Viernes 26 DE Abril DE 2019
Domingo

El sistema chocó contra un iceberg: MP/CICIG

Análisis de Coyuntura

Fecha de publicación: 12-06-16
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico

IPN-USAC

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos/ www.ipn.usac.edu.gt

Los casos que el MP y la CICIG han desvelado desde 2014 muestran, más allá de los actos continuados de corrupción y el modus operandi de las redes criminales, un mal sistémico. Esto se refiere al tejido organizacional del Estado y sus patrones de conducta, así como a las formas de interactuar con los agentes privados. El producto de ese sistema se aprecia extendidamente en los pronunciados índices de desigualdad social, no solo en el campo del Estado de Derecho.

El MP y la CICIG enfocaron en los mecanismos tributarios, los que concentran los mayores flujos de dinero directo, mostrando que las fugas de recaudación son a la vez formas de acumulación de capital –en el caso de la mayoría de funcionarios y de sus operadores– y de reconcentración. La desnaturalización de la función tributaria es una explicación plausible de la desigualdad, pues no se cumple la función fiscal de redistribuir el dinero a través de servicios básicos de educación, salud, saneamiento, seguridad e infraestructura.

Después, la mirada escrutadora de los investigadores se extendió a seguir los rastros del dinero acumulado ilícitamente. El blanqueo o inoculación de dinero en la economía legal es una arquitectura compleja y ordinariamente de baja productividad, sobre todo en sus primeros ciclos, pues gran parte de sus inversiones son simulaciones o inversiones artificiales que conllevan costos superfluos.

Al final del día el dinero para en cuentas de alto riesgo que se pulverizan o en gastos extravagantes que –otra vez– refuerzan los mecanismos de reconcentración del dinero. La evasión y elusión fiscal a través de los canales de mercado ya establecidos tiene en cambio un impacto incremental sobre las utilidades en el corto plazo y explica porqué en una economía de “primer piso” como la guatemalteca, que puede producir fortunas de seis cifras, llega a generar activos en una sola generación de inversionistas de hasta ocho cifras, tasadas en dólares.

Un tercer hallazgo de los investigadores del MP y la CICIG concierne al financiamiento político como otro mecanismo incremental extraordinario de utilidades a través de contrataciones. Así, un quetzal colocado en campaña puede rendir en el corto plazo de gestión de gobierno, desde diez hasta cien veces, según la tecla que se toque: contratos convencionales o proyectos exclusivos. Aunque las obras corresponden a las tareas de infraestructura pública que genera beneficios económicos y sociales, el incumplimiento de estándares de calidad constituye otra fuente de acumulación que a la vez es un costo social trasladado que resta capacidades de inversión pública reiteradamente.

El tema de las plazas fantasmas de los diputados es una práctica de corrupción equivalente al salpullido en un cuerpo con órganos profundos carcomidos. El lente del MP y la CICIG en este caso es suficiente para provocar una depuración controlada por la vía de antejuicios y juicios. Ese lente no tiene condiciones todavía de auscultar la fábrica de hechura de leyes a la medida de intereses oligopólicos y monopólicos que, nuevamente, sacrifican el bien común de la competencia del mercado a través de la concentración de privilegios.

Esas sutilezas de funcionamiento del sistema económico no están ahora en el juicio público, pero inevitablemente serán sacudidas: las concesiones gravosas de frecuencias, las barreras no arancelarias que secuestran mercados internos de consumo de alimentos, los contingentes de importación con beneficios particulares, el derroche dinerario en energía no producida y otros. Pero esos son los mecanismos más antiguos construidos con base a los mismos canales que ahora desvelan el MP y la CICIG y que denomina “cooptación del Estado”, con la diferencia que el sistema ya instalado de reconcentración de dinero que explica las amplias brechas de desigualdad social (que producen pobreza) atravesó por una fase previa de “reconfiguración cooptada” del Estado que ahora tenemos.

El periodo de reformas inició trabajosamente. Son cambios tímidos aún y sin visión de integralidad, pero tienen ciertos alcances estratégicos para escalonar en la reconstrucción institucional del Estado. En esa dirección va la Ley Electoral y de Partidos Políticos sancionada a inicios de junio, y la instalación de mesas de trabajo convocadas por el presidente Jimmy Morales para diseñar la segunda generación de reformas. A ella se adiciona la reforma a la Ley Orgánica de la SAT, que incorpora el secreto bancario y un nuevo esquema de gobernanza, y le sigue la iniciativa de Ley de Competencia o anti-monopolios. Con dificultades camina la Ley de Desarrollo Rural Integral, clave para el impulso del Plan Alianza para la Prosperidad, de alcance regional y vínculo con Washington.

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