Domingo 20 DE Enero DE 2019
Domingo

¿El costo económico para el Estado de las sentencias de la CSJ y CC?

Laura Castañeda
Sociedad de Plumas

Fecha de publicación: 24-07-16
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico
Más noticias que te pueden interesar

Hace unos años, investigadores en derecho en la Universidad Libre de México llevaron a cabo un estudio sobre el costo de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en su país.

Dicha investigación concluía que, en virtud de los salarios de los magistrados, que se les denomina Ministros, los años que tardan los procesos y el nutrido equipo legal y administrativo de apoyo con que cuentan, los costos administrativos para el Estado por cada sentencia que resuelve esa Corte son varios miles y hasta millones de dólares.

Otra perspectiva para evaluar el costo de cada resolución de estas Cortes, no menos interesante, es lo que cuesta, en términos económicos la sentencia para la parte condenada. Dependiendo de la materia, el grado de incumplimiento puede resultar tan gravoso, que la investigación a la que hacía referencia sobre el costo del sistema judicial en la Suprema Corte de México es marginal.

En los procesos cuyo objetivo es el cobro de obligaciones incumplidas, ya sea en la vía civil o laboral, la sentencia significa la posibilidad de exigir del vencido el cobro de la obligación principal, más intereses, multas, daños y perjuicios y por supuesto las costas procesales, que es el pago que se le debe hacer al sistema Judicial por haberlo utilizado.

Para el caso de los procesos judiciales en materia de violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estamos a instancias de consecuencias realmente abrumadoras para el vencido, que es siempre el Estado, por virtud de ser el “sujeto pasivo” de la obligación de salvaguardar los Derechos Humanos de sus ciudadanos.

Desde el año 1996 hasta la fecha, Guatemala cuenta con 33 sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Guatemala ha sido vencido sistemáticamente y ha tenido que llevar a cabo acciones reparadoras y de salvaguarda futura para los Derechos Humanos puestos a prueba. De acuerdo con el tema que nos ocupa, también ha tenido que pagar millones de dólares a las víctimas y equipos de abogados que lo han vencido.

La mayoría de las sentencias referidas han sido consecuencia del conflicto armado interno. Sin embargo nos estamos aproximando a la siguiente generación de fallos, que se anticipa serán consecuencia de la declaración a la violación del Estado al Derecho de Consulta a pueblos indígenas de acuerdo con el Convenio 169, declarado en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia.

Las sentencias de la CC que sean “cosa juzgada” es decir que hayan agotado el derecho interno en donde se declara que “el Estado no ha cumplido con la obligación de hacer consulta previa”, son como “títulos ejecutivos” que le abren la puerta a los litigantes estratégicos, para entablar demandas internacionales en contra del Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez estos reclamos se convierten en procesos las condenas vienen aparejadas de jugosos resarcimientos económicos,

Pero ahí no queda la cosa. En materia de Derecho civil el daño y perjuicio que una resolución de este tipo causa a los inversionistas privados –en estos casos son también perjudicados– es fácilmente comprobable, por lo que el Estado también podría enfrentar arbitrajes privados en su contra, en donde podría ser
condenado económicamente.

“A dos puyas no hay toro valiente”. Inevitablemente, el Estado tendrá que responder económicamente: por un lado a las comunidades representadas por los litigantes estratégicos –que se quedan con la mayor parte del cobro económico– por violación al Derecho Humano de la consulta previa, y por el otro lado al inversionista privado por el daño civil causado en detrimento de la inversión económica enterrada en Guatemala y el daño reputacional al nombre de la empresa.

Los magistrados deben reflexionar detenidamente el impacto a futuro de sus resoluciones. Hay proyectos en donde el Estado sí ha cumplido con la consulta, aun sin contar con un reglamento general, abstracto e impersonal que describa el proceso.

De igual forma deben también ponerle un poco de malicia al análisis de ese activismo “acucioso” de los actores que impulsan estos procesos, porque detrás de esto hay incentivos muy poderosos que no son propiamente representar a las comunidades indígenas, sino que son el deseo de cultivar frutos económicos para los litigantes estratégicos, a expensas del Estado en Cortes internacionales.

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.

Etiquetas: