Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Domingo

El lío que le deja la CC al MEM

Laura Castañeda
Sociedad de Plumas

Fecha de publicación: 17-04-16
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico
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La magistratura  saliente de la Corte de Constitucionalidad de forma “casquivana” ha dejado como legado una serie de sentencias sobre la consulta de buena fe del Convenio 169 que se asemejan a un cruce de varios caminos en donde cada sentencia es un camino diferente.

Durante los últimos cinco años la Corte en ese tema se ha dado a la tarea de “innovar” jurisprudencialmente en lugar de resolver jurídicamente.  Quiero pensar que esto se debe a que algunos magistrados aún no entienden  el tema, y no porque se estén devolviendo favores políticos a quienes les deben la elección.

Algunas decisiones complicadas que nos dejan como legado son: la primera sobre la “vinculancia” de las consultas. En sentencia del año 2013 la Corte, apartándose de toda la casuística  precedente, y mezclando la “Consulta de vecinos” del Código Municipal con la “Consulta de buena fe” del Convenio 169 –por una mala coincidencia se llaman igual pero son jurídicamente diferentes– crea una confusión al utilizar la palabra “vinculancia” para referirse a la obligación de las municipalidades de tomar en cuenta los resultados de una consulta de vecinos en las decisiones meramente municipales.

La Corte confirma que las consultas de buena fe, son meramente indicativas y no vinculantes para temas de minería, hidrocarburos y acceso a recursos naturales no renovables. Pero abre la puerta a la balcanización,  porque dice que las consultas de vecinos sirven para que la autoridad consultante –el municipio– le transmita la voluntad expresada por los vecinos a donde corresponda.

La disposición de los bienes del Estado es un asunto constitucional no municipal. Los alcaldes pueden  consultar cualquier obra, proyecto o actividad competencia de su administración, mas no de las decisiones del gobierno central. Desafortunadamente la Corte con esta sentencia  le amplía el espectro a un monstruo de mil cabezas que se llama autonomía municipal mal entendida.

La  segunda contradicción de la Corte es sobre dos sentencias que fueron emitidas con días de diferencia. La Corte resuelve que para el caso del transporte de energía al aplicar el procedimiento de consultar establecido en el Reglamento de la Ley General de Electricidad, se ha cumplido con el requisito de llevar a cabo la consulta. Dice la Corte que cuando los vecinos dieron su consentimiento para  el paso de servidumbres y fueron indemnizados se cumplió con el requisito de consultar.

Sin embargo, para el caso de una línea de transmisión, proyecto que se rige por el mismo reglamento antes citado, la sentencia manda que la consulta se lleve a cabo en concordancia con los estándares internacionales apoyándose en el Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Organismo Ejecutivo.  Con esta sentencia no solo resuelve con contrasentido, sino que condena al proyecto a nunca realizarse, pues este “gabinete” es un órgano meramente consultivo que no tiene competencias operativas ni mucho menos la obligación de meterse en temas técnicos que es probable que nunca termine de entender.

Por último, pero no menos problemático, para el caso del desarrollo de un proyecto hidroeléctrico, la Corte ordena al MEM para que en seis meses se practiquen las consultas siguiendo con estándares internacionales.

La situación del MEM es digna de preocupación. No solo tiene que hacerle frente a esta orden, sino que también, a la exigencia de la Corte Suprema de Justicia derivada de otra orden “brillante” de esta misma Corte de Constitucionalidad que le manda suspender las operaciones de una mina, cuando hace más de cuatro años ya se habían cumplido todos los requisitos legales para el otorgamiento de la licencia de explotación.

¿Había visto usted algo más “bipolar”? Aunque hay que salvar la reputación de algunos magistrados salientes que en varias ocasiones razonaron su voto y fueron más o menos consistentes, sí es un hecho evidente que el tema de la Consulta del Convenio 169 no puede seguirse resolviendo políticamente. La Corte no puede empeñar su reputación por actuar como veleta y querer quedar bien con todas las partes.

No contar con un reglamento para el procedimiento de consulta y estas resoluciones contradictorias y sin un fundamento jurídico firme es pésimo para el país y muy conveniente para quienes se dedican a generar caos,  terrorismo –no  conflicitvidad– y dinero para sus arcas.

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