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Domingo

Entramos a una frágil coyuntura


Análisis de Coyuntura

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IPN-USAC

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos / www.ipn.usac.edu.gt

Están conformadas tres corrientes con incidencia política que, aunque no sea de manera explícita, compiten en la arena. Una de esas fuerzas es la corporativa empresarial, que está a la defensiva y tiene a su favor una relativamente alta gravitación en el Gobierno Central. Otra es la reformista, a la cual se adhiere gran parte de la sociedad civil, ciertos operadores de justicia y, sobre todo, la comunidad internacional. Y la tercera comienza a aglutinar a diversas organizaciones de base en torno a la idea o consigna de “refundación” del Estado.

La existencia en sí misma de esas fuerzas –que no es nueva– no abre riesgos para la gobernabilidad democrática, pero sí la combinación de condiciones particulares de cada cual y sus propias percepciones. Así, algunas corporaciones están viviendo en este año lo más parecido a un terremoto político inédito. Se ha extendido la especulación alarmante de que las empresas y los inversionistas están en la mirilla de la CICIG y de un actor que recién entró a escena irrumpiendo con autoridad legítima, la SAT, bajo la dirección de Juan Francisco Solórzano Foppa.

Aunque la CICIG y la SAT persiguen faltas diferentes se les ve como una sola fuerza y, con el MP, perfectamente sincronizada. El caso de la empresa “Aceros de Guatemala”, una de las más tradicionales conectada con el llamado G8, ilustra la situación. Se ha abierto una acusación por corrupción (CICIG) y otra por defraudación tributaria (SAT), que obligó, en este último caso, ante la intervención del negocio, a ponerse al día con el fisco pagando el equivalente a US$100 millones.

La rara combinación del poder en el Estado impide, por ahora, que la influencia del G8 sobre el presidente Jimmy Morales sea efectiva para separar del cargo a Solórzano Foppa. O bien, como ha ocurrido en el caso de la CC, evitar la orden inapelable de suspender temporalmente operaciones de explotación mineral que no obtuvieron el consentimiento explícito de las comunidades a proyectos como en La Puya (San Pedro Ayampuc y San José del Golfo).

La situación es inédita para poderes que tradicionalmente estuvieron por arriba de las instituciones y sus normas, como también lo puede ser para víctimas del enfrentamiento armado interno que siempre estuvieron por debajo de las instituciones y la ley, y  es por eso resultaba inalcanzable.

Por otro lado las fuerzas reformistas, que han venido sacudiendo directa o indirectamente el árbol de la persecución penal en casos de alto impacto, lanzaron una propuesta de reforma constitucional acotado al campo de la justicia, que empezaron a promover en Quetzaltenango y Huehuetenango, y continuaron este fin de semana en Alta Verapaz y Zacapa. Las cabezas de los tres poderes del Estado formalmente respaldan la idea, pero es la secretaría técnica, integrada por las instituciones más creíbles (CICIG, MP y PDH) el motor de la iniciativa.

A diferencia de sus otras actuaciones esta propuesta de las instituciones que integran la secretaría técnica, que ha sido presentada en términos tan específicos (identificación directa de artículos), ha dividido a la sociedad civil que la percibe, en unos casos, como insuficiente y, en otros, como agresiva y excluyente. Si los poderes del Estado no asumen un rol activo, traerá cierto desgaste de los actores de la persecución penal.

En tercer lugar están las fuerzas sociales y políticas que se aglutinan en torno a la propuesta de “refundar” el Estado, que esta semana realizaron una demostración de fuerza paralizando más de 20 puntos estratégicos de las redes viales en el país, aunque su movilización en la capital tuvo menos impacto. Convergen con estas fuerzas (Codeca, CNOC) las concertaciones que, según un canal TV de cable, se llevan a cabo en Panamá, atendiendo la convocatoria del expresidente Jorge Serrano, a donde acuden, además de líderes y representantes sociales, exdirigentes guerrilleros y militares retirados. Serrano es un político conservador, pero en los libros que ha publicado en los últimos años sobre su experiencia de gobierno manifiesta abiertamente su animadversión hacia el G8, al que responsabiliza de su caída y de una ambición voraz.

En medio de estas fuerzas están los diputados, algunos a punto de perder su inmunidad para ser juzgados por el MP, y la mayoría concitando el rechazo de la población. También hay dos magistrados a quienes el Congreso está retirando la inmunidad, y varios alcaldes. Los señalados por corrupción y abusos prácticamente abarcan a todos los sectores de poder, pero son tan disímiles que hasta ahora no alcanzan una estrategia común reactiva. La captura reciente en La Antigua de un excapitán del Ejército vinculado al crimen organizado jala, a su vez, a oficiales activos y en retiro, así como policías. De manera que los exoficiales llevados a juicio en los últimos años por graves violaciones de los derechos humanos, y los casos de exfuncionarios y empresarios asociados a La Línea, TCQ, IGSS/Pisa y otros hacen un desfile enorme de inconformes.

La cuestión es ¿quiénes en verdad se debilitan o bien acumulan fuerza en medio del terremoto político? ¿Los reformistas para reedificar el Estado de manera evolutiva? ¿O las fuerzas extremas para descender al caos? El Gobierno Central en este caso aparece como un actor secundario.

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