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Domingo

La terapia del “shock”


Análisis de coyuntura

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IPN-USAC
Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos / www.ipn.usac.edu.gt

Muy temprano en la gestión de los nuevos poderes electos del Ejecutivo y el Congreso la coyuntura se ha tornado densa. Tiene que ver con la compleja agenda de los nuevos gobernantes que encontraron instituciones en ruina, pero también con el contexto y los conflictos propios de actores externos (empresarios, exmilitares, grupos sociales) con influencia directa en el Estado.

La dinámica que atraviesa a los actores desde hace al menos dos años está directamente influida por el tratamiento de Washington al triángulo norte de Centroamérica, donde Guatemala ocupa un lugar preeminente. El análisis sobre la región es que sus Estados han colapsado y sus sistemas económicos, aunque tienen tasas positivas de crecimiento y sectores muy dinámicos, básicamente se han convertido en expulsores de población, tanto del sistema económico como del territorio.

La consideración simple del triángulo norte como fuente de inseguridad internacional adquirió otro matiz tras la declarada crisis humanitaria de niñez migrante no acompañada. Desde hacía al menos tres décadas –guerras civiles en Centroamérica– que la Casa Blanca no reunía a sus funcionarios del más alto nivel para analizar la crisis en la zona. El problema tiene tres dimensiones: el crimen organizado transnacional, la corrupción política y la complicidad o tolerancia de agentes económicos que, al final del día, vuelven disfuncionales a estos países.

En conclusión, después de superar las guerras civiles de la década de 1980 las elites de la región han fracasado en construir democracias estables e incluyentes. A partir de entonces se aplica una estrategia de ‘shock’ diferenciada hacia los tres actores. Por un lado, los cabecillas del narcotráfico son sacados de su hábitat (extradiciones y condenas) y algunos reconvertidos. La guerra táctica de inteligencia contra el crimen organizado está básicamente ganada, pero la inoculación del crimen en la política, la economía y las sociedades de estos países, ha generado otros problemas; además, es un momento delicado de transición de los fenómenos criminales en el hemisferio y Washington necesita incidir en la configuración de los próximos escenarios de seguridad.

Por otro lado, El sistema de justicia ha roto el cordón de protección implícita hacia un conjunto de altos dirigentes políticos, primero en Guatemala, después en El Salvador y más adelante en Honduras, procesándolos por casos de corrupción; son políticos nacionales (expresidentes), regionales (diputados) y locales (alcaldes) con bases sociales formadas a partir de las redes políticas y económicas ilícitas. La depuración judicial de la clase política en la zona –a partir de la lección de Honduras en 2009– no será automática y debe respetar un ritual legal y de plazos establecidos para eludir los riesgos de vacíos de poder y anarquía.

En tercer lugar están los agentes económicos que danzaron con el crimen y que medraron de las debilidades del sistema. El primer golpe de efecto fue el grupo Rosenthal de Honduras, señalado de blanquear dinero del narcotráfico y establecer negocios ilícitos. Los dos líderes de la familia Rosenthal están sujetos a proceso en los EE. UU. y congeladas las cuentas bancarias de sus socios. Después vino el caso del ex presidente Rafael Callejas, vinculado a los escándalos de corrupción en la FIFA que investiga la fiscal general Loretta Linch. Luego de esas aplicaciones de ‘shock’ el gobierno de Honduras aceptó finalmente la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), bajo la conducción de la OEA.

La CICIG (prima mayor de la MACCIH) avanzó en los últimos días hacia lo que el ex presidente Otto Pérez, en una de sus últimas comparecencias públicas como gobernante, denominó, reclamando que se investigara, como la “Línea 2”, esto es, la contraparte del funcionario público y del político corrupto en las aduanas y en general en la SAT, los agentes económicos. La primera barrida de la CICIG de importadores de telas y otros productos al menudeo, cuyos almacenes están localizados al sur de la zona 1 de la capital, no estremeció. Pero las capturas de los directivos de la tradicional empresa de aceros, señalada de defraudar al fisco más de Q255 millones, sí alarmó al núcleo central del sector privado con mayor poder, el llamado Grupo de los Ocho (G8) y la perturbación se ha trasladado a varias cámaras empresariales.

Los poderes electos en el Ejecutivo y el Congreso, apenas lidiando con sus propias agendas, ven pasar la tormenta y alguno que otro relámpago que les estremece. La incertidumbre anida en el alcance que tendrá la terapia del ‘shock’: hasta dónde llegará la persecución penal. Y por otro lado, hay una colonia de veteranos exmilitares sentados en los banquillos de los tribunales por crímenes de guerra; algunos de ellos tienen derecho de picaporte en Casa Presidencial y en el Palacio Legislativo. Sintiéndose acorralados, barajan dos opciones: que los agentes económicos coordinen con los políticos señalados y los exmilitares procesados, respondiendo con demostraciones de fuerza, por ejemplo, levantando una ola de defensa nacionalista que podría incluir la movilización de las viejas milicias del conflicto armado, las ex PAC, o cambios en la legislación (como se intentó con la reforma de la Ley del MP); o bien, tomar cada cual su camino y ver cómo se salvan.

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