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Domingo

Los límites de una reforma constitucional


Jorge Gabriel Jiménez
Sociedad de Plumas

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El político, abogado e historiador mexicano Jesús Reyes Heroles decía que “en política, la forma es el fondo”. Lo mismo ocurre con las reformas a la Constitución: la forma en que se lleve a cabo el proceso de reforma es tan importante como los cambios de fondo que se pretendan aprobar.

Guatemala vive una época de cambios. En el último año se han aprobado reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Orgánica del Organismo Legislativo y se está llevando a cabo la discusión en tercer –y último– debate las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las reformas a la Constitución no podían quedarse atrás. El Procurador de los Derechos Humanos, la Fiscal General de la República y la Corte Suprema de Justicia anunciaron en febrero que convocarán a mesas de trabajo para proponer reformas a la Constitución enfocadas al sector justicia. Por lo anterior, es imprescindible tener claros los procedimientos de reforma a la Constitución y los límites a los que están sujetos.

El origen de toda Constitución se encuentra en la voluntad del pueblo. El abate francés Emmanuel Sieyès en su libro ¿Qué es el tercer Estado? hizo la distinción entre poder constituyente y poder constituido. Esta distinción es sumamente relevante cada vez que se habla de una reforma constitucional. El poder constituyente es el que tiene un pueblo de construir un Estado y establecer una organización política y jurídica. Por definición, este es un poder originario, único e incondicionado ya que no posee límites formales o materiales. Cuando el poder constituyente cesa, la soberanía se sustituye por la supremacía constitucional. La Corte de Constitucionalidad, en la sentencia del 8 de febrero de 1999 dijo –al referirse al proceso de reforma constitucional– que: “de ahí que para reformarla se deba cumplir con el procedimiento establecido y respetar los límites que la propia norma constitucional establece.” (Expediente 931-98).

Una reforma constitucional presenta dos tipos de limitantes: formales y materiales. Los límites formales fijan a qué sujeto compete y a qué procedimiento específico debe atenerse la reforma. Los límites materiales imponen una restricción al contenido de la reforma, específicamente aquellos artículos o temas que pueden ser modificados. Además, existen límites implícitos y lógicos sustentados en la naturaleza de los límites expresos.

El Artículo 277 de la Constitución enumera las personas que tienen iniciativa para promover reformas a la Constitución: el Presidente de la República en Consejo de Ministros, diez o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de 5 mil ciudadanos. Únicamente las personas enumeradas en el artículo citado pueden presentar una reforma constitucional.

Un límite implícito y lógico del Artículo 277 es que de todo el aparato estatal, únicamente las entidades ahí señaladas pueden convocar a un diálogo nacional para llevar a cabo reformas a la Constitución. El hecho que las reformas sean requeridas por la población no habilita a las entidades del Estado, que únicamente pueden hacer lo que la ley les dice, a atribuirse –oficiosamente– una función que no les corresponde.

El Procurador de los Derechos Humanos, la Fiscal General de la República y la Corte Suprema de Justicia no tienen –ninguno– en sus funciones constitucionales la de proponer o convocar a un diálogo nacional sobre las reformas a la Constitución. Sí pueden –por supuesto– pronunciarse sobre una propuesta de reformas, si alguna entidad de las que tiene iniciativa de ley se los solicitase.

Sin lugar a dudas, una reforma constitucional al sector justicia es urgente. Sin embargo, por ser un proceso tan trascendental para el país se deben de respetar los límites formales que la Constitución establece. Sería paradójico que una reforma a la Constitución sea impulsada por entidades que no están facultadas por la Constitución. Como ciudadanos incurriríamos en un error al aceptar una vulneración del proceso de reforma constitucional.

 

*Jorge Gabriel Jiménez es abogado y notario. Líder público de Creative Commons y cofundador de Congreso Transparente.

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.

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