Jueves 12 DE Diciembre DE 2019
Domingo

Las agendas empresariales en el nuevo gobierno guatemalteco

Jorge Mario Rodríguez Martínez

Fecha de publicación: 13-12-15
Ilustración jorge de león > El periódico

Es indudable que la ciudadanía guatemalteca se acerca con más escepticismo que esperanza al cambio de gobierno programado para el mes entrante. Un evento electoral llevado a cabo en medio de una de las crisis políticas más profundas de nuestra historia reciente ha allanado el camino a uno de los gobiernos más enigmáticos que hayamos tenido. A pocas semanas de la toma de posesión, no se pueden prever los planes concretos de país que guiarán el nuevo ejercicio gubernamental, aunque ya se haga evidente la fisonomía ideológica conservadora y neoliberal que informará sus políticas. No puede extrañar, por tanto, que sectores importantes de la ciudadanía se estén preparando para someter, en las redes sociales y en las calles, a un escrutinio severo las acciones del gobierno de Jimmy Morales.

El problema consiste, a grandes rasgos, en el déficit de legitimidad generado por el contexto impropio en que se realizó el evento electoral. La ciudadanía decidió ir a las urnas, no para expresar su opción por planes de gobierno, sino únicamente para impedir el acceso de partidos identificados con la defenestrada mafia política. Sin embargo, desde muy temprano la comprensión ciudadana de la corrupción política traspasó el ámbito del ejercicio político partidario. Poco a poco, y dado el carácter errático de las decisiones de organizaciones como el CACIF, la conciencia ciudadana se enfocaba en el ámbito en el que se mueven actores poderosos que siempre han manipulado al Estado para hacerlo servir a sus intereses.

De este modo, es un profundo error pensar que el programa de gobierno obtendrá su legitimidad exclusivamente de la lucha contra la corrupción política. La complejidad de las demandas ciudadanas no se agota en una propuesta tan simplista. La legitimidad política solo se obtiene cuando se apela a un consenso que recoge las aspiraciones más sentidas de la ciudadanía. Y un tiempo como el nuestro es de crisis precisamente porque las demandas atañen a la misma estructura social, la cual expresa una corrupción sistémica que beneficia a sectores económicamente poderosos que quisieran que su cuota de responsabilidad en la corrupción política fuese pasada por alto.

El objetivo de darle un margen aceptable de legitimidad al nuevo gobierno se complica a medida en que se perfilan, entre otras cosas, los intentos de la derecha empresarial organizada —autoritaria, rentista y conservadora— no solo por cooptar los espacios del poder del nuevo gobierno, sino también por acallar las voces críticas. En este escenario se explican por sí mismas medidas poco adecuadas, como el reciente despido de destacados columnistas críticos en Prensa Libre. Estas medidas, sin embargo, han sido contrarrestadas a través del compromiso cívico de otros medios, así como por el movimiento de las redes sociales.

En términos generales, estas agendas empresariales —promovidas por entidades como el CIEN, el CEES y Fundesa— plantean defender los intereses de sus financistas a costa del más mínimo sentido de bienestar para la población guatemalteca. Empero, a la vista de tragedias como la terrible crisis que viven los hospitales ¿cómo puede ganar el apoyo ciudadano las propuestas de austeridad presupuestaria de un sector empresarial alérgico a los impuestos pero adicto a las exenciones fiscales? El intento de imponer estas perspectivas constituye una auténtica agresión contra una ciudadanía que comprende que la recuperación del bien común demanda el rescate de la digna naturaleza de la política.

Ni siquiera se puede afirmar que el buen ejercicio gubernamental se puede garantizar a partir de soluciones “técnicas”. Para comenzar, la ciencia económica no tiene ese rango de ciencia dura que promueven sus adoradores, especialmente en nuestro medio. En sus versiones más extremas dicha apelación a la ciencia se resquebraja dado que ni siquiera se plantea un nivel mínimo de consistencia. ¿Cómo puede explicarse que, por un lado, se haga caso omiso del consenso científico que apunta a un cambio climático y, por el otro, se insista en el carácter científico de la economía? En uno u otro caso se hace claro que lo que priva no es el respeto al discurso científico, sino la defensa de ciertos intereses económicos.

El nuevo gobierno debe aceptar de una vez por todas que seguir la ortodoxia neoliberal solo va a aumentar los niveles de conflictividad de este país. La tarea nacional de nuestro tiempo debe plantear caminos de desarrollo integral en un contexto planetario que se enfrenta al ingente desafío del crecimiento de la desigualdad en el seno de una crisis ambiental y ecológica sin precedentes. Ya no podemos seguir como una sociedad sin ideas que solo actúa en reacción a lo que sucede en el mundo o a partir de las directivas de poderes geopolíticos que adolecen de una trágica cortedad de miras.

Con todo, cada vez se evidencia más que también hay sectores empresariales que reconocen su responsabilidad de cara a los tiempos; grupos que incluso desean contribuir con sus impuestos a la consolidación de una sociedad viable, decente y justa. Esta es una tendencia que debe ser promovida desde el nuevo gobierno dado que se inserta en el esfuerzo general por construir el bien común.