Lunes 11 DE Noviembre DE 2019
Domingo

La transparencia y el fortalecimiento del Estado democrático

Jorge Mario Rodríguez Martínez

Fecha de publicación: 07-02-16
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico

Si se quiere comprender la profunda crisis política que vive nuestro país no pueden ignorarse las profundas incoherencias que agrietan la globalización neoliberal. Existe un profundo contrasentido en promover una economía mundializada mientras se enfrentan las injusticias con muros y garitas. La lógica de este sistema, que sacraliza al mercado libre como un ente perfecto que le da sentido a toda actividad humana, ha calado en nuestra propia identidad –hasta el punto que muchos se consideran empresarios de sí mismos en descarnada competencia contra sus semejantes.

Sin embargo, la reflexión humana atraviesa esta frágil cubierta discursiva. La amenaza en marcha del desastre climático, la creciente precariedad de la vida humana y la caótica reproducción de la violencia hacen patente a la conciencia humana que un nuevo orden político debe ser construido.

El filósofo español Carlos París decía que se vive en un orden mundial en el que se ha enraizado una “perversión moral que penetra la sustancia de nuestra organización social, económica y política”. Desde esta perspectiva, el cambio del sistema de desgobierno global asume la ética como eje fundamental. Ahora bien, el discurso ético al que se apela trasciende, como también lo señalaba el desaparecido filósofo, las dimensiones interpersonales, para internarse en ámbitos “que han permanecido en la sombra de nuestra conciencia moral”.

Estas sombras se despejan cuando se sigue al filósofo de Lovaina Mark Hunyadi para afirmar que la ética individual se ha paralizado dentro de tiránicos modos de vida que “escapan a cualquier control ético o democrático”. La ética como responsabilidad frente al Otro no puede realizarse en estructuras socioeconómicas en las que la supresión de la conciencia constituye un imperativo de sobrevivencia. Así, pues, la conciencia ética hace imperiosa la tarea de desactivar la corrupción que se ha expandido en todas las estructuras del mundo humano.

Es innegable que esta tarea es tan amplia que demanda mucho más que transparentar la labor del Estado. Sin embargo, esa ampliación es contestada por aquellos actores que dictan el ritmo de la globalización contemporánea. La razón es obvia: los poderes económicos dominantes no se pueden dar el lujo de hacerse transparentes. Dicha falta de transparencia, acondicionada bajo la cubierta de lo privado, es una condición de posibilidad para que puedan articularse estrategias perversas de desmantelamiento de las instituciones democráticas.

Por otro lado, estos grupos saben que los Estados nacionales puede establecer mecanismos de control democrático para sus políticas sectoriales. En este sentido, concentrarse en la transparencia solo con respecto al Estado es una misión que se sitúa dentro del proceso global de debilitamiento de este. En esta coyuntura global, se instituye el paradigma de la “gobernanza”, el cual asume sin más la pérdida de la soberanía estatal. En este escenario, una constelación de instituciones transnacionales organiza el marco económico de la vida humana sin responder ante los miembros de sociedades alguna.

Esta pérdida de soberanía demanda transformaciones políticas que permitan que las sociedades puedan decidir sobre las políticas que les afectan.
El constitucionalista alemán Dieter Grimm insiste correctamente en la necesidad de recrear la noción de soberanía para darle sentido a nuestros textos constitucionales.

No sorprende, pues, constatar que los sectores que dominan la economía nacional propugnen que el Estado se rija a partir de la lógica del costo-beneficio. Estos solo precisan de un Estado que proteja sus intereses en contra de las legítimas aspiraciones de la ciudadanía. Un Congreso reducido, por ejemplo, fomenta el declive de la participación política; un Estado desmantelado, sin recursos, no puede responder a los requerimientos que plantean los derechos sociales. Para estas élites, la autodeterminación colectiva es un valor que es aceptable solo en la medida en que se adecúe a sus intereses.

De este modo, si el discurso ético del nuevo gobierno es genuino no puede regirse por la lógica incoherente de élites incapaces de concebir un destino inclusivo. El discurso de los valores es superficial, epidérmico, si no se dirige a erradicar las estructuras económicas y sociales que configuran una nación tan injusta.

Es claro que tales alternativas plantearán desafíos formidables. Es evidente, sin embargo, que, si el país se rige por los intereses de las élites económicas más influyentes, el colapso se dará en un futuro no muy lejano. Las élites económicas de nuestros tiempos suelen responder a una lógica vertiginosa que reduce el futuro a la necesidad de atraer inversionistas sin un sentido de futuro que trascienda la ganancia inmediata.

Se puede concluir, pues, que el intento por erradicar la corrupción estatal es solo una parte de la tarea ciudadana. Es tal la corrupción que el Estado debe refundarse, no desmantelarse. El Estado debe promover el bien común y, por tanto, no puede convertirse en un ente subordinado a los intereses de aquellos que, en términos relativos, contribuyen menos, pero exigen más. Erradicar los problemas de la corrupción estatal es un paso para construir modos de vida que garanticen un futuro digno para nuestros jóvenes y las siguientes generaciones. La creatividad humana es tan grande que en un contexto justo se desarrollará una clase empresarial responsable.