Domingo 25 DE Agosto DE 2019
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Interpretaciones sobre el cambio político en Guatemala. Las lecciones de 2015. (Parte II)

Fecha de publicación: 17-01-16
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico

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Manolo E. Vela Castañeda

manolo.vela@ibero.mx

En la primera parte de este artículo anuncié mi intención de analizar el momento que vivió nuestro país de abril de 2015 a enero de este año. En aquella pieza abordé la caída de “La Línea”, la red de defraudación aduanera. Daremos ahora un paso atrás y analizaremos el sistema en el que aquella organización criminal operó. “La Línea” puede ser tomada como el hilo suelto, del que podemos tirar, que sirva para entender el funcionamiento de la política en Guatemala.

El campo de la política guatemalteca se caracteriza por una debilidad grave y congénita (viene desde el nacimiento, en 1985, cuando las elecciones y los gobiernos civiles, de ese entramado institucional). Esa debilidad tiene tres dimensiones principales (tiene muchas más, pero aquí nada más analizaremos esas).

La primera: es un poder político débil frente al poder económico. Y ello se ejemplifica en las posiciones que, en el gabinete de gobierno, quedan en poder de los grupos empresariales (generalmente: Finanzas, Economía, Energía y Minas, y Comunicaciones). Esa debilidad frente al poder económico se manifiesta también en la carga tributaria. ¿Qué es la carga tributaria? Es la relación entre lo que el país produce y lo que el Estado alcanza a recolectar, en impuestos. Nuestro diez por ciento de carga tributaria en relación con el PIB (Producto Interno Bruto), nos ubica solo por delante de unos pocos países en el mundo: Sudán (8.8), Timor del Este (6.0), Burma (4.2), Nigeria (4.1), Sudán del Sur (3.1).

La segunda: dada la debilidad frente al poder económico, y la carga tributaria, el poder político en Guatemala tiene poco que administrar, como no sean instituciones débiles, carentes de recursos, que se hallan en un estado de permanente crisis. El gasto del Gobierno en relación con lo que Guatemala produce alcanza un 11 por ciento. Ello incluye, por supuesto, el gasto destinado a las instituciones de justicia. Estas cifras nos colocan, de nuevo, solo por delante de unos cuantos países africanos.

La tercera. Es un poder político débil desde sus bases de poder, atadas a cacicazgos departamentales que administran y venden a los partidos redes de clientelismo, en las que se articulan constructoras privadas, organizaciones no gubernamentales, asignación de plazas y contratos. La reelección indefinida de alcaldes y diputados, así como la forma como se pacta el presupuesto han reforzado esta tendencia que abre las puertas a un tipo de corrupción desde abajo.

Así, el poder político en Guatemala puede ser calificado como un caso paradigmático de extrema debilidad. La volatilidad del sistema de partidos políticos es una expresión de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que el partido que gobierna, desaparece, la excepción –que confirma la regla– parece ser la UNE, Unidad Nacional de la Esperanza. Esta volatilidad viene a reforzar un sentido de extrema irresponsabilidad política, porque ¿para qué gobernar bien, si de todos modos el partido desaparecerá?

Y este poder político, débil, en extremo, como hemos visto, se asienta sobre una de las sociedades más desiguales en el mundo. La número 11 más desigual. Solo mejor que Zambia, Namibia, República Centroafricana, Sierra Leona, Botsuana, entre otras. Aspiramos a tener un régimen político que funcione tan bien como la democracia norteamericana en una sociedad tan africana.

A estas grandes tendencias que venían del siglo XX: un poder político débil en una sociedad tan desigual, ha venido a sumarse, ya en el siglo XXI, una dinámica destructiva: la violencia, esos 16 homicidios que –en promedio– ocurren a diario. Desde 2001, con la gran transformación que se dio en el mercado de la droga y el auge de los carteles mexicanos, Guatemala pasó a ser lugar estratégico para el transporte de “la merca”. Ello representa una fuente (extra) de dinero para las elites políticas, para la economía del país y, por supuesto, para el sistema financiero.

“La Línea” fue una expresión de estas grandes tendencias. De cómo las elites políticas fueron deslizándose por un oscuro tobogán de degradación moral, acostumbradas a actuar sin contrapesos, porque las instituciones llamadas a ejercer el control son extremadamente débiles, carentes de la autonomía para ejercer sus funciones, en un contexto de auge de las organizaciones criminales; y con unas elites económicas interesadas en mantener una serie de privilegios fiscales, con picaporte hasta adentro del gabinete de Gobierno.

La variable que posibilitó empezar a jalar el hilo de esa madeja fue el cambio que, desde la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), se introdujo en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia, fortaleciendo la autonomía de dichas instituciones, lo que ha coadyuvado a desbaratar varias estructuras corruptas. Hasta allí hemos llegado. Las transformaciones institucionales para un cambio de las tendencias antes descritas es aún una tarea pendiente; y la posibilidad de que el cambio operado se revierta sigue a la vuelta de la esquina.

* Manolo E. Vela Castañeda, “Interpretaciones sobre el cambio político en Guatemala. Las lecciones de 2015. (Parte I)”. elPeriódico, Guatemala, 13 de diciembre.