Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Domingo

El desafío del Gobierno Abierto

Jorge Gabriel Jiménez
Sociedad de Plumas

Fecha de publicación: 11-09-16
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico
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La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto define este como “el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuyen […] al buen Gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, […] incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones”. Básicamente es una forma de reinventar la gestión pública al fortalecer la relación entre el Gobierno y la ciudadanía. Desde el año 2012, el Estado de Guatemala es miembro de la Alianza por el Gobierno Abierto –AGA–, iniciativa multilateral que tiene como objetivo asegurar que los países miembros se comprometan a que sus gobiernos promuevan la transparencia, empoderen a los ciudadanos, luchen contra la corrupción y utilicen las nuevas tecnologías para innovar la forma de gobernar.

También en referencia al Gobierno Abierto, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo –CLAD– indica que este “lleva en su base un cambio cultural, una nueva forma de gobernar ‘por, para y con’ la ciudadanía”. En Guatemala se ha demostrado que el sector público cuenta con pocos recursos, poco control y poca capacidad para dar continuidad a sus políticas públicas. En este contexto, el Gobierno Abierto se plantea como una herramienta innovadora para mejorar la gestión pública y combatir la corrupción. Recientemente fue presentado el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, el cual contiene compromisos transformadores que únicamente podrán ser una realidad si los poderes del Estado les dan el debido seguimiento.

El Tercer Plan de Acción Nacional para el período 2016-2018 –presentado al mismo momento que la reforma fiscal– es producto de un proceso colaborativo entre los distintos actores de Gobierno, organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía. Por primera vez, Guatemala cumple con la metodología de cocreación de los compromisos de Gobierno Abierto, lo cual constituye un progreso importante con respecto a los primeros Planes Nacionales de 2012 y 2014. De los 88 compromisos propuestos por entidades gubernamentales y sociedad civil fueron aprobados 22 y se le dio prioridad a los enfocados en transparencia fiscal, innovación tecnológica, acceso a la información y participación ciudadana. También es un avance que los compromisos incluyan a las municipalidades y al Congreso de la República. El gran ausente es el Poder Judicial, el cual aún no se suma como entidad gubernamental en la promoción de un Estado abierto.

El Gobierno Abierto, como cualquier otra política pública en Guatemala, se enfrenta a los desafíos que, de acuerdo a estudios de diversas entidades, han limitado la continuidad de estas: insuficiente cantidad y calidad de recursos humanos, falta de coordinación y articulación institucional y la incapacidad de ejecución presupuestaria. En el mismo sentido, una de las recomendaciones más relevantes del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación y retos del Gobierno Abierto en Guatemala es dotar de una institucionalidad que, con liderazgo y autoridad, le dé seguimiento a los compromisos acordados. La anterior recomendación nace del hecho que, actualmente, Guatemala únicamente cuenta con un punto de contacto con la AGA y carece de la institucionalidad con la que antes contaba, desde la Vicepresidencia de la República, con la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret). El Instituto de Fomento Municipal (Infom) –que le ha dado seguimiento al tema de Gobierno Abierto durante la gestión de Jimmy Morales–, aunque con la mejor voluntad, no cuenta con el mandato ni la autoridad gubernamental para poder darle seguimiento a todos los compromisos que el Estado de Guatemala se ha propuesto de forma innovadora.

Guatemala, de nuevo, demuestra la capacidad en la formulación de una política pública en pro de la ciudadanía. El nuevo plan de Gobierno Abierto constituye un ejemplo de creación colaborativa de objetivos entre la ciudadanía y el Gobierno. Sin embargo, sin una institucionalidad que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros y con la autoridad política que le dé seguimiento al Plan de Acción Nacional, el esfuerzo dormirá el sueño de los justos.

 

*Abogado y notario. Cofundador de Congreso Transparente y líder público de Creative Commons.


 

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