Domingo 24 DE Marzo DE 2019
Domingo

CC: el contexto importa más que los nombres

Análisis de Coyuntura

Fecha de publicación: 13-03-16
ilustración Víctor Matamoros > El periódico
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IPN-USAC

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos / www.ipn.usac.edu.gt

Esta semana quedó conformada la séptima Corte de Constitucionalidad, que marca el final de la era de Alejandro Maldonado, presente con decisiva influencia en cuatro de los seis anteriores periodos, durante 20 años. La mayoría de observadores se pregunta sobre la tendencia o vínculos de cada uno de los nuevos magistrados a fin de establecer la “correlación de fuerzas” interna de la CC, pero hasta ahora el único dato notable es la aparente pérdida de espacio de los grupos corporativos y de sectores ideológicos extremos.

No obstante más relevante que los nombres es el contexto en que operará la nueva CC, marcado por una tensión política que se condensa en el sistema de justicia. A tal punto incide ese contexto que la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, electas controversialmente a fines de 2014 como producto casi puro de la concertación del entonces partido oficial, el PP, y de su teórico principal oponente, Lider, han actuado en una dirección enteramente contraria a la prevista por la sociedad civil y por los padrinazgos de esos magistrados. Los principales dirigentes del PP están ahora procesados penalmente y los de Lider –cancelado como organización política– se diluyeron en otras fuerzas políticas, incluido el oficialista FCN-Nación.

En el Ministerio Público la fiscal general, Thelma Aldana, rompió amarras y es adalid, junto con Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, de la lucha contra la impunidad en general, pero en particular de tres sectores de poder tradicional intocables hasta ahora: políticos/altos funcionarios, míticos mandos militares y empresarios corporativos.

La justicia por casos de corrupción que unió a la sociedad entera en multitudinarias concentraciones durante 2015, ahora que se extiende hacia las graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, y presuntos casos de defraudación tributaria de notables corporaciones y sus operadores, fragmenta a la sociedad, generando tensión en las cúpulas. Es una tensión que borda entre la delgada pero decisiva línea de insubordinación concertada de las tres elites, incluyendo sus representaciones territoriales, y la resignación a un nuevo orden.

La defensa pública de los señalados es básicamente ideológica y política, recurre a una presunta “conspiración de izquierdistas” y a la injerencia de Washington, reclamando abiertamente a la principal capital política del mundo la “deslealtad” del antiguo compañero de batallas contra el comunismo. Ante lo que Washington responde: “revisamos y aprendemos de los errores de nuestra historia”. Pero más allá de los argumentos retóricos la cuestión es: estas tres elites de poder que ahora comparecen ante la justicia faltaron a su deber supremo de procurar seguridad y bienestar a su sociedad, sin distingos de raza o género. En el mundo interconectado del siglo XXI esa falla se convierte en problema y hasta “amenaza” para las potencias, sea en el Norte de las Américas o en Europa Occidental.

Esas elites han tenido al menos 20 años, desde la firma de los Acuerdos de Paz, para arreglar su casa, pero debido a que los índices de alarma se han elevado –sobre todo tras la crisis humanitaria de niños migrantes no acompañados y las revelaciones judiciales de Marllory Chacón, mantenidas bajo reserva por cinco años por razones de seguridad nacional de los EE. UU.– lo que comienza a ocurrir es un proceso de ajuste interno que, al parecer, pasa por el escarmiento.

El efecto de emplear mal, por parte de esas elites, los márgenes de autonomía es que ese espacio se reduce hasta la asfixia, como le ocurrió al expresidente Otto Pérez. Los datos dicen que Washington no impone, pero veta según sus filtros de interés, que no siempre son los de la sociedad civil. Sus apoyos tampoco son incondicionales en la búsqueda de la eficiencia, esto es, tener resultados con transparencia (o con la menor corrupción posible), pues saben que el tiempo no es neutral en una ruta que tiende hacia el Estado fallido en el norte de Centroamérica.

En la gestión del presidente Jimmy Morales se sabe que hay corrupción de poca monta la cual, al crecer, conforme la disponibilidad de recursos, tendrá reacciones sociales e internacionales. En la nueva cúpula de Gobernación hay buenas credenciales, pero hasta ahora poca gobernanza. En el Congreso hay mucho ímpetu y poco tacto que despierta irritación. Pero sin duda una de las tareas más complejas será desmantelar las mafias en la SAT, que reflejan las mafias en las elites. Si esa condición de limpieza no se cumple el Estado no habrá podido ganar poder tributario y al no hacerlo compromete su viabilidad y soberanía entera.

Por eso mismo la agenda de la nueva CC estará no solo signada por los juicios de alto impacto que ahora apenas inician, sino sobre todo por el tratamiento del tema fiscal y otros que tocan la gobernabilidad en los territorios, como las consultas comunitarias que obliga el Convenio 169. El magistrado electo, Francisco de Mata Vela, ha descrito los cotos de una CC que procure en adelante equilibrios de poder: el amparo como protección del ciudadano y no recurso de impugnación, una CC privativa del orden constitucional y no invasiva del legislador ni del tribunal ordinario, y educación constitucional en todos los poderes del Estado para obviar laberintos burocráticos (Prensa Libre, 11/03/15, p. 4).

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