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Domingo

El factor internacional en la coyuntura

Análisis de Coyuntura

Fecha de publicación: 20-12-15
Ilustración jorge de León > El periódico
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IPN-USAC

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos / www.ipn.usac.edu.gt

La crisis que se desveló en 2015 es de estatalidad. Durante años se fue configurando como una crisis pasiva, con estallidos esporádicos, como las matanzas en las cárceles, los escándalos de corrupción y la inoperancia institucional que mostraban de manera localizada la profundidad de la descomposición.

Al menos tres de los factores que hacen una crisis de estatalidad estaban presentes desde hace al menos 20 años, evolucionando en sus manifestaciones negativas: 1) La no prestación de servicios básicos a la población, 2) La pérdida de control soberano sobre porciones relevantes del territorio nacional y 3) La desconexión de las líneas de mando en la administración pública, donde muchas oficinas operan como parcelas de los poderes fácticos.

Un cuarto factor, inédito, se activó en 2015 desvelando otra dimensión grave de la crisis. Fue la constatación de que las más altas autoridades democráticas dirigían una estructura criminal. La acusación penal de la CICIG y el MP configura en “La Línea” una estructura que rebasa el típico cuadro de corrupción; además, la serie de casos abiertos en contra de ejecutivos del Gobierno central, diputados, alcaldes, jueces y magistrados pone de manifiesto la extensión y profundidad del problema.

La reacción ciudadana en las plazas revistió de mayor legitimidad las acciones judiciales del MP y la CICIG, pero por sí mismas fueron insuficientes para revertir la crisis. Las elecciones del 6 de septiembre y del 25 de octubre golpearon con precisión de cirujano los proyectos de relevo en la Presidencia de la República, pero las estructuras políticas y económicas ilícitas permanecen básicamente intactas.

La gestión del Gobierno que encabezará Jimmy Morales tendrá dos parámetros de evaluación. Por un lado la ciudadanía, activa e interesada más directamente en los asuntos públicos. Por otro lado la mirada internacional de la crisis de estatalidad guatemalteca, que operará como línea constante y transversal en los próximos años.

En otras palabras, la crisis de estatalidad convierte el país en fuente de inseguridad internacional en una región sensible para Estados Unidos. El primer aviso ocurrió en 2014 con la emigración de decenas de miles de niños no acompañados. Era un síntoma de la gravedad de los problemas sociales y de seguridad en el cono norte de Centroamérica, capaz de generar lo que el presidente Barack Obama calificó como una “crisis humanitaria”.

Los tres países del norte de Centroamérica entraron en la definición de prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos en el mundo, junto con Siria, Rusia-Ucrania, Irak e Irán. Esa calificación modificaría el tratamiento de Washington a la zona. Se organizó un programa para inyectar recursos a los países, la Alianza para la Prosperidad, que caminó rápidamente en su diseño y se estancó en su ejecución, pues la “alianza” supone compromisos mutuos que los centroamericanos reniegan y que algunos grupos de interés locales quisieran capturar en su ejecución financiera.

En esa discusión se volvieron tirantes las relaciones de Washington con el gobierno de Otto Pérez y Juan Orlando Hernández de Honduras. En marzo de 2015 el vicepresidente Joe Biden viajó a Guatemala pidiendo la prórroga de la CICIG como condición para calificar en el plan, y dejó en claro además que la vicepresidenta Roxana Baldetti no era del agrado de Estados Unidos. Poco después, a mediados de abril, la CICIG sacaría su batería de casos haciendo imposible para Pérez Molina no extender el mandato de la Comisión.

Baldetti no tardó en caer, pero tanto Washington como varias de las poderosas cámaras empresariales preferían que Pérez concluyera su periodo en enero de 2016, ante el riesgo de rompimiento constitucional o que el vacío de poder generara inestabilidad y caos. Las marchas ciudadanas que se prolongaron hasta fines de agosto dejaron claro otro mensaje: que el presidente no podía continuar y debía ser juzgado, como finalmente ocurrió. Entre tanto, la CICIG continuaba la batida, las cámaras de empresarios se inclinaban progresivamente por la renuncia del mandatario y en Washington varios congresistas mostraban inquietud sobre lo que ocurría en el país.

Desde 2014 Washington vio en la CICIG una fórmula a replicar en El Salvador y Honduras, que ha sido rechazada. Tegucigalpa creó su propia propuesta con la OEA, pero aún no da el paso de firmar el acuerdo y los términos del organismo se pondrán más estrictos; sin embargo, igual que en Guatemala, los alineamientos han caminado por otras vías, como las acusaciones internacionales y extradiciones. En Honduras una familia tradicional del establishment, los Rosenthal, está acusada de lavado de dinero del narcotráfico, mientras el influyente expresidente Rafael Callejas ha tenido que entregarse a las autoridades estadounidenses por el escándalo de la FIFA.

Bajo esos dos factores de control –ciudadanía activa y Washington– el futuro gobierno de Morales tendrá que aprender a lidiar con una administración pública en ruinas, sin haber podido conformar un equipo que despierte confianza y con un próximo Congreso díscolo que ahora mismo prepara su reestructuración política interna. Al lado de su propia gestión y las batidas de la CICIG, muy probablemente Morales asista, como en Honduras, a una recomposición de los actores económicos de poder.

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