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Domingo

La Corte de Constitucionalidad en un tiempo de crisis


Jorge Mario Rodríguez Martínez

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La próxima elección de los miembros de la Corte de Constitucionalidad constituye un acontecimiento de fundamental importancia para el movimiento ciudadano iniciado el año pasado. Dicho evento incrementa su relevancia en virtud de que en este organismo se decidirán transformaciones cruciales para el futuro de una sociedad cuyo gobierno, hasta la fecha, ha sido incapaz de encontrar las claves para responder a las demandas ciudadanas.

Cabe recalcar que en el actual Estado constitucional de Derecho no tiene ningún sentido la opinión de Montesquieu (expresada en el capitulo 6, del Libro XI de su Del Espíritu de las Leyes) que dictamina que los jueces “no son más que el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes”. Con los matices inyectados por cada tradición jurídica, el control de constitucionalidad inaugurado por el juez John Marshall en el caso Madbury versus Madison (1803) se ha extendido globalmente gracias, en parte, a la hegemonía norteamericana de la segunda posguerra.

Desde luego, este fenómeno ha creado el cuestionable “gobierno de los jueces”, cuya ilustración más negativa es la Corte norteamericana de la era Lochner, la cual desautorizaba cualquier pieza de legislación socialmente progresiva en nombre de una cuasi absoluta libertad contractual. El hecho de que nuestro tiempo atribuya al juez constitucional el papel de garante último de los derechos fundamentales, no ha evitado la generación de una especie de “juristocracia”, término acuñado por el constitucionalista canadiense Ran Hirschl para denotar la progresiva transferencia de poder de los órganos representativos al Poder Judicial.

En nuestro país, los rasgos antidemocráticos del gobierno de los jueces han sido aprovechados por los grupos dominantes para bloquear las piezas de legislación o decisiones judiciales que afectan sus intereses y perspectivas. Este fenómeno, llevado a cabo de la manera más burda, ha repercutido en una pérdida de credibilidad de la Corte de Constitucionalidad, la cual ha venido a ser bautizada popularmente como “La Corte Celestial”. En esta dirección, es claro que el presente modelo de control de constitucionalidad demanda transformaciones urgentes que deben ser consideradas por la ciudadanía en los próximos años.

Es claro, sin embargo, que en la presente coyuntura, la renovación de la Corte de Constitucionalidad es un paso institucional inevitable. De este modo, una tarea inmediata consiste en asegurar que los nuevos integrantes de la Corte de Constitucionalidad sean juristas que, aparte de poseer un conocimiento profundo de la teoría constitucional contemporánea, sean capaces de responder a las legítimas aspiraciones ciudadanas.

Los nuevos miembros de la Corte de Constitucionalidad deben garantizar una interpretación constitucional que se adecúe a las legítimas perspectivas de la ciudadanía. Como ya lo sabía Thomas Jefferson, un tribunal supremo puede convertir a la Constitución en un trozo de cera que puede ser manipulado para decir lo que sus miembros deseen. En este escenario, el bagaje conceptual e ideológico de los juristas que aspiran a ocupar un cargo en la próxima Corte de Constitucionalidad adquiere una importancia fundamental.

¿Cómo es posible alinear la interpretación constitucional con la conciencia ciudadana? La respuesta empieza por reconocer que el núcleo de la Constitución es axiológico. Los valores constitucionales intersectan el orden jurídico con el moral y, por lo tanto, existe una relación esencial entre la interpretación constitucional y la conciencia ciudadana que aspira a la realización de esos valores. La conciencia de dignidad es la correa de transmisión que vincula las demandas ciudadanas con el sentido primordial del texto constitucional. En esta línea, se puede recuperar la enseñanza del jurista alemán Peter Häberle según la cual la ciudadanía también es intérprete constitucional.

En este contexto, no cabe el juez animado por una agenda sectorial, en particular, la de los grupos que luchan por mantener sus indignantes privilegios. Es tiempo de que el pactum societatis vehiculado en nuestra Constitución se convierta en algo más que poesía constitucional. La jurisdicción constitucional democrática puede ser un aliado eficaz en la transformación de estructuras sociales deficitarias. A mediano plazo se encuentra en juego la refundación democrática de la república intercultural.

Conociendo la predilección conservadora por el formalismo jurídico es necesario comprender que la Constitución no es un texto amortajado por significaciones rígidas. El ex juez constitucional italiano Gustavo Zagrebelsky recuerda que un texto constitucional vincula un pasado asumido como valor y un futuro que debemos resolver. El mundo que pugna por expresarse en un ejercicio constitucional legítimo no nace de la nada; existen fracturas históricas, sensibilidades desplazadas, luchas interrumpidas que aspiran a ser reconocidas en la interpretación constitucional. Para Zagrebelsky, la legitimidad de la Constitución depende de la “capacidad de ofrecer respuestas adecuadas a nuestro tiempo”. Según el gran jurista: “la constitución no dice, somos nosotros los que la hacemos decir”.

Vivir en un auténtico régimen constitucional supone cuestionar esa “constitución material” que ha preservado las estructuras de poder que nos han llevado al abismo. Por esta razón, si la sociedad guatemalteca no lucha por una Corte de Constitucionalidad sólida y democrática tendrá que enfrentar un desastre político en un tiempo no muy lejano.

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