Sábado 24 DE Agosto DE 2019
Domingo

Los olvidados de los olvidados

Un hombre está a punto de salir de prisión, pero todo el sistema de justicia está consciente de algo: no estudió ni trabajó durante los seis años que ha vivido entre los muros de una prisión y mucho menos se puede demostrar su rehabilitación. Hablar de un Sistema Penitenciario en términos de reinserción social es solo una quimera.

Fecha de publicación: 24-04-16
Por: Juan D. Oquendo joquendo@elperiodico.com.gt

Poco importaba que lloviera a cántaros afuera. Poco importaba también lo que sucedía allá afuera. La madre de Esteban* había muerto y él aún no lo sabía. Una llamada de su hermana lo despabiló de los quehaceres diarios. Ese día no quiso lavar la ropa ni cocinar ni nada. Solo estuvo deambulando entre los otros cientos de cuerpos a su alrededor. Quizá llovía afuera o solo era la bulla de las radios o las gotas de sudor que bailaban cayendo sobre las gruesas cejas de Esteban. Su mamá había muerto y él estaba ahí metido en el Sector 5 del Preventivo de la zona 18 sin querer hacer nada.

Todos dicen cuánto tiempo llevan adentro, pero la cuenta que de verdad vale es la que nadie dice: cuánto falta para salir. Igual cuentan los amigos y la familia, cuando aún quedan. Lo que pocos saben es que hay otro grupo de personas que también llevan la cuenta. Aquellos que entran y salen a discreción de cualquier cárcel. Un puñado de personas en el que están jueces, fiscales y abogados defensores a la espera de que el día de mañana uno o dos de los más de diez mil presos que cumplen condena puedan salir anticipadamente.

A pesar de que la estructura de justicia está hecha para que nos olvidemos de los olvidados, esa pequeña parte del proceso llamado “Ejecución de la pena” está ahí como la única puerta de escape para un Sistema Penitenciario (SP), que hace décadas pasó del colapso a convertirse en una inminente amenaza para la seguridad nacional. Pero como todos coinciden, desde el guardia penitenciario hasta el juez, con los abogados y fiscales de por medio, este no es un tema de presupuesto, sino de coordinación interinstitucional.

Tan solo media pena

La madre de Esteban fue la única persona que lo apoyó. La única que le pagó a un abogado Q6 mil para que lo sacara lo antes posible de prisión. Ni Esteban ni su madre volvieron a saber del “licenciado”, después de que se emitiera la condena. Tuvieron que pasar seis años para que él viera a un abogado de nuevo.

 

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– Pero, ¿y usted por qué fue condenado pues?

– Por violencia, dice Esteban, después de haber visto a ambos lados, tratando de que sus palabras apenas se escapen de entre sus labios.

– ¿Y nunca tuvo abogado?

– No, eso me preocupa, porque nunca tuve. Me echaron seis años y es la primera vez que estoy preso. La verdad es que mi mamá le pagó Q6 mil a un licenciado, pero ese solo se robó el pisto porque no me sacó.

– ¿Y para qué lo citaron hoy?

– No sé, pero ya cumplí mis seis años.

– ¡Ah! Entonces no necesita abogado, ahí solo entre con el juez.

El hombre de saco café se aleja tan pronto como llegó. Mal día. Hoy no consiguió ningún cliente. Esteban se mantiene parado entre los elevadores de la Torre de Tribunales, en el octavo nivel, en el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución. Sus manos a la espalda, con esposas. Solo le queda esperar a que lo llamen.

Pero, a pesar de que Esteban nunca supo de su abogado, por ley el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) le asignó uno. Claro, el caso de Esteban es solo uno de los cientos que ve cada abogado defensor de ejecución de la pena. “El privado de libertad va a contar su historia”. Cuando Patricia Secaida, jefa de la unidad de Ejecución del IDPP, ha hecho visitas, se ha dado cuenta de que los reos dicen que nunca los han ido a visitar, pero los registros dicen que sí. “Nosotros coincidimos con una visita familiar y prefieren eso. No tenemos los recursos para ir todos los días. Puede que le digan que ni conocen al defensor”.

¿Y para qué necesita una visita de un abogado alguien que ya fue condenado? Para solicitar que se les dé atención médica fuera del SP, por ejemplo. También si quieren un traslado a otro sector. Y lo que más les interesa: obtener su libertad anticipada. Según el Código Procesal Penal y la Ley del Régimen Penitenciario, los presos pueden optar a beneficios.

La redención de pena se dará a quien haya cumplido más de la mitad de la pena, pero que también haya tenido buena conducta y demuestre hábitos de trabajo, orden y moralidad. Otra opción es obtener la libertad al haber cumplido con tres cuartas partes de la condena y haber presentado buena conducta.

Según la experiencia de Secaida, “sí hay muchas personas que salen siendo otras. Que salen a trabajar y a ver cómo obtener un medio de vida nuevo, porque ya tienen otra relación con la familia y la sociedad. Y otras personas que se dedican a ver tele o a ver pasar a la gente en la cárcel”. Aquí lo fundamental es la buena conducta y el trabajo. De esa manera el IDPP ha logrado desfogar el SP al convencer al juez de ejecución de que un reo ya muestra hábitos de conducta adecuada, no ha sido reincidente y es su primer delito.

Un joven se acerca a Esteban. Toma sus datos. Nombre, edad, domicilio de algún conocido y su número de DPI. “Ese no lo sé porque no lo he sacado. ¿Acaso puedo sacarlo desde la cárcel, pues?”. El joven le dice que ya están por llamarlo. Esteban se sienta junto a su hermana y espera. Él no podía salir hace tres años, cuando cumplió la mitad de la condena. Era su segundo delito y no optaba al beneficio con el que cuenta una tercera parte de los presos que cumplen condena.

El patito feo que se hizo monstruo

Lo que cambió a Esteban fue Cristo. No recuerda en qué momento. Seguro no fue un chispazo, mucho menos una epifanía. Fue el tiempo de verse encerrado. Desde ese momento nada de bebidas “porque eso si ya no”. Un alargado “¡quéééééé!” antecede el “todos nos echamos los tragos, porque es cosa normal. Pero cuando uno ya se pasa, como que uno ya no entiende, parece un animalón. Y también hay que darle razón a la mujer, porque la mujer tiene razón: de tanto verlo borracho a uno, todos los días, se aburre, ¿o no?”.

De espaldas al escudo de Guatemala, Carlos Zea levanta los hombros y las cejas y cierra un poco los párpados. ¿El Sistema Penitenciario logra rehabilitar a los presos?, pregunto. “Con el (sistema) actual… con cierta dificultad”. La idea del SP es que toda persona condenada a prisión pueda reintegrarse a la sociedad. Todo es conductual para el Director del SP: cuando una persona que ha estado encerrada durante años sale a la calle, no le encuentra sentido a la vida, entonces opta por el suicidio o por cometer otro crimen y regresar.

Las manos de Zea giran una delante de la otra mientras explica que no es casualidad que un psiquiatra esté aquí. “Si yo entiendo porqué esta mente no comprende la vida afuera después de diez años, pues tengo que influir en este procedimiento, a través de un proceso psicoterapéutico socialmente amigable que le permita comprender (al reo) este contexto nuevo”.

Mientras el sistema legal se fortalecía en los primeros años del siglo XXI y surgían nuevos tribunales, nuevas leyes y nuevas tipificaciones, el SP no crecía junto a esto. Entonces parece que el sector justicia se divide en dos sistemas legales: uno que se preocupa por condenar y evitar las medidas sustitutivas desde una visión populista de la justicia. Y otro que se deja de lado.

Desorganización, procesos burocráticos complejos, infraestructura cayéndose, Directores del SP despedidos o que han renunciado, el cambio de Ministro el año pasado con la caída del PP por el caso
La Línea. Hacinamiento y cinco médicos para 20 mil 374 presos, una epidemia de tuberculosis y otra de sarcoptosis. Diabéticos que no tienen una dieta adecuada. Ausencia de programas laborales y educativos. Corrupción, celulares que ingresan, ventanas de señal, agentes con salarios de Q1,900. ¿Por qué hay jefes de sector en el SP? “Porque no estamos generando liderazgos y alguien los tiene que generar. Es dinámica humana. Le delegan a alguien la responsabilidad de informar a los demás”.

“No vengo por delincuente (Esteban fue condenado por violencia reiterada contra la mujer por un juzgado de femicidio). Ahí sí que el alcoholismo lo mata a uno también. Pero le agradezco a Cristo, él me ha sacado de todo, cero vicios, cero, nada de nada”. Esteban recuerda a su madre; nunca conoció a su padre. Y mientras espera a que lo llamen, los 22 centros de privación de libertad se desmoronan por todo el país. Zea lo sabe: “ya no somos el patito feo, somos un tema de seguridad nacional. La emergencia está cerca”.

Víctimas del Estado

Esteban cambia de lugar y deja caer todo su peso sobre una de las sillas junto a su hermana, que ve todo a su alrededor en silencio. “Las pruebas son grandes, porque ahí encerrado no he hecho dinero, pero los golpes no son duros si uno está con Dios. Y si él abre esta puerta, nadie la puede cerrar”. Él espera que hoy le digan cuándo saldrá libre, pocos días, un par de semanas. ¿Qué es un mes más frente a seis años? Seis años de buena conducta que se consigue, según Esteban, estando en un solo sector. “No meterse a problemas. Esa es la conducta que tiene que tener uno. Sabiéndola llevar no es dura. Sabiéndola vivir”.

El joven que tomó sus datos se le acerca y le dice que ya es hora. ¿Dónde está su guardia? Un agente del SP despega el cuerpo de la pared y va detrás de Esteban hacia la puerta F del juzgado. Dos puertas atrás está la letra D, y dentro Mireya Batún. Ella es una de los ocho jueces de ejecución con los que cuenta el país y quienes velan por los derechos de los reos que cumplen condena. De estos ocho, dos están en Quetzaltenango. De Centroamérica, Guatemala es el país que menos jueces de ejecución penal tiene. Como todas las partes que conforman este tema, los jueces también tienen carencias. Comenzando porque esos ocho jueces deben velar por las 10 mil 496 personas que cumplen condena.

 

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“En esta fase no tiene participación la víctima, nos debemos a los condenados. Y vemos la parte de la moneda que nadie ve: el drama humano que viven los privados de libertad”. El SP se vuelve algo así como la “Ley de Talión”: ojo por ojo, diente por diente. Los jueces “miramos que muchos derechos fundamentales son violentados, cuando al final el único derecho que se les restringe es el de la libertad. Ellos se vuelven víctimas del régimen administrativo”.

Las carencias del sistema de justicia hacen que nadie sepa en realidad qué sucede en el SP. “Lo que sí podemos controlar un poco de la población reclusa, es otorgar beneficios penitenciarios y otorgar permisos de salud. Es un secreto a voces: estamos olvidados”. Al igual que Batún, Walter del Cid está en un espacio apretado rodeado de cajas y documentos, sin espacio pero operando. Cuando el juzgado diligencia un incidente de redención, llama al Ministerio Público y a la defensa. Por parte del MP se presenta el personal de Del Cid, el jefe de Fiscalía de Ejecución.

El juez manda a pedir al SP los informes de buena conducta, trabajo y antecedente penal, con estos no hay problema. Pero cuando se solicita el estudio del equipo multidisciplinario desde los enfoques psicológico, pedagógico, socioeconómico y legal, el proceso se detiene porque solo hay dos equipos conformados para todos los reos. Y si un psicólogo puede atender al mes entre 15 y 20 pacientes como máximo, la posibilidad de atender a cinco mil es absurda. En teoría, debería haber como mínimo uno de estos equipos por centro de privación.

La unidad que dirige Del Cid se encarga de dar un visto bueno a los informes que envía el SP, pero en la práctica se sabe que es una sola persona en un cuarto la que está redactando los informes sin que se hagan las entrevistas necesarias. Y luego está la opinión del alcaide que antes era guardia y que ascendió sin una carrera penitenciaria. “Ese informe carece de mucha veracidad cuando se trata de reflejar la rehabilitación de la persona”. El proceso de revisión es ineficiente. Pero hay un Dios, asegura la hermana de Esteban, “solo Dios sabe que mi hermano ya está cambiado”.

Las bodegas de humanos

Zoel Franco recuerda que en el segundo semestre del año pasado el SP evidenció 33 muertes violentas entre los presos. Desde el programa de privación de libertad del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), se han realizado acercamientos en torno a la crisis que vive el sistema y que confirman todos sus actores. La falta de equipos interdisciplinarios hacen que el sistema progresivo de rehabilitación por fases sea inviable.

Este equipo de profesionales “debe ser la columna vertebral del SP con un enfoque rehabilitador, en derechos humanos y que garantice que la persona no reincida”. Esa visión punitiva del sistema hace que una mitad esté en prisión preventiva y otra mitad cumpliendo condena. Franco reclama que esa exclusión del ámbito público, segrega a una población que ya era olvidada por el Estado antes de cometer el crimen y que dentro del sistema de justicia se vuelve doblemente olvidada. “Lo que se da es un embodegamiento de las personas”.

La única manera de desactivar esta “bomba de tiempo” es una reforma penitenciaria integral, desde el Organismo Judicial con medidas de coerción distintas a la privación de libertad, así como oficinas de control con diferentes métodos de abordaje en el SP, definir una carrera penitenciaria y fortalecer la ejecución penal de la Defensa Pública y el MP. Pero nada de esto servirá si, en primer lugar, “no sabemos qué hay en el sistema. Hay que hacer un diagnóstico y de ahí se tienen que tomar las decisiones”.

Esteban sale 45 minutos después de la sala. Su rostro duro y sereno no delata nada. Su hermana se levanta y le pregunta. Que tiene que venir la otra semana pero que en julio sale. “A veces la familia lo abandona a uno. A veces hace falta que los abogados se pongan en la jugada, para arreglarlo a uno… Pero lo que sí es que hay que hacerle caso a la madre, escuchar lo que ella le dice a uno. Después se arrepiente uno adentro”. El metal de las esposas resuena y Esteban solo dice que cuando salga le agradecerá a Dios. Después, nadie sabe.

*Seudónimo


“Uno viene con una mente de por qué a tanta gente se le envía a prisión, y es porque nosotros invertimos aquello de que la regla es la libertad y la prisión es la excepción”.

Mireya Batún, Jueza de Ejecución.

“La mayoría de crímenes se origina en condiciones de pobreza”.
Carlos Zea, director del Sistema Penitenciario.

“No es ningún secreto que la ejecución es la cenicienta en el tema de justicia, es parte de la idiosincrasia”.
Walter Del Cid, jefe de la Fiscalía de Ejecución del MP.