Martes 13 DE Noviembre DE 2018
Domingo

El 14 de enero, la agenda de reformas la puso el Congreso

Análisis de Coyuntura

Fecha de publicación: 17-01-16
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IPN-USAC

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos / www.ipn.usac.edu.gt

Si los actos simbólicos de transmisión del mando del Estado se analizan en su contexto y se proyectan como estrategias de poder y gobernabilidad en el futuro inmediato, una primera conclusión del 14 de enero es que la iniciativa política la tomó esta vez el Congreso de la República, por cierto, la institución democrática más desprestigiada y expuesta a una “depuración” ciudadana y judicial.

Nunca en la historia de 30 años de democracia el ordinariamente protocolar discurso de instalación de un Presidente del Congreso, había rivalizado en contenido y poder con el del Presidente de la República. Lo hizo esta vez, no obstante su alocución breve y gris, el recién electo presidente de la Junta Directiva del Organismo Legislativo, el veterano diputado Mario Taracena de la UNE, al colocar la agenda de reformas de Estado.

El presidente Jimmy Morales, de oratoria impecable y brillantemente emotiva, no alcanzó a articular la estrategia del gobierno que conducirá los próximos cuatro años.

La UNE, el partido que postuló a Sandra Torres en las elecciones de 2015, en las que fue ampliamente derrotada, ganó sin embargo la minoría parlamentaria más significativa. Y a partir de un bloque de 34 diputados soldó una alianza multipartidaria para ganar la conducción del Congreso con 119 votos.

Taracena encabeza ahora una Junta Directiva que coaliga las estructuras de los partidos de la política tradicional (clientelar), que no incluyó al nuevo partido oficialista FCN-Nación del presidente Morales ni a las expresiones del partido Lider de Manuel Baldizón que están adquiriendo nuevos nombres.

El presidente del Congreso, uno de los políticos conservadores más antiguos del Congreso, logró el acuerdo con el recién organizado bloque del partido Reformador –que vació al partido Patriota–, liderado tras la escena por Alejandro Sinibaldi,
exministro de Comunicaciones y ex precandidato presidencial de Otto Pérez, que finalmente no corrió; además, con el partido Todos, cuyo secretario general es Felipe Alejos, al que se adhirió el expresidente Alfonso Portillo, aunque fue descalificado por el TSE como candidato a diputado. Esas tres agrupaciones, a las que se sumaron pequeñas bancadas como UCN, CREO-Unionistas y Viva, más algunos diputados independientes, dominaron la primera sesión de la nueva legislatura.

Al asumir el cargo Taracena reivindicó lo que el Congreso desoyó en 2015, durante las movilizaciones y demandas ciudadanas que pusieron en jaque al poder político. Ofreció limpiar la corrupción administrativa del Legislativo, a la vez que adoptó una agenda de reformas de Estado que en gran medida son reivindicadas por los movimientos cívicos, apoyados por la comunidad internacional: Ley Orgánica del Congreso, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Servicio Civil, Ley del Organismo Judicial y Ley Orgánica del Ministerio Público, es decir, la arquitectura básica para la reconstitución institucional del aparato público, que es precondición de cualquier política pública sostenible.

El gran vacío en la nueva legislatura y el gobierno recién instalado fue el tema fiscal. Sin recuperar la capacidad tributaria del Estado, seriamente vulnerado en los últimos años, las reformas y las políticas simplemente son inejecutables.

Por su lado el presidente Morales, en el discurso inaugural de su administración autenticó en los movimientos ciudadanos de 2015 que parcialmente dieron al traste con los partidos tradicionales, su partida de nacimiento como gobernante.

Reafirmó que su mandato central era la lucha contra la corrupción y la gestión de un gobierno transparente, pero no delineó la hoja de ruta para cumplir esa misión. Reclamó reiteradamente la responsabilidad y participación de la sociedad, aunque no hizo mención de los mecanismos.

Habló de comenzar a recuperar, a partir del lunes 18 de enero, los servicios hospitalarios soportándose perentoriamente en donaciones privadas. Se propuso la meta de disminuir la tasa de desnutrición infantil, que alcanzaría diez puntos porcentuales al cabo de la próxima década, e implícitamente de ponerse al día con uno de los Objetivos del Milenio, la cobertura universal de la escuela primaria.

En un sentido positivo podría verse que el Congreso y el Ejecutivo tendrán estrategias complementarias: unos ponen las normas sustantivas y el otro las ejecuta. Si ese fuese el caso significa que el eje del poder político se traslada al Parlamento. La probabilidad de ese cambio dependerá de la capacidad de conducción política de los bloques, controlando las presiones de las redes clientelares de los partidos.

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