Domingo 26 DE Mayo DE 2019
Domingo

Tareas pendientes para el Congreso de la República

Cesar Sigüenza
Sociedad de Plumas

Fecha de publicación: 24-01-16

Tras lo acontecido en el 2015, en el que se vivieron momentos políticos y sociales trascendentales, que trajeron consigo una serie de esperanzas de cara al futuro de nuestro país, queda en el aire o en el ambiente una duda o expectativa por los siguientes pasos a tomar para no repetir los errores del pasado.

Y es que si bien la ciudadanía ha tenido un despertar en la manera en que observa y afronta las cuestiones públicas, y se han sembrado nuevas expectativas de avance para el país por los procesos penales en contra de funcionarios acusados de corrupción, es claro que los cambios de fondo, que ataquen las causas originarias de la situación en la que nos encontrábamos, todavía no se han logrado.

Estos cambios, aunque prioritarios y de reconocimiento generalizado, sin embargo, no están plenamente asegurados en un futuro cercano, pues como se ha identificado, todavía existen trabas y retos que superar, si se desea que los principales errores cometidos en el pasado no se repitan.

En este escenario, las autoridades que tomaron posesión de sus cargos el 14 y 15 de enero, deben tener conciencia de que están frente a la valiosa posibilidad de hacer un cambio para bien. De hecho, las autoridades municipales, las de la administración central y los diputados al Congreso de la República, tienen un rol importante y distinto que jugar, si es que se quiere alcanzar y afianzar las bases que sustenten de una vez por todas el desarrollo sostenible de nuestro país.

Con base en lo anterior, es preciso señalar que tanto las autoridades municipales, como el Presidente de la República y el resto de funcionarios al frente del Organismo Ejecutivo, tienen una agenda complicada, pues a la vez que deben abordar la discusión de reforma y rescate institucional de fondo, que se observa como punto esencial para corregir los errores del pasado dieron lugar a la corrupción e inoperancia del Estado, deben atender una crisis generalizada en la administración pública.

Esto significa que, sin dejar de lado la responsabilidad que tiene el presidente Morales de cara a los cambios y reformas de fondo en el Estado de Guatemala, el Congreso de la República enfrenta el reto de ser quien en gran medida lidere la discusión y eventual reforma estructural, que rescate las instituciones públicas y que a su vez marque una ruta de desarrollo para el país.

En este contexto, la ciudadanía debe jugar un rol importante de acompañamiento y exigencia con los diputados al Congreso, pues estos deben tener claridad respecto de qué se espera de ellos en los siguientes cuatro años de legislatura. Esta claridad, claro está, no es tarea sencilla, pues de entrada significa que cada uno de los sectores que integra la sociedad guatemalteca, en parte tendrá que sacrificar algunos temas de su interés particular, dejando ese espacio para que lo ocupe lo importante.

Pero qué es eso que podemos denominar como importante y prioritario para la reforma estructural del Estado. Esta interrogante, en gran medida fue resuelta por la crisis que motivó el hartazgo ciudadano, pues la falta de instituciones fuertes fue el ambiente propicio para que se generalizara la corrupción y la ineficiencia e ineficacia del Estado.

Es decir que, aunque parezca ya trillado, la prioridad debe seguir siendo la reestructuración institucional de las entidades clave del Estado. Esto aunque parezca sencillo a primera vista, en la práctica no lo es necesariamente.

La fortaleza institucional para la efectividad del Estado, bajo el modelo republicano sobre el que está construido el Estado de Guatemala, pasa por prestar especial atención a los límites del poder público, a eliminar la discrecionalidad de los funcionarios públicos, a resguardar los derechos individuales y a contar con un sistema de justicia imparcial e independiente, así como controles transversales efectivos, léase Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas, que estén diseñados de tal manera que no puedan ser capturados o cooptados por ninguno de los tres poderes del Estado o por intereses políticos.

Lo anteriormente dicho significa en otras palabras que los poderes vigentes en Guatemala, deben abandonar un espacio de su propio poder a cambio de asegurar el bien común. Es decir, que se debe, de una vez por todas, abandonar el modelo estatal propenso a la influencia externa, por uno que de verdad resguarde al individuo, al interés general y que promueva el correcto trabajo del aparato estatal.

Como podemos ver, la tarea no es fácil, sin embargo, tampoco es imposible. Pues si algo nos enseñó el año pasado es que con voluntad y el manejo correcto de la presión pública y política, los cambios, aunque sean difíciles, se logran alcanzar.

Sirva para este caso, el ejemplo de la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado aprobada a finales del 2015, que con todo y que no es perfecta, es evidencia que incluso aquellos actores políticos que en un principio no estarían dispuestos a cambiar las reglas de juego actuales, pueden verse convencidos a modificar sus acciones, si se cuenta con el impulso y presión necesaria.

Por esto, es importante repetir constantemente que la tarea pendiente del Congreso de la República, no es otra que la reforma para el fortalecimiento institucional del Estado de Guatemala, que busque como primer punto el límite real del poder y resguardar al aparato público de las influencias externas, así como introduzca las reglas e incentivos necesarios que de verdad promuevan el cumplimiento del mandato de las entidades públicas.

Finalmente, la tarea aunque es compleja, como ya he intentado exponer, no es necesariamente imposible, pues de hecho el 2015 ya nos dejó una muestra de por donde empezar para corregir el rumbo, los dos primeros pasos son: 1) Asegurar la independencia e imparcialidad del Sistema de Justicia y dotarlo de apoyos clave, que también deben ser imparciales e independientes, que son el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas; y, 2) Asegurar una reforma política de fondo que transforme la clase política, en el sentido de que se tengan verdaderos incentivos para favorecer los intereses de los ciudadanos y que de lo contrario, se tenga la posibilidad de castigarlos tanto políticamente como legalmente.

Espero que en la medida de lo posible, sirva este esbozo de propuesta como un insumo más para la discusión de los pasos que debemos tomar de cara a construir una Guatemala próspera y en paz.

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.