Sábado 23 DE Marzo DE 2019
Domingo

El mandato

Análisis de Coyuntura

Fecha de publicación: 31-01-16
ilustración Víctor Matamoros > El periódico
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IPN-USAC

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos / www.ipn.usac.edu.gt

¿Qué hace la diferencia en la gestión política de los organismos del Estado en 2016? Un solo asunto: la determinación o no de los liderazgos de sacudir las instituciones y reformarlas. Eso significa hacerlas transparentes y funcionales. Fue el mandato de la ciudadanía desde las plazas y en las urnas en 2015.

Básicamente esa es la diferencia durante las dos primeras semanas de gestión entre la cabeza del poder Ejecutivo, Jimmy Morales, y quien preside la Junta Directiva del Congreso, Mario Taracena. Y es también la diferencia entre el atasque o prolongación de la crisis del Ejecutivo y el insospechado dinamismo del Legislativo.

El presidente Morales está en el plan de la inercia institucional y mientras pasan los días la opinión pública solo tiene acceso a nombramientos controversiales, por ejemplo, en el Ministerio de Comunicaciones, donde ha ocurrido la gestión de arranque más breve, apenas once días, tras la renuncia de Sherry Ordóñez, excontratista de obras, ante el riesgo de opiniones desfavorables de la Contraloría General de Cuentas; mientras el sucesor, José Luis Benito, es señalado de asociación ilícita (elPeriódico, 29/01/16 p. 3).

Críticas similares se repiten en la selección de altos funcionarios en la Secretaría de Inteligencia del Estado y en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, que conforman el primer círculo de seguridad del gobernante; además en la oficina del registro catastral. También hay serias críticas por el retorno de asesores relacionados con actos de corrupción en el Ministerio de Salud, y suspicacias en la propia SAAS, donde es poderosa la sombra del coronel retirado Armando Melgar Padilla, propietario de empresas de seguridad, y jefe de seguridad de Morales desde la campaña.

Las primeras iniciativas del mandatario no están en la sintonía de la gente en las plazas ni de las urnas. Un donativo de equipo usado y de medicamentos para los hospitales, despertó más sospechas que entusiasmo porque vino de los proveedores. La colocación de deuda interna para financiar el presupuesto, arqueó las miradas, aunque aún no ha desatado las críticas de quienes advierten los riesgos del endeudamiento, sobre todo si es para operaciones de funcionamiento. La idea de ahorrar poniendo a trabajar al Ejército en la construcción de 8 mil kilómetros de carreteras con la maquinaria pagada a precio de fábrica por el gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti, aunque era de segunda mano, tampoco convence.

Ese cuadro, entre caótico e improvisado del Ejecutivo en la primera quincena, pudo haber pasado más discretamente si no hubiese contraste con la gestión del Congreso. Mario Taracena empezó, desde el día 18, sacudiendo el árbol al dar a conocer las planillas y los desproporcionados salarios de los empleados y funcionarios de ese Organismo, que se mantenían como información reservada. Los datos conmocionaron a la opinión pública. Acto seguido arrancó la maquinaria y en dos semanas aprobó tres leyes, y adelantó otras dos que son clave en la reforma del Estado (Ley Orgánica del Congreso y Ley Orgánica del Ministerio Público), mientras fue a indagar a la Corte de Constitucionalidad por el dictamen esperado desde el año pasado de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Con estas acciones Taracena no solo ha dejado electrizados a los diputados, sin capacidad de reaccionar o boicotear; ha ganado a la opinión pública y, además, convirtió en pocos días al Congreso en el epicentro político del Estado. En el Legislativo convergen ahora los movimientos ciudadanos producto de las movilizaciones de 2015, el comisionado de la CICIG, la Fiscal General, el Procurador de los Derechos Humanos, los académicos y la comunidad internacional, o sea, aquellos que quieren discutir la reforma del Estado. El presidente Morales deberá acudir mañana a presentar sus puntos, después de que los últimos tres gobernantes rehuían y menospreciaban al Congreso.

Para lograr esta transformación Taracena se ha apoyado en dos factores de poder extraparlamentarios: la comunidad internacional, en particular la embajada de los EE. UU. y la CICIG, y en la ciudadanía muy atenta ahora al quehacer político. Los medios de prensa reflejan exactamente esas dinámicas y colocan las preguntas incómodas a los altos funcionarios.

Esos mismos factores de poder han estado dispuestos a hacer lo mismo en el Ejecutivo, pero, a pesar de los aparentemente bajos compromisos de campaña del presidente Morales, no lo han conseguido, sino a medias (Ministerio de Gobernación). Más allá del Ejecutivo y el Legislativo se instala un ánimo institucional de sacudir el árbol y provocar reformas. Al menos es lo que se percibe en los liderazgos del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría General de la Nación y un tanto tímidamente en la Contraloría General de Cuentas. La PDH ha continuado su labor a tambor batiente, pero la Corte Suprema de Justicia, así como algunos jueces parecen perder el paso en ciertos momentos.

La revolución ciudadana “sin cambios revolucionarios” de 2015 ha entrado a una segunda etapa en la cual la demanda se traduce en reforma institucional y una buena selección de magistrados de la CC. Los riesgos de desestabilización, desde luego, no están conjurados. La polarización por los juicios a viejos mandos militares ha penetrado al Ejército activo y la rendición judicial de cuentas a alcaldes y diputados caudillos regionales pueden abrir focos de ingobernabilidad; sin embargo no existe el detonante, que solo podría provenir de factores tradicionales de poder que se perciban acorralados.

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