Martes 20 DE Noviembre DE 2018
Domingo

El terror como estrategia de defensa

Cuando Iván Velásquez al frente de la CICIG se propuso investigar las estructuras más fuertes de corrupción dentro y fuera del Estado, los grupos atacados con descubrimientos sobre sus anomalías conjugaron una alianza para formar una superestructura que ahora combate a la Comisión, a la fiscal general, Thelma Aldana, a otros operadores de justicia y a distintos activistas de derechos humanos. Lo hace por medio de una estrategia de guerra surgida a principios del siglo pasado y que se utilizó en el conflicto armado interno para confundir a la población: las operaciones psicológicas.

Fecha de publicación: 14-08-16
El general Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti habrian sido los cabecillas de una estructura que coopto y saqueo el Estado durante su gobierno con el Partido Patriota.
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Pavel Gerardo Vega • pvega@elperiodico.com.gt – Cuando el 16 de abril de 2015 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) propinó un sablazo al gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, nadie esperaba que el mismo presidente cayera cuatro meses y medio después, apuntado como el gran jefe de una estructura criminal que se dedicó a favorecer a importadores en las aduanas, a cambio de sobornos para él y para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, una red denominada La Línea. Sin embargo, el impacto que generaría la derrota de la administración del Partido Patriota (PP), el 3 de septiembre de ese mismo año, no se comparaba con lo que al año siguiente sucedería: la revelación de una mega red que desde el Gobierno Central se dedicó a saquear el Estado, a cooptarlo, según las investigaciones.

Aunque, esta develación que sacudió las grandes estructuras de poder el 2 de junio de 2016 fue la ola cumbre de un gran tsunami que comenzó, al menos durante este año, el 6 de enero con la captura de 18 militares asociados con delitos contra los derechos humanos acontecidos durante el conflicto armado interno, entre ellos Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas y Callejas, ambos personajes poderosos y admirados dentro del Ejército. A Lucas se le atribuyen las estrategias contrainsurgentes que terminaron con la vida de miles de personas durante la época más cruenta del conflicto armado. A Callejas se le considera como el máximo líder de una de las primeras estructuras paralelas que salió desde el Ejército para controlar los negocios en las aduanas y los puertos, el contrabando y el narcotráfico, La Cofradía.

Ese día también se capturó a César Augusto Cabrera Mejía, quien estaba enlistado para ser el ministro de Gobernación de Jimmy Morales, y se solicitó el retiro de inmunidad para el entonces diputado electo Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien tomó posesión el 14 de enero a bordo de la bancada oficialista del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), uno de los operadores y más cercanos asesores del Presidente.

Fue uno de los golpes más contundentes contra los militares involucrados en violaciones a derechos humanos luego del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt en 2013. Una reactivación de las fuerzas militares de alta y de baja que vieron en el Ministerio Público (MP) y la CICIG a un enemigo que busca aclarar la verdad de los hechos de la guerra interna.

Luego, el 12 de febrero una de las corporaciones más importantes del país, Aceros de Guatemala, S.A., fue el blanco de las investigaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en conjunto con el MP y la CICIG. Se le señaló de haber sobornado a directivos de la entidad recaudadora de impuestos para eliminar un adeudo de Q255 millones. En los últimos meses también se han presentado casos de evasión fiscal de Farmacias Galeno, BigCola, Deocsa-Deorsa y el Hotel Camino Real, entre otros, que han aumentado la recaudación tributaria poco más de Q1.5 millardos. La marea contra la impunidad y la corrupción llegaba entonces a orillas de grandes empresarios que hicieron sonar las alertas de auxilio, otra vez el enemigo es el MP y la CICIG, y se sumó la SAT.

Pero, el 2 de junio, las olas gigantes cargadas de órdenes de aprehensión ahogaron cualquier estabilidad que hubiera sostenido a los implicados en el financiamiento, sobornos y lavado de dinero del PP. La CICIG y el MP presentaron una investigación que salió de deshilar la madeja del caso La Línea, más de 70 sindicados entre exfuncionarios de ese gobierno, financistas, testaferros, empresarios y banqueros.

Una amalgama entre cuatro bloques que han ostentando el poder del país a través de la historia confluyen ahora en diversos procesos judiciales, un mismo cañón cargado con señalamientos de violaciones a derechos humanos, corrupción, evasión y lavado de dinero los arrincona, los une, los enoja.

Y desde el enojo mutuo, la estrategia es atacar al enemigo mutuo.

La psicología del terror

Desde aquel 2 de junio, la fiscal general, Thelma Aldana, y el titular de la CICIG, Iván Velásquez, han sido blanco de ataques mediáticos disparados, la mayoría, desde los noticieros de los canales 3, 7 y 13 y Radio Sonora, propiedad de Ángel González, cuya esposa y representante legal de estas empresas, Alba Lorenzana, tiene orden de captura internacional por haber pagado Q17 millones al PP antes de que tomara posesión en el gobierno y durante la administración, haber recibido más de Q200 millones.

Desde esas plataformas se han dedicado notas periodísticas, columnas de opinión y reportajes noticiosos para perjudicar la imagen de Aldana y generar un rechazo a la CICIG y a los procesos que se llevan contra los dueños o amigos de estos medios, así como a los exfuncionarios del PP.

El brazo mediático y propagandístico del Ejército para combatir la lucha contra la impunidad es la Fundación contra el Terrorismo, presidida por Ricardo Méndez Ruiz y fundada desde la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). Su activación se dio en el juicio por genocidio en 2013, pero se reinstauró en enero con la captura de los militares.

Desde esa trinchera se ha vociferado intensamente contra la CICIG, el MP y la embajada de Estados Unidos, pues se le atribuye a esta última ser la organizadora de esta estrategia contra la impunidad y contra la corrupción. Méndez Ruiz utiliza su columna en el diario Siglo 21 para atacar constantemente a estos personajes y entidades. Además, la tecnología de 2016 ha volcado una estrategia de ataque a las redes sociales. Desde perfiles falsos, se han generado memes, mensajes contra las investigaciones, contra el juez que lleva el caso, Miguel Ángel Gálvez, y han involucrado también a personajes de la sociedad civil para enmarcar toda la estrategia contra la corrupción como una estrategia comunista, un discurso del conflicto armado interno.

En los manuales operativos de guerra se han destacado las operaciones psicológicas, el chileno Cristián Araos, experto en psicología forense conductual, define estas operaciones como “intervenciones comunicacionales estratégicas de tipo propagandísticas, cuyo objeto central es el control y manipulación de la información, para así controlar también la percepción que hace de la realidad la masa o ciudadanía en general”.

Surgen, explicó el experto, en periodos de crisis bélica y sus primeras manifestaciones de índole militar datan en EE. UU. de antes de la Segunda Guerra Mundial, y se depuran con un carácter más científico, logrando su apogeo con el ministro de Propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, con sus 11 principios de propaganda Nazi o “el Decálogo de Goebbels”.

Y ese decálogo responde básicamente a los siguientes principios y que puede identificarse en las acciones de las campañas en la lucha contra la impunidad en Guatemala: reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo, responder el ataque con el ataque (“si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”), convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave; la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto (“una mentira repetida se convierte en verdad”), callar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario con la ayuda de medios de comunicación afines.

Una de las primeras campañas propagandísticas del presidente Jimmy Morales fue la utilización de un discurso nacionalista. Durante los primeros meses de su gobierno afirmó que existía en Guatemala una operación intervencionista y apuntó al embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, como el actor principal en esta estrategia. También lanzó una ofensiva mediática contra el cuerpo diplomático, incluidos la representante entonces de Naciones Unidas Valérie Julliand y Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además, ha resaltado la función del Ejército y su relación con la sociedad. Justo como lo establece el Plan de Campaña Firmeza 83 en el apartado de Operaciones Psicológicas, en donde se describen las capacidades del enemigo como “aislamiento del gobierno por medio de acciones político-ideológicas en el campo internacional, debilitamiento progresivo del país por medio de la destrucción sistemática de las fuerzas económico- productivas”.

Al tiempo que recomienda fortalecer la imagen del Ejército mediante el acercamiento de los efectivos con la población y reforzar por los medios propagandísticos del Estado la idea de “guatemalidad” en contra de las influencias extranjeras.

“De lo que ha estado sucediendo hay un predominio de aspectos militares y tiene que ver con estrategias que se usaron en la época del conflicto. Son tácticas de desinformación, miedo para tener a la gente bajo control y descrédito de las figuras enemigas”, explicó Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack.

Por medio de los medios de Ángel González se han publicado notas contra todo aquel que atente contra las dinámicas ya establecidas, como el propio presidente del Congreso, Mario Taracena, quien le ganó la batalla política al diputado Luis Rabbé al quedarse con ese cargo y fomentar una campaña contra la opacidad en el Organismo Legislativo. Rabbé es parte de la dirección de esos medios y cuñado de González.

Pero, no solo la campaña mediática ha sido un programa para intimidar y desacreditar a los “enemigos”, la siguiente manifestación de la operación psicológica fue amenazar de muerte al juez Gálvez en mayo, quien se ha encargado de ligar a proceso a la mayoría de sindicados de corrupción y otros delitos desde el año pasado cuando se dio la convulsión política generada desde el destape de La Línea.

El 20 de junio, la organización de derechos humanos, Impunity Watch, que lleva el caso de la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen en donde están sindicados Lucas García y Callejas y Callejas.

Y la estrategia iba en escalada, pocos días después del allanamiento en la organización, la Fiscal General admitió que existía un plan para acabar con su vida. Es por eso que salió del país hacia EE. UU. por tres semanas y reapareció el 18 de julio. Ese mismo día, el reo considerado como el más poderoso del Sistema Penitenciario, el militar condenado por participar en el asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998, Byron Lima, es asesinado dentro del penal.

“El asesinato de Byron Lima tiene las características de una operación de inteligencia. No es un hecho aislado, es parte de una estrategia. Puede ser un caso de contingencia al verse descubiertos en el plan contra la Fiscal, porque Lima se estaba convirtiendo en un problema por tener información privilegiada”, señaló Mack.

Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, coincide con esta hipótesis, pues la desinformación durante la cobertura mediática y la investigación penal del hecho criminal ese día fue una norma. “Los autores de este hecho son de otro tipo de estructura, ni siquiera la de Otto Pérez. La investigación del MP nos dice que fue una ejecución directa, puede ser que esto se haya hecho con un comando que haya ingresado y se haya retirado inmediatamente, podría ser un poder más grande”, propone.

“Todo hace parte de un contexto que encuentra la posibilidad de confluencia, hasta cierto punto es replicar las estrategias contrainsurgentes de finales de los setenta y principios de los ochenta”, dice Hernández.

Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos, asegura que es evidente que esas prácticas de guerra que se utilizaron durante el conflicto armado se siguen utilizando. “Se ve que están bien articulados, la táctica es que repiten una mentira muchas veces, sacan pancartas, toman fotografías, acosan, es una guerra psicológica que es lo que saben hacer”, afirma el Procurador.

Los cuatro bloques de poder

Según Araos, las operaciones psicológicas negras tienen por objeto suplantar la realidad que se quiere ocultar por otra de carácter artificial, muchas veces financiada por agentes del Estado, instituciones, partidos políticos, grupos paramilitares, terroristas, grandes corporaciones o grupos económicos e inclusive por el narcotráfico.

Una afirmación que el investigador social Héctor Rosada comparte, y describe que en Guatemala se establecen cuatro bloques de poder y los cuatro confluyen en el caso de Cooptación del Estado.

El primero es el bloque de capital conservador y se constituye por los más antiguos terratenientes. “Ellos dentro de la visión de finqueros comenzaron una relación con el Ejército para proteger sus bienes”. Como segundo bloque existen los hijos de estos terratenientes, quienes entienden el mundo desde otra perspectiva mediante la globalización al que Rosada llama del capital corporativo trasnacional.

Paralelamente, surge el tercer bloque que es el emergente que se genera desde más o menos en los años setenta con Carlos Arana Osorio, cuando el paso por el gobierno le permite al Ejército convertirse en millonarios, pero hay también muchos civiles que se conjugan con los militares, la corrupción y la impunidad. “Este grupo no se apega a las reglas de los bloques anteriores, pero los tres se ven en la misma audiencia judicial en junio de 2016”, destaca.

Y el último bloque de capital, Rosada lo nombra como el capital mafia que tiene como centro la narcoactividad en todas sus funciones, y el lavado de dinero, “en esta última actividad es donde confluyen los cuatro bloques de poder.

“Existe una alianza entre lo militar, lo político y lo económico. Ahora que ha ido subiendo en escalada están defendiendo la corrupción”, considera Mack.

Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, concluye que “estamos asistiendo al quiebre total de un modelo de Estado que se refleja en los partidos políticos. Por eso la agonía de este modelo no se deja morir. El sistema se está autodepurando. Estamos viendo cómo cae el empresariado tradicional que compra a los partidos para utilizarlos en beneficio personal y luego van al Congreso y se recetan las leyes acorde a sus intereses”, dice De León.

El grupo juvenil formado a partir de las movilizaciones de la crisis política del año pasado, Justicia Ya, también apunta que hay varios poderes afectados que intentan defenderse. “La corrupción involucra a algunos entes privados que se han beneficiado de tantos negocios ilegales y le han apostado a la impunidad que en estos momentos se ven amenazados por las investigaciones”, declaró Álvaro Montenegro, líder de la organización.

La incertidumbre

Dados los alcances que ha tenido esta estrategia de desinformación y la campaña de descrédito contra figuras públicas, culminando con el asesinato de Byron Lima, los analistas aseguran que esto subirá el tono.

Mack advierte que si esto no se detiene, no se podría descartar un atentado real contra operadores de justicia, periodistas y los activistas de derechos humanos.

Mientras que Araos asegura que aunque existe incertidumbre por lo que pasará, no sería descabellado pensar que seguirán los ataques mediáticos y la violencia física podría tomar lugar para terminar con los llamados enemigos.

En tanto, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, afirmó en la cadena internacional CNN que la mejor estrategia es el ataque, y seguirán.

En este punto de la historia, Otto Pérez Molina y los más de cien acusados en todos los casos que se llevan desde el año pasado están privados de libertad, esperando que la estrategia que han implantado desde sus distintas trincheras funcione y la sociedad les otorgue la presunción de inocencia que tanto se ha reclamado durante los procesos judiciales.

En este punto de la historia, Ángel González mantiene el poder de la televisión abierta y la procuradora general de la Nación, Anabella Morfín, no ha podido desbaratar el monopolio que se formó desde hace tres décadas y que es la principal plataforma para la mejor estrategia de defensa, el terror.

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