fecha de publicación: 06-11-16
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico
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IPN-USAC

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos / www.ipn.usac.edu.gt

 

El ajuste del sistema político y económico resulta doloroso para varios de sus antiguos beneficiarios, ahora procesados penalmente, y crea incertidumbre en la mayoría. El ajuste consiste en alinear el conjunto de las operaciones que hacen la vida política y los negocios a un régimen de legalidad, sancionando el cohecho, la asociación ilícita, el blanqueo de activos, el financiamiento ilícito de elecciones, la simulación de licitaciones y cotizaciones, el tráfico de influencias, la evasión y elusión fiscal, entre otros. La incertidumbre se traduce, para muchos, en desaliento, pesimismo sobre el futuro y pérdida de incentivos.

La acción judicial opera hasta cierto punto como un escarmiento, es decir, castigando las faltas de individuos y recuperando activos para el Estado, a través de la “extinción de dominio”. Esa acción judicial va dando cuenta de diversas elites que formal o informalmente, ocasional o de manera permanente, hacían funcionar ese viejo sistema, sacándole provecho, por lo general, pecuniario. Son procesos penales ordinariamente prolongados y complejos; además son masivos, pues involucran a redes y estructuras extensas, en secuencia, en los que suelen repetirse nombres.

Hay al menos dos factores críticos asociados en ese proceso de ajuste del sistema. Uno es el tiempo. Los procesados y sus afines reclaman la transgresión de garantías procesales, como prestar primera declaración ante la autoridad judicial en un plazo que no debe exceder 30 horas a partir de su detención. Aunque la persecución penal no viola el espíritu constitucional garantista, ciertamente los centros penales quedaron saturados y los tribunales están desbordados, no solo en estos casos sino en las capturas masivas de pandilleros (algunas suman hasta el centenar de miembros), por tanto, los plazos han quedado materialmente vencidos.

La lógica garantista del ordenamiento jurídico (típico de las etapas posautoritarias en Latinoamérica) deja en manos de la defensa, a través del recurso del amparo, posponer diligencias, si le conviene (aunque en el pasado ha ocurrido también que discrecionalmente el juez o el tribunal programan con dilación las audiencias). En los casos recientes de mayor impacto, como La Línea y Cooptación del Estado, los procesos se dilatan, sea por su complejidad (número de implicados y delitos), sea por tácticas (ausencia de defensa de uno de los señalados en el momento de la audiencia, recusaciones, amparos).

Pero el factor crítico del tiempo judicial se asocia también al tiempo político. La correlación de fuerzas en los poderes del Estado no es ajena al ánimo, las percepciones y, por tanto, las estrategias de las elites judicializadas, concentradas en el centro de detención provisional en la base militar Mariscal Zavala. Tampoco a las entidades de persecución penal, el MP y la CICIG ni a Washington y sus representantes, los tres más relevantes “ajustadores” del sistema. Por eso la encendida controversia por la elección de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, aún más, la irresuelta elección de la Presidencia y Junta Directiva del Congreso de la República.

Durante las primeras batidas judiciales entre abril de 2015 y junio de 2016, los magistrados de la CSJ decidieron por unanimidad tramitar prácticamente todos los antejuicios de casos de alto impacto, y, cuando correspondió, también lo hizo el Congreso. Pero esa unanimidad forzada de los magistrados debida a la presión combinada de los “ajustadores” y de la opinión pública, comienza a debilitarse. La conducción del presidente del Congreso, Mario Taracena, que permitió en 2016 soldar o atajar en una serie de decretos fallas o fugas del sistema que quedaron de manifiesto en los procesos judiciales, también mostró síntomas de agotamiento del acuerdo forzado entre los bloques parlamentarios, cuando se abrió el debate sobre la elección de la próxima Directiva. (Es todavía una discusión abierta qué tanto del antivoto de Taracena obedece a su estilo o a su agenda.)

El Poder Ejecutivo es otra variable crítica de la ecuación. De cuño conservador, pero sin estrategia frente al ajuste o reforma del sistema, el gobierno de Jimmy Morales ha sido llevado hasta ahora bajo la presión de las fuerzas en contienda, los reformistas y los restauradores. Esa misma indefinición le ha resguardado de ser blanco de ataques frontales o complot, pero no oculta la ruina de la administración pública ni la parálisis general de los programas que le corresponden. Al no constituirse el Gobierno Central en un motor autónomo de políticas sociales ni concertaciones económicas que abran un escenario alternativo a la incertidumbre, pasa a ser parte de las incubadoras de una previsible crisis de gobernabilidad en el horizonte del próximo semestre. Está aún por verse el impacto político y personal que las anunciadas implicaciones judiciales de las familias de la Presidencia, tendrán en Morales y en su vicepresidente, Jafeth Cabrera.

En resumen, la dinámica judicial del ajuste del sistema prácticamente está descabezando las elites que han medrado de ese sistema. Estas eran mucho más extendidas de lo que cualquiera pudo haber anticipado, y pareciera que esperan involuntariamente turno en una fila indefinible de depuración. Sin liderazgos aún ni masa crítica visible en el Estado ni en la sociedad, sean estos reformistas o bien restauradores con audiencia, el proceso del “ajuste” sigue indetenible en la ruta de depuración de elites, sin una contraparte de dirección constructiva o de apertura de horizonte que les incentive en el corto plazo.

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