Martes 21 DE Mayo DE 2019
Domingo

El Estado colombiano y el reto de proteger a su antiguo enemigo

Los líderes de las FARC no tendrán fácil la vida política, por la impopularidad que siempre han tenido a nivel nacional.

Fecha de publicación: 25-09-16

DPA/AFP –El Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sellarán mañana el fin de un conflicto armado de 52 años en el país
sudamericano. Sin embargo, terminado el proceso de paz con las FARC, el Estado afrontará el reto de dar protección a sus antiguos enemigos, consciente de que un error en ese frente pondría en la cuerda floja los acuerdos que se negociaron desde 2012.

La principal preocupación es que alguno de los jefes de las FARC sea blanco de un ataque cuando los representantes del grupo empiecen a actuar en la actividad política legal.

El abogado Eduardo Montealegre, que hasta hace poco fue fiscal general, considera que uno de los grandes problemas del posconflicto puede ser una “guerra sucia” de sectores de extrema derecha.

Y los temores de Montealegre tienen serios antecedentes: en los años ochenta y noventa un partido político de izquierda, la Unión Patriótica (UP), prácticamente fue aniquilado por ataques de grupos paramilitares que no aceptaron los primeros acercamientos entre el Estado y las FARC.

El primer proceso de paz con las FARC fue encabezado por el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). El diálogo avanzó hasta una tregua bilateral y la conformación de un partido político, la UP, en el cual tenían representación los desmovilizados de las FARC.

Pero las negociaciones se rompieron por acusaciones mutuas de incumplimiento de la tregua y por los ataques paramilitares contra la UP, que en poco tiempo perdió asesinados a cerca de
5 mil miembros, entre ellos dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales y 11 alcaldes.

Uno de los dirigentes de la UP que llegó entonces al Congreso fue Luciano Marín, quien en medio del exterminio de su partido volvió a la clandestinidad bajo el alias de Iván Márquez y en el actual proceso de paz fue el jefe del equipo negociador de las FARC.

El presidente Juan Manuel Santos asegura que eso no ocurrirá esta vez porque el país ha cambiado y hay más tolerancia. “La posibilidad de que eso se repita es prácticamente nula. No somos inmunes a algún evento que pueda perturbar el desarrollo normal, pero la capacidad del Estado hoy y el ambiente en general alrededor de este proceso es muy diferente al que teníamos en el momento en que sucedió lo de la Unión Patriótica”, dice Santos.

Los miembros armados de las FARC, entre 7 mil y 8 mil, se concentrarán tras la firma de la paz en 27 sectores específicos durante máximo medio año, tiempo durante el cual prepararán su reincorporación a la vida legal y entregarán las armas, bajo supervisión de las Naciones Unidas.

En esos lugares serán protegidos por unos 12 mil militares y policías. Cuando esas zonas dejen de funcionar, los jefes de las FARC dispondrán de esquemas especiales de seguridad.

A pesar del mal recuerdo que dejó el caso de la UP, el Estado colombiano tiene una amplia experiencia en procesos de reincorporación de grupos armados a la vida legal.

Desde comienzos de los años noventa hasta ahora, ya son cerca de 58 mil exintegrantes de estos grupos, tanto guerrilleros como paramilitares, los que han entregado sus armas.

Apenas un puñado de jefes de esos grupos siguen vigentes en la vida pública, mientras que de la inmensa mayoría se desconoce el camino que tomaron.

Uno de los procesos de paz más exitoso fue el que protagonizaron el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) y el Movimiento 19 de Abril (M-19), a pesar de que pocas semanas después de la firma del acuerdo final fue asesinado Carlos Pizarro, cuando era el candidato presidencial de ese grupo.

En 1991, el M-19 obtuvo 19 de los 70 escaños de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la actual Constitución, lo que en su momento fue catalogado como un impactante triunfo en unas elecciones de un grupo que acababa de dejar las armas.

El M-19 alcanzó a tener cierta simpatía en las clases populares, a diferencia de lo que históricamente ha ocurrido con las FARC. Para el catedrático de ciencias políticas de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo, los jefes de las FARC no tendrán una tarea fácil en la vida política por la impopularidad que siempre han tenido a nivel nacional.

Según anunció la guerrilla, tras la firma de la paz su líder seguirá siendo Timoleón Jiménez, Timochenko, quien impulsó la paz y ahora deberá construirla y guiar a la organización comunista hacia la política legal.

46 meses
de diálogos entre el Gobierno colombiano y la guerrilla, para llegar al acuerdo final de paz.

¿Qué viene para las FARC?


Tatiana Rodríguez / DPA

Tras la firma de la paz, las FARC deberán iniciar bajo la supervisión de las Naciones Unidas, un proceso de desarme y reinserción a la vida civil, según lo acordado con el Gobierno en el marco de los diálogos de paz que duraron casi cuatro años en Cuba.

Tras la firma del acuerdo, comenzarán como primer paso su concentración en las zonas rurales establecidas por las partes, en donde además prestarán vigilancia y protección unos
12 mil miembros de las Fuerzas Militares. Después iniciarán la implementación del protocolo de desarme establecido.

Las armas que las FARC entreguen será destinada para la construcción de tres monumentos y se desarrollará en dos tiempos denominados “control de armamento y dejación de armas”.

Las partes acordaron dar atención a los derechos en salud y educación, la entrega mensual y transitoria de dinero (unos US$213) para la estabilización económica, entre otros. Además, el Gobierno entregará a cada reinsertado unos US$684 para que invierta en lo que desee y por una sola vez  unos
US$2 mil 700  como “capital semilla” para quienes tengan proyectos de emprendimiento.

Por otra parte, el partido político que creen las FARC será reconocido cuando finalice exitosamente el proceso de entrega de armas y se cumpla con los requisitos que exige la ley para la creación de un partido, con excepción de la exigencia de obtener el tres por ciento de los votos depositados en las elecciones parlamentarias.

El Gobierno dejó claro en insistir en que las curules de las FARC no serán asignadas “a dedo”. Por el contrario, el partido político que surja deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurarse así una representación mínima en el Congreso.