Viernes 19 DE Julio DE 2019
Domingo

El IGSS, expresión del constitucionalismo social

Jorge Mario Rodríguez Martínez

Fecha de publicación: 21-08-16

La arquitectura institucional de un país suele reflejar las corrientes sociales y políticas que operan en sus momentos fundacionales y las grandes coyunturas de su historia. Esta historia, en la que no faltan trasplantes y recreaciones, condiciona y a la vez enmarca una cierta manera de organizar la vida en común, la cual cambia de nación a nación. La racionalidad burocrática alemana y el constitucionalismo estadounidense, para dar dos ejemplos, reflejan las fuerzas sociales y políticas que esculpieron sus respectivas sociedades.

Ahora bien, la atención a las circunstancias de nuestra vida institucional puede ayudar a comprender el por qué el IGSS no debe desmantelarse y, por el contrario, debe recrearse para fortalecer los anhelos que fueron atendidos al momento de su fundación. En los tiempos de crisis, las tradiciones que vertebran un país pueden ofrecer pautas para encontrar los caminos que una sociedad debe seguir para encontrar solución a los problemas más urgentes.

El IGSS es una expresión del constitucionalismo social, el cual se fue consolidando dentro del humanismo cristiano cuyo origen se remonta a los primeros momentos de la Colonia. Los senderos abiertos por los primeros pensadores americanos permitieron la crítica de la sociedad que se encontraba entonces en los momentos traumáticos de su nacimiento. Muchos de ellos, destacados representantes del humanismo español previo al Concilio de Trento, generaron una sensibilidad social cuyo influjo se evidencia con el paso de los siglos. Este acercamiento a la realidad latinoamericana se hace presente en el constitucionalismo social, el cual se cristaliza en la Constitución mexicana de Querétaro en 1917.

El destacado jurista Jorge Mario García Laguardia ha demostrado cómo el constitucionalismo social mexicano, previo al de la Constitución alemana de Weimar (1919), influye en la comunidad de países iberoamericanos. En el caso de Guatemala, este legado se consolida en la utópica Constitución Política de la República Federal de Centroamérica (1921), la cual nunca estuvo vigente, y en la reforma de la vieja constitución liberal que desapareció hasta el advenimiento de la Constitución de 1945.

Si se sigue el hilo de estas corrientes históricas, resulta claro que el IGSS responde a una sentida preocupación por dignificar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. De hecho, Juan José Arévalo, bajo cuyo mandato se fundó esta institución, consideraba que la democracia es una voluntad colectiva de dignidad.

Por esta razón, el IGSS, en tanto cristalización de la sensibilidad social latinoamericana, no puede descartarse como una simple expresión de la supuesta mentalidad colectivista que los neoliberales ven por doquier. Si vamos a abandonar a todo lo que ha fallado, se tiene que renunciar a perseguir esa quimera que se llama “libre mercado”, el cual no existe, pero ofrece justificación para la distorsión ideológica del Estado.

No se debe olvidar, en este sentido, que la corrupción no es un atributo exclusivo del sector público, como ha quedado claro para la vibrante ciudadanía. Si la falta de buen servicio fuese la consideración fundamental, debería privatizarse todo el Estado —posibilidad que, hay que reconocerlo, sería la utopía de los dogmáticos del “libre mercado” en Guatemala.

El IGSS, pues, no puede juzgarse a partir de los criterios liberales que reducen cualquier problema a una cuestión de elección en un contexto de libre mercado.  Simplemente, la dignidad no tiene precio y, en virtud de los desequilibrios sociales congénitos de nuestros países, la lucha por buscar las condiciones básicas de ciudadanía no puede someterse a la lógica que opera en un supermercado. Esta institución, junto con el sistema de salud nacional, debe fortalecerse para asegurar algún género de bienestar a nuestra población vulnerable.

El Estado debe recrearse de manera tal que pueda asegurar las condiciones mínimas de ciudadanía —salud, educación, vivienda. En este sentido, parece haber una contradicción cuando se aduce, por un lado, que debe haber criterios morales para la política, pero que las instituciones públicas deben regirse por otras consideraciones. La crisis contemporánea no consiste solo en la falta de ética en la política, sino también en otras áreas importantes como la economía y el derecho.

La ética atraviesa la praxis humana y, como tal, hace su aparición en los diferentes contextos de la acción humana. No es que la economía, la ciencia o el derecho sean idénticos a la moral; más bien, todas las actividades humanas poseen dimensiones éticas ineludibles. Igualmente, el corazón no es idéntico a un pulmón, pero resulta obvio que la misma naturaleza de cualquiera de esos dos órganos, mantiene una referencia intrínseca al otro.

La pregunta debe ser obvia: ¿Por qué desechar los logros institucionales que expresan nuestras experiencias históricas? Si se necesitan referentes para la reforma o refundación del Estado, no se puede ignorar los logros políticos de la sociedad guatemalteca y acudir a un paradigma que, como el neoliberalismo contemporáneo, solo encuentra lugar en los arsenales conceptuales de un sector influyente que parece incapaz de concebir el bien común.

Es imperativo luchar por preservar y ahondar el legado de los guatemaltecos que se han esforzado por la dignificación de nuestro país. Olvidar nuestros pasados esfuerzos solo contribuirá a la creencia falsa de que no hay alternativas al libre mercado.