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Domingo

El futuro como tarea ciudadana


Jorge Mario Rodríguez Martínez

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Uno de los retos cruciales que enfrenta la sociedad guatemalteca es la identificación de un camino político viable en un mundo globalizado en el que las palancas del poder económico global van despojando progresivamente a la ciudadanía global de sus derechos fundamentales. El jurista italiano Stefano Rodotà no exagera cuando declara que los derechos “vagan sin tierra por un mundo global” sin encontrar una soberanía nacional o un constitucionalismo mundial que pueda garantizarlos.

Este destino no es sorpresivo cuando el ente encargado de tutelar los derechos fundamentales, esto es, el Estado, se ha visto sometido a un proceso de demolición controlada. Este fenómeno restringe el espacio político de la soberanía –expresión de la autonomía de la sociedad– lo que disuelve una de las condiciones de posibilidad del ejercicio constituyente, proceso a través del cual una comunidad establece los pactos necesarios para construir un futuro compartido.

En paralelo a la desarticulación del Estado se verifica el ascenso de la “gobernanza”, modelo de gestión global y nacional que, proveniente del sector empresarial, concibe la gestión de los asuntos públicos como producto de la acción conjunta de una red de actores, entre los que juegan un papel importante las instituciones económicas internacionales, las cuales avanzan las agendas del mercado global. El advenimiento de la gobernanza supone la creación de un supra estado global que, en sintonía con el poder económico transnacional, dificulta la adquisición de los recursos necesarios para garantizar los derechos fundamentales. El poder estatal, desde luego, sigue conservando una serie de prerrogativas, pero estas suelen reducirse al despliegue controlado de su fuerza “legítima” y la potestad de “legitimar” políticas económicas que favorecen a las elites económicas. Acciones como la creación de incentivos para la competitividad se conjuntan con estrategias represivas como la criminalización de la protesta social.

Cuando las prácticas de gobernanza –que algún día tendrán que sujetarse a un control constitucional global o un régimen inter-estatal sólido– desarticulan las posibilidades de satisfacción de los derechos sociales se ahonda la desigualdad y, naturalmente, una serie de problemas que aumentan la precariedad y la vulnerabilidad de la sociedad. En este contexto, la corrupción, la violencia y la inseguridad se incrementan hasta el punto que se regresa a un estadio pre-político, en cierto sentido, a ese “estado de naturaleza” en el que la vida del ser humano puede ser, en las palabras de Thomas Hobbes, “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”.

En este problemático contexto, se ubica la actual pugna entre actores influyentes de la “comunidad internacional” y las elites nacionales cuya perversidad histórica siempre tuvo el apoyo de los países que han ejercido algún género de hegemonía global. Las autoridades estatales, en cierto modo, son un espectador de piedra en virtud de que no pueden terciar con un proyecto viable de país. El súbito nacionalismo de las elites empresariales y conservadoras en nuestro país no deja de ser cuestionable cuando, como lo señala el analista Edgar Gutiérrez, estas han sido incapaces de formular propuestas políticas destinadas a lograr el bien común.

EE. UU. ha adquirido un interés inédito en nuestra gobernabilidad debido a los peligros que los inmigrantes clandestinos y los refugiados representan para su propia estabilidad. Ellos saben que el interés de promover sociedades viables no puede lograrse con la corrupción generalizada que experimenta un país como el nuestro. Vale decir, sin embargo, que tampoco nuestro futuro puede apoyarse en una Alianza para la Prosperidad cuando este plan no asume las raíces de la crisis estructural que afecta a los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

En realidad, la ausencia de una estructura estatal que viabilice las soluciones nacionales, seguirá incrementando los vacíos de poder. Estos ya sirven como caldo de cultivo para que surjan pequeños “micro leviatanes” –para hacer uso de la figura del monstruo bíblico con que Hobbes describía a un Estado violento cuya función es cancelar la violencia del estado de naturaleza– constituidos por el dominio de las maras o el crimen organizado, los cuales empiezan a proveer, como ya lo ha hecho el Estado Islámico, las seguridades mínimas que no puede brindar el Estado derrumbado.

La actual crisis política nacional tiene como condición la ausencia calculada de la ciudadanía de la vida pública.  En esta dirección, debe decirse que, a pesar de que la gramática política de las redes sociales ha permitido un incremento de la conciencia política, la situación demanda una movilización social más enérgica y comprometida. Como lo hace ver el filósofo Byun-Hul Han, “las olas de indignación [en estas redes]… no constituyen ningún ‘nosotros’ estable que muestre una estructura del cuidado conjunto de la sociedad”.

Una sociedad politizada responde no solo al escándalo, sino que se anticipa frente a un horizonte de precariedad orquestado desde los intereses de poderosos agentes políticos cuyos horizontes de futuro no coinciden con ese pacto de sobrevivencia digna que demanda el mañana. Para lograr este objetivo, la ciudadanía debe plantearse, de manera inmediata, las tareas dialógicas necesarias para la constitución de un frente ciudadano con un grado de movilización suficiente para avanzar las transformaciones profundas para encontrar un futuro viable.

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