Jueves 18 DE Julio DE 2019
Domingo

Reforma a ley SAT: una marcha hacia atrás

Edgar Pape

Fecha de publicación: 24-04-16
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico

Como muchas decisiones públicas tomadas en los últimos tres meses, la iniciativa de reforma a la ley de SAT significa un paso atrás. En efecto, el pasado se repite volviendo al centralismo gubernamental de hace 20 años, con autoridades que buscan cambios sin perspectiva tributaria. Sintetizo el jineteo hacia atrás:

1.

La iniciativa vulnera los derechos del contribuyente.

Las facultades para resolver los recursos conllevan formalidades que deben estar apegadas a derecho, y cumplir con las garantías de seguridad jurídica y de legalidad para el contribuyente auditado. El llamado Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero –TRIBUTA– (Artículo 21) que sustituye una parte de las funciones del Directorio, estaría constituido por los mismos funcionarios, presupuestados con 011, con las calidades de cualquier otro auditor de la misma planta del personal convencional de la institución, poniendo en riesgo los derechos del contribuyente que al requerir revisión de lo resuelto, ofrece las pruebas conforme a disposiciones tributarias aplicables y formula sus alegatos para la comprobación objetiva del ajuste formulado por el Auditor. Jerárquicamente corresponde a una autoridad superior, valorar o revocar a favor del contribuyente, como hasta ahora por un Directorio independiente y electo por una Comisión de Postulación –la resolución administrativa emitida en contravención a disposiciones fiscales.

Siendo los miembros de TRIBUTA, los mismos funcionarios presupuestados, el contribuyente pierde su derecho de tener una evaluación objetiva, porque el tribunal es juez y parte administrativa y por lo tanto sesgado a resolver las controversias, que hasta hoy se conocen en total independencia de las fiscalizaciones o visitas de inspección, pudiéndose resolver de manera distinta en que actúa el auditor de campo.

2.

 Se politiza la función tributaria.

Al eliminar la participación de Profesionales del Derecho y de las Ciencias Económicas, hasta ahora seleccionados mediante reglas estrictas de postulación, esta iniciativa erige como un Supergabinete Tributario a tres funcionarios del gobierno central, obviando la consulta al Congreso que establece la actual Ley de SAT. En efecto, tomando en cuenta el Artículo 6 de la iniciativa de reforma, el Directorio se integrará con tres titulares ex oficio, en la forma siguiente: Ministro de Finanzas Públicas, Ministro de Economía y Presidente del Banco de Guatemala.

El tridente de Ministros, tomaría las grandes decisiones del poder tributario, sometidos a los vaivenes propios de la designación presidencial, que además, los distraen de sus principales funciones. Siguiendo por ejemplo, el cumplimiento del inciso g. del Artículo 5 de la iniciativa de reforma, parece inconcebible que estos ministros, queden facultados a nombrar mandatarios judiciales para perseguir a una maquila o denunciar a un contribuyente bancario. Desde la perspectiva de la teoría organizacional deviene una aberración que la suprema función originaria del Estado, como es recaudar y velar por el cumplimiento del deber a tributar, quede ahora –de manera marginal– en manos de funcionarios cuyas competencias, no son precisamente los asuntos tributarios.

La politización del poder tributario toma de la mano a la secular resistencia a tributar, donde tanto el Ministro de Economía como el Presidente del Banco de Guatemala, con roles ajenos a la tributación, tengan como instrumento un súper–gabinete económico–tributario, supeditado a las propuestas de nombramiento del sector empresarial, que haría de este Directorio, su mejor ente corporativo para cooptar de forma directa la recaudación.

3.

 Pérdida de la autonomía técnica y administrativa.

Al derogar los Artículos 9 al 17 de la Ley, relacionados con la integración, funciones y requisitos de los miembros de la Comisión de Postulación, integrada por el Rector de Usac, un representante de Rectores de universidades privadas y los Decanos de las Facultades de Ciencias Económicas y de las Jurídicas, así como representantes de los Colegios Profesionales, y delegar en un Directorio de Ministros nombrados por el Presidente de la República, el impacto inmediato es degradar el pluralismo propio de las juntas colegiadas y la amplitud de las deliberaciones que emana de la descentralización y privilegiar a cambio, la unicidad discrecional propia del centralismo gubernamental, con lo que se pierde la autonomía técnica y administrativa de la autoridad tributaria, ya que el nuevo Directorio queda formado por los Ministros de Estado, que tradicionalmente corresponden a designación convenida con el sector privado del país.

Por consiguiente, es previsible un mayor riesgo en la dotación de recursos a la SAT, ya que normalmente los Ministros de Finanzas recurren a castigar la ágil asignación del 2 por ciento de la recaudación efectuada. Tal como lo hiciera el Consejo Superior Universitario, en su alegato del 5 por ciento constitucional, el Directorio reclamaba los recursos institucionales que corresponden conforme a Ley, en contraste a la propuesta que pone en peligro el pago puntual de este financiamiento, porque los mismos funcionarios de gobierno tienen intereses encontrados en la priorización de las asignaciones.

En adición a lo anterior, la Autoridad Tributaria pierde su voz y su derecho a ser oída, en la medida que se eliminan funciones establecidas en los incisos a, b, c y d. del Artículo 7, con lo que se amordaza al ente recaudador, al descartar que emita su opinión sobre iniciativas de ley que afecten la recaudación. Sin el derecho de opinar sobre las implicaciones tributarias, administrativas y económicas de las normas propuestas, el nuevo Directorio contradice su responsabilidad de intervenir en decisiones estratégicas, renunciando a su rol como órgano consejero en materia de legislación y política tributaria

 (Continuará).