Miércoles 20 DE Marzo DE 2019
Domingo

La vida política, los regímenes democráticos y los conflictos

Edelberto Torres-Rivas

Fecha de publicación: 11-09-16
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico
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La democracia, cojeando, camina valiéndose de sus más importantes herramientas, la ley y las instituciones que rigen la vida política.

La transición desde los gobiernos militar ilegales al régimen civil democrático empezó mal, pues toda transición necesita un Estado fuerte en recursos de Gobierno para implantar su programa desplegando la autoridad frente a todos los actores, ganadores o no. Pero el Estado que viene de la guerra y continúa en ella no fue un poder civil fuerte, ni suficientemente legítimo; las elites empresariales en alianzas con sectores conservadores y facciones militares y políticas crearon una red que simbólicamente estableció una suerte de modelo-límite que señaló la marcha de los regímenes civiles.

Cerezo tuvo que compartir la dirección del Gobierno con la alta oficialidad del Ejército; y debió renunciar a aplicar su anunciado programa social –el déficit social– porque la elite empresarial se opuso tercamente a aceptar una reforma fiscal. Hubo en este tramo dos crisis políticas que probaron menos la fuerza de los intentos ilegales que el vigor de la institucionalidad democrática, fueron conspiraciones militares, con complicidad de la derecha empresarial la primera. El Estado democrático se debilitó con el primer Gobierno civil.

En 1996 la derecha burguesa eligió a Álvaro Arzú, ejemplar modélico de la aristocracia colonial que apoyó extrañamente las negociaciones que culminaron con la firma de la paz, pero al mismo tiempo fue fiel ejecutor de los Acuerdos de Washington y a tono con su perfil neoliberal privatizó el sistema eléctrico y telefónico, otros activos importantes, desmanteló los servicios agrícolas de ayuda campesina, aplicó medidas para privatizar la educación y los programas de salud.

Al jibarizar el Estado debilitó las funciones de seguridad que se hicieron urgentes frente al acoso del crimen organizado. Y las instituciones estatales –la Policía, el poder Judicial– que no pudieron aprovechar los importantes recursos del exterior para modernizarse. Desde entonces el Estado está perdiendo la batalla por la justicia legal y la seguridad/impunidad que son dotes de la democracia.

El Estado guatemalteco es débil como resumen de todos los aspectos anteriores porque no satisface de manera razonable sus funciones básicas (orden, cohesión, seguridad, bienestar) y paralelamente cuando no alcanza su plena integración institucional (legitimidad, eficacia burocrática, recursos fiscales, autonomía, transparencia). Y como lo demuestra su presencia operativa, es débil porque no ejerce su autoridad en lo “horizontal”, es decir en toda la geografía física nacional, del centro a la periferia; o a través, verticalmente, de toda la estructura social.

La política la asumimos como una actividad colectiva que practican los miembros de la comunidad, entre otros motivos con la finalidad de defender intereses. La premisa es que la política es la existencia de conflictos sociales frente al Estado y que en el interior de la comunidad hay normas para regularlos. La centralidad de la política, como mecanismo de solución de problemas complejos y resolución de conflictos, es más bien propia de mentalidades democráticas.

Las manifestaciones públicas son luchas por la democracia. La participación del ciudadano de forma múltiple fortalece el jardín de la democracia, ahuyentan al lobo, en este caso las fuerzas siniestras del poder. Desfilar por las avenidas, día y noche, con la libertad de moverse al gusto y de gritar lo que se quiere, encierra una formidable seguridad personal, un poder subversivo en el sentido de alterar el orden que es desorden. ¿Será este el final del periodo posconflicto, el de los gritos en el vacío? ¿Aprovechará la ciudadanía la oportunidad para la democracia callejera?

San Pedro las Huertas

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