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Domingo

Consolidar el Estado desde la democracia local


Jorge Mario Rodríguez Martínez

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Durante al menos dos siglos, países como el nuestro se han configurado a través del trasplante de modelos políticos y jurídicos, especialmente europeos, que no responden a la propia realidad. Se ignora el hecho de que los Estados exhiben genealogías diferentes; no es lo mismo el Estado alemán que el francés o el español. Augusto Trujillo Muñoz en su obra Democracia y territorio: El ordenamiento territorial entre el derecho y la política, hace ver que “los pueblos de América ibérica vivieron el Estado como una imposición del pensamiento moderno, pero por fuera de cualquier proceso de formación nacional”.

Frente a este proceso anómalo, conviene recordar que las tradiciones políticas de Nuestra América contienen referentes culturales que pueden ser recreados para la refundación política de las sociedades latinoamericanas. En particular, las tradiciones comunitarias de la cultura española y la indígena permiten visualizar un Estado erigido desde el ámbito local.

Un proyecto de tal naturaleza permitiría fomentar prácticas democráticas participativas y directas, dotadas de la legitimidad, en la medida en que toman en cuenta las perspectivas de sectores tradicionalmente excluidos. Asegurando ciertas condiciones mínimas, el control ciudadano de los procesos políticos al nivel local sería relativamente más fácil.

La tarea que esbozamos es necesaria en virtud de que el sistema liberal, a nivel global, está siendo reducido a un esquema electoral dominado por franquicias políticas. La democracia liberal, ya convertida en camisa de fuerza, no ha logrado desentrañar la ilegitimidad que se incuba en el abismo que media entre la sociedad y sus maquinarias de representación.

De este modo, el desmantelamiento del Estado, como entidad de bienestar, pero no como instrumento al servicio de intereses sectoriales, no responde a razones coyunturales. La historia del nacimiento de las naciones refleja las estrategias usadas por los sectores más poderosos para construir un entramado institucional destinado a satisfacer sus intereses. En este proceso, se manifiesta la pérdida progresiva de autonomía de las sociedades en favor de los dictados de entidades supranacionales que responden a los intereses del mercado global.

Ahora bien, un modelo de Estado enraizado en las democracias locales permite el desarrollo de los elementos positivos que se constituyen al nivel comunitario. En este contexto, puede florecer el pluralismo jurídico y la gestión interna de los modos de vida, entre otros cambios positivos.

El Estado, desde la perspectiva cultural, se puede nutrir de la racionalidad integrativa de las prácticas comunitarias enraizadas en el sentir de nuestra sociedad. Se debe reconocer que las cosmovisiones originarias que animan estas sensibilidades constituyen un medio de encontrar la solución a una debacle ambiental que afecta a la humanidad. Como lo dice el filósofo zapoteco Jaime Martínez Luna, para las comunidades indígenas, la tierra “no significa una mercancía, es la expresión profunda de su visión del mundo”.

El objetivo de refundar la democracia en el ejercicio participativo local se puede empezar a generar desde las instancias municipales; un conjunto de reformas constitucionales podría situarnos en este camino. En dichos espacios se pueden implementar prácticas como los presupuestos participativos, las consultas populares, las acciones comunitarias y las iniciativas populares. Todas estas acciones pueden ayudar a extirpar el individualismo extremo. Se genera, en este contexto, el antídoto contra la indiferencia política que fomenta el totalitarismo del mercado.

La estrategia de consolidación del Estado, a partir de la democracia local, permite la recuperación de la noción de soberanía, en tanto esta recoge el ideal de la autonomía colectiva. La soberanía, compartida por las democracias locales, consolida al Estado en tanto integración de las diferentes perspectivas nacionales. En el ámbito extraestatal, la soberanía compartida se vincula a la defensa de los derechos humanos, cuya observancia implica el cuidado de los bienes comunes de la humanidad. Las comunidades, en consecuencia, practican el uso racional y compartido de los bienes de los cuales depende la sobrevivencia de la humanidad.

Pueden surgir conflictos, desde luego, pero este tipo de gestión de lo común, es infinitamente mejor que una institución precaria estatal cuyos vacíos son aprovechados por grupos que van desde algunas empresas depredadoras hasta el crimen organizado.

El Estado recibiría entonces su legitimidad de la necesidad de coordinar los momentos y los resultados de las democracias locales. Este podría ayudar a erradicar el caciquismo y otras patologías que anidan en los espacios comunitarios.  El aparato estatal, en consecuencia, ya no se constituirá como un ente que sustrae recursos de la vida local, sin poder trasladar a las comunidades, muchas veces por los impedimentos burocráticos y la centralización paralizante, lo que estas necesitan. Es injusto que regiones claves para el desarrollo no cuenten con servicios e instituciones funcionales, a la vez que nuestras ciudades colapsan debido a la mediocridad y la pobre planificación.

Una de las tareas de los movimientos sociales consiste en desarrollar las aspiraciones de las formas comunitarias de vida. Estas demandas no pueden depender de instancias de planificación estatales, la cuales muchas veces descafeínan las ideas emancipadoras. La práctica política es normativa y, como tal, debe recoger los valores y esperanzas que pueden asegurar un futuro en el que quepa toda la humanidad.

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