Miércoles 17 DE Julio DE 2019
Domingo

¿Hacia un Plan para la Prosperidad más incluyente y sostenible?

Por Vicki Gass

Fecha de publicación: 22-05-16
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico

No es ningún secreto que Guatemala es el país más desigual de América Central, en el que 20 por ciento de la población más pobre comparte el 2.6 por ciento de los ingresos, mientras que el 20 por ciento más rico, controla el 64.1 por ciento de los ingresos, con un sistema fiscal desequilibrado, bajos salarios, inseguridad alimentaria y gasto social exiguo. Todo ello pone a los más pobres en grave desventaja, especialmente a las poblaciones indígenas, a las mujeres y los jóvenes. Este contexto desigual e injusto, junto con el impacto del crimen organizado y la violencia de las principales pandillas, son los factores que obligan a las personas a migrar. El Plan Alianza para la Prosperidad (PAP), apoyado por EE. UU., fue diseñado para revertir esta espiral descendente. Busca que los guatemaltecos que no cuentan con un empleo digno o cuyas condiciones de vida se deterioran, opten por la migración, especialmente los más jóvenes. El Plan tiene entre sus objetivos estimular al sector productivo para crear oportunidades económicas; desarrollar mejores oportunidades para las personas; fortalecer la seguridad pública, el acceso al sistema legal y las instituciones, para aumentar la confianza de la población en el Estado. Estos son objetivos importantes.

Se puede argumentar que Guatemala se encamina en la dirección correcta, como da cuenta la reciente decisión del presidente Jimmy Morales al ampliar el mandato de la CICIG y proponer reformas a la Ley de Servicio Civil y la Ley de Contratación Pública. Sin embargo, si nos fijamos en quiénes han participado en el diseño y quiénes financian el Plan, podemos tener dudas.

Mientras que menores de edad no acompañados estaban cruzando la frontera a Texas, los tres gobiernos centroamericanos se comprometieron a participar junto a la sociedad civil, de manera activa y amplia, en el diseño y desarrollo del PAP. En el documento de trabajo de septiembre de 2015, afirmaron que se han hecho esfuerzos considerables para incluir a las organizaciones de la sociedad civil de los tres países, como actores esenciales en el plan. Pero hasta el momento, se percibe que se ha definido como “sociedad civil” al sector privado únicamente. Guatemala cuenta con una gran riqueza de organizaciones no gubernamentales que representan grupos académicos, laborales, mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, entre otros. La gran mayoría de tales organizaciones tienen poco conocimiento del PAP y un gran escepticismo hacia el mismo, como un Plan con un nuevo nombre, que pueda seguir apoyando el mismo modelo económico excluyente que ha imperado en el país.

Otra inquietud presente es el financiamiento de los proyectos del PAP. El gobierno de EE. UU. está proporcionando una ayuda considerable para abordar el combate a la violencia, que enfrenta una gran debilidad en el acceso a la justicia, aunado a la falta de oportunidades económicas. En 2015, el BID aprobó 82 proyectos para los países del Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– por un total de US$1,238.51 millones, de los cuales US$425.5 millones se destinan a Guatemala. Los mayores préstamos, que van desde US$60 a US$200 millones, son para proyectos de energía, comercio, mercados financieros, reformas y modernización, y sistemas de transporte. Existen excepciones: los montos de los préstamos para inversiones sociales como salud, educación y desarrollo rural son significativamente más pequeños, que van desde US$10 mil a US$8.42 millones.

Por supuesto, la premisa subyacente de la asignación financiera es que los países del Triángulo Norte no han hecho lo suficiente para profundizar los acuerdos comerciales existentes o para proporcionar la infraestructura necesaria para atraer la inversión privada que crearía riqueza y que se asume, permitiría tener un efecto positivo mejorando el bienestar económico de sus ciudadanos. Como tal, la financiación del PAP favorece desproporcionadamente a los inversores nacionales y extranjeros en detrimento de los programas y políticas públicas que podrían reactivar las economías locales y rurales, fortalecer la seguridad alimentaria de las familias, y crear oportunidades de empleo sostenible. Esto nos permite cuestionarnos si el PAP realmente enfrentará las causas fundamentales de la migración.

Aun así, en un intento de “no tirar el grano con la paja”, los gobiernos sí han incluido algunos programas y proyectos sociales y económicos a considerar en el Plan. Por ejemplo, Guatemala afirmó que proporcionará un apoyo integral a la agricultura familiar, aumentará el acceso a la educación primaria y ofrecerá la financiación de préstamos para apoyar a pequeñas y medianas empresas, con un fuerte enfoque en la participación de las mujeres.

¿Qué otras medidas pueden tomar el presidente Morales, el Congreso de la República y el sector privado para comenzar a cumplir con los objetivos planteados en el PAP? Tres cosas concretas vienen a la mente. En primer lugar, el gobierno de Guatemala debería ampliar la participación de la sociedad civil en el seguimiento y la implementación del PAP, precisando y facilitando el apoyo que dará en sus acciones de participación y rendición de cuentas. La participación activa de la sociedad civil fortalece la transparencia, la probabilidad de impacto y éxito de un proyecto, la continuidad de los planes y es una de las condiciones de la ayuda de Estados Unidos a la región.

En segundo lugar, el gobierno prometió en el PAP un apoyo integral para la agricultura familiar. La profundización de la pobreza, los impactos del cambio climático en la producción de subsistencia y la debilidad estatal para garantizar el acceso a los servicios básicos hacen de la agricultura familiar una prioridad impostergable, para cumplir con este compromiso. El Congreso tiene la oportunidad de aprobar la Ley de Desarrollo Rural Integral, que cuenta con un amplio apoyo popular en la sociedad guatemalteca. La inversión en los sectores rurales puede favorecer la seguridad alimentaria e impulsar las economías locales, lo que contribuye a la reducción de la pobreza y a la lucha contra el cambio climático y sus efectos, por medio de prácticas agroecológicas. En lugar de ver el sector rural como un sector atrasado, la priorización de este y su desarrollo rural en el PAP mostrará el potencial de “lo rural” para el beneficio de todos y todas.

Por último, el gobierno debería aumentar y garantizar el salario mínimo que ahora es de Q2,747.04 mensuales. Esto no es suficiente para cubrir la canasta básica vital y es un factor clave que obliga a las y los guatemaltecos a huir. Un salario mínimo más alto contribuye a la salud de la familia en general y a una economía más fuerte, y coincide con la meta establecida por el PAP de reducir la pobreza.

Estas tres medidas demostrarán a la población y al gobierno de los Estados Unidos, que Guatemala toma en serio sus compromisos en el Plan para la Prosperidad.


*Vicki Gass. Policy Advisor, Central America. Oxfam, Estados Unidos