Miércoles 26 DE Septiembre DE 2018
Domingo

La necesidad de replantearse el rumbo político de Guatemala

Jorge Mario Rodríguez Martínez

Fecha de publicación: 04-09-16
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico
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Ahora que la ciudadanía parece estar presa de la confusión y de la carencia de objetivos concretos, es conveniente recordar la frase del filósofo español Reyes Mate, en La piedra desechada, según la cual “nos tomamos en serio la vida cuando el tiempo tiene un plazo”. Hace apenas un año nos embargaba la euforia del cambio; en la plaza, una ola espontánea de optimismo marcaba el fin de una época en la historia nacional. La corrupción política estaba llegando a su fin; en cuestión de semanas se hacía posible la erradicación de ese mal estructural de la sociedad guatemalteca. Sin embargo, un año después, el proceso se ha dificultado y nos percatamos que, pese a las buenas intenciones, los plazos que le dan sentido a la vida política no han sido establecidos por las fuerzas progresivas de nuestra sociedad.

A esta altura de nuestra experiencia política, ya se hace evidente que la lucha contra la corrupción es incapaz de proveer el sustento ideológico para un nuevo proyecto de país. Una nación puede ser perfectamente transparente, sin que ello brinde un modelo para afrontar las crisis que se evidencian en la vida cotidiana de una ciudadanía sin empleo, sin seguridad, sin posibilidades de una educación digna, carente de acceso a un sistema de salud aceptable.

Desde mi perspectiva, la falta de un proyecto de país hace que la lucha contra la corrupción se esté convirtiendo en un factor que contribuye a la trágica desintegración del Estado. Más de 30 años de inducida ignorancia neoliberal han llevado a demonizar la organización de la vida en común; por esta razón, los sectores empresariales que están en el gobierno no pueden ofrecer una adecuada hoja de ruta. En una época que demanda cambios profundos, no puede colocarse al frente de las instituciones gubernamentales importantes a funcionarios empeñados en preservar los privilegios tradicionales de poderosos sectores empresariales. El solo hecho de que se estén reactivando los mecanismos de control y represión por parte de grupos militares incrustados en el gobierno constituye un testimonio de la magnitud del retroceso que experimentamos como sociedad.

En este sentido, debe señalarse una y otra vez cómo la lucha por la transparencia ha generado un sentido de desconfianza hacia lo público. Este sentimiento refuerza el reconocido problema de la apoliticidad ciudadana en las sociedades contemporáneas, un fenómeno que no ha podido ser extirpado totalmente por el activismo en las redes. Esta desconfianza se aúna a la penetración de los valores capitalistas en la subjetividad del ciudadano medio. De este modo, la iniciativa política colectiva se desintegra debido a factores como la mercantilización de la religión, la industria de la autoayuda y la visión del sujeto como empresario de sí mismo. Estas estrategias individualizadoras eclipsan la conciencia de que las estructuras sociales solo se transforman a través de la lucha política organizada.

Así, paradójicamente, el llamado a la transparencia puede ayudar al agravamiento del formalismo, la arbitrariedad y ese patrimonialismo en “instituciones habitadas” estatales, en las que las aberraciones son las norma y no la excepción. Este fenómeno, a su vez, debilita los servicios públicos; la desconfianza exacerbada se refleja desde el miedo a involucrarse en funciones burocráticas hasta en la actitud funesta de funcionarios mediocres que exhiben su micro poder en sus pequeños feudos. Los salarios no se pagan, las medicinas no se compran, los vehículos públicos tienen sus tanques vacíos, los trámites absurdos se multiplican. Los juzgados carecen incluso de papel para realizar sus importantes funciones, mientras que pacientes fallecen por la falta de los más elementales insumos médicos.

Estos acontecimientos se desarrollan paralelamente y nos conducen a la debacle, sobre todo, por el ascenso de un gobierno sin un programa definido, que no ha sido capaz de articular una visión de país ni de dar una respuesta colectiva a los desafíos críticos cuyos plazos se acercan de manera inexorable. Un genuino cambio social y político supone ideas capaces de modular visiones ampliamente compartidas. Recordemos que la década democrática guatemalteca no hubiese fructificado sin la clarividencia política de Juan José Arévalo, quien, sintiendo el palpitar del tiempo político, introdujo las reformas políticas más fructíferas de las que nuestra sociedad tenga memoria.

Lamentablemente, la cercanía del evento electoral sirvió de puente de oro para que los sectores que se benefician del statu quo pudiesen ahogar la efervescencia social. De este modo, el hartazgo ciudadano con la partidocracia abrió el camino a un gobierno carente de liderazgo y guiado por un conjunto de ideas que no se podían alinear con el espíritu de cambio que animaba las protestas multitudinarias.

Una de las tareas colectivas más urgentes es no permitir el colapso del Estado; un aparato estatal derrumbado permitirá la consolidación de nuevas estructuras de corrupción, cuando el actual auge de la lucha contra esta se atenúe. La ciudadanía debe marcar plazos para que el ejercicio gubernamental se realice en función de objetivos que recojan sus aspiraciones profundas. Nada afectará tanto a la sociedad guatemalteca como la falta de un aparato institucional que pueda guiar a nuestra sociedad durante los próximos años.

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