Jueves 17 DE Octubre DE 2019
Domingo

La Corte de los milagros

Fecha de publicación: 07-02-16
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico

Sin-título-1Edelberto Torres-Rivas

La Corte de Constitucionalidad o Sala Constitucional fue creada para hacer valer el predominio de la Constitución de la República en el conjunto de la legalidad nacional. Constituye un esfuerzo por alcanzar el Estado de Derecho a través del respeto a la norma suprema que es la Constitución. Su importancia deriva de ahí, interpretar la ley suprema de la nación cada vez que es sometido a su conocimiento un asunto de su competencia. La CC fue creada en su modalidad actual por la Constitución de 1985, y en treinta años de funcionar hay que preguntarse si se ha consolidado como una institución fundamental del sistema jurídico y político que garantiza el respeto a la Constitución como norma suprema. Y que la función que realiza como la jurisdicción constitucional es un componente importante de todo Estado de Derecho. ¿Ha producido una jurisprudencia suficiente para poder afirmar que la Corte cuando interpreta la Constitución y ordena su cumplimiento la ha enriquecido? Quisiéramos creer que se ha comportado como un “legislador positivo”, sin exceder su competencia interpretativa. Pero no todo ha marchado bien.

Decididamente en el ambiente “sobre politizado” que vive la sociedad guatemalteca en estos tiempos, no alcanzan a discutirse los temas importantes, temas de debate del moderno sentido que tienen las Cortes de Constitucionalidad, un órgano que ayuda a las reformas jurídicas que el país necesita. “Politizado” alude a la existencia de mecanismos que convierten en una visión confusa conceptos cuya transparencia ayudarían más a la comprensión del racionamiento. En Guatemala está por elegirse la Corte de Constitucionalidad, es la séptima vez que ello ocurre y la primera en los últimos años en que priva un ambiente de vergüenza, en que las instituciones que nombran a sus candidatos han hecho declaraciones relativas a cómo se debe elegir. Es frecuente que la CC violente los límites interpretativos sobre todo cuando en una sociedad que quiere modernizarse, los integrantes de la Sala profesan una escuela conservadora y en la comprensión de la letra de la Constitución tienden a ser reaccionarios.

En el último tiempo la Corte ha sido integrada en su mayoría por abogados conservadores vinculados a la oligarquía y a los señores de la tierra, a los dueños del gran capital. Cuando les ha tocado juzgar e interpretar restrictivamente la Constitución, se dice que están sustituyendo negativamente al constituyente. Una simple sentencia que interpreta mal una norma constitucional produce una legislación que vuelve conservador al ordenamiento jurídico. Suele decirse que esto ha sido frecuente y se ha creado una jurisprudencia que ha vuelto a nuestra Corte en un “legislador negativo”. Los cinco gobiernos a partir del presidente Cerezo se propusieron reformas a la legislación tributaria y siempre perdieron la “batalla” frente al CACIF por la inequívoca posición conservadora de la Corte de Constitucionalidad. Nunca ha votado contra los empresarios.

La función más importante de la Corte de Constitucionalidad es la potestad de declarar inconstitucional las leyes emitidas por el Congreso, es decir, la función de mantener la condición jurídica de la Constitución como la ley suprema del ordenamiento jurídico. Como resultado de la politización de lo jurídico, la apelación a lo legal para resolver cualquier conflicto común de la vida ciudadana ha llevado a cometer excesos. La jurisdicción constitucional se llenó de causas comunes; y recurrir a la Corte de Constitucionalidad ha llevado a abusar de su fuerza y su función. A distraerla de responsabilidades superiores. Abrigo la duda de que a los magistrados se les fue de la mano el número de casos, cuando debieron rechazar, in limine, numerosas apelaciones. Y también me pregunto si no han sido retardatarios en algunas interpretaciones de la Carta Magna.

Ahora que estamos a punto de tener una nueva Corte, aspiramos que a ella lleguen abogados competentes, que reconozcan al derecho como un dato social, no solo técnico; con quince o más años de graduación (sic) y por supuesto de reconocida honorabilidad. Esto no es difícil de entender, se refiere a la honradez personal, a la decencia en la vida social, un sentido de dignidad en el trato con todos. Yo agregaría algo más, que sean profesionales con sensibilidad social que en un ambiente de modernización y cambio, como el que se está formando en Guatemala, puedan llegar a interpretaciones positivas de la Constitución. La Sala Constitucional posee el poder de interpretar positivamente las leyes y hacer lo que Kelsen decía: por momentos la Corte Constitucional es como un órgano con Poder Legislativo: el magistrado se convierte en un legislador positivo. La CC ha podido acumular mucha jurisprudencia negativa, pero eso se puede superar.

Un grupo de profesionales capaces de renovar la interpretación de la Constitución puede contribuir a completar una reforma constitucional. De paso es bueno decirlo una vez más. La actual Constitución de 1985 no es mala, son malos los que la interpretan. El gigantesco esfuerzo por llegar a constituir una Asamblea Constituyente es un precio que por ahora no podemos pagar. Integremos una buena Corte de Constitucionalidad, luchemos por reformas positivas a las leyes constitucionales. Esta es parte de la democracia que queremos.