Jueves 21 DE Febrero DE 2019
Domingo

Interpretaciones sobre el cambio político en Guatemala. Las lecciones de 2015. (Parte I)

Fecha de publicación: 13-12-15
Ilustración jorge de león > El periódico
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Manolo E. Vela Castañeda

manolo.vela@ibero.mx

A lo largo de varios artículos me propongo contar y explicar (siempre he creído que una buena descripción es la base para una buena explicación) lo que ha ocurrido en Guatemala desde el 16 de abril de 2015 hasta este enero de 2016. Ese tiempo va de la conferencia de prensa en la que se anunció la existencia de la red de defraudación aduanera, hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. ¿Qué temas me propongo abordar? El descubrimiento de la red de defraudación aduanera, la emergencia de un movimiento social, las interacciones entre el movimiento social y el Estado, la batalla electoral y el nuevo gobierno.

Primer acto: cómo se destapa una cloaca

La historia está hecha de instantáneas. Breves instantes que se quedan grabados en la memoria. Momentos estelares.

El momento en que en Guatemala todo empezó a cambiar tuvo lugar el 16 de abril de 2015. En una conferencia de prensa, Luis Arturo Archila, fiscal general en funciones, Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, Carlos Ruiz, secretario general del Ministerio Público, Óscar Schaad, jefe de la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad), e Iván Velazquez, el jefe de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), denunciaron la existencia de una red de defraudación en las aduanas del país. Aquel día, la conferencia anunciaba, además, la realización de operativos policiales con los que se dio la captura de varios de los implicados.

Como parte de la cadena de mando del grupo criminal, llamado “La Línea”, se señaló a jefes de la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria), mandos a nivel de dirección de la SAT, jefes de oficinas regionales, vistas de aduanas, miembros del sindicato, y tramitadores. También, tenían un lugar importantes intermediarios

Hasta allí, la noticia pudo resultar inofensiva (y quizá hasta beneficiosa) para el gobierno, que hubiera podido salir anunciando una nueva cruzada contra la corrupción. Pero hubo un eslabón –en la cadena de mando del grupo criminal– que lo iba a transformar todo: el capitán retirado Juan Carlos Monzón Rojas, el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. En la presentación del caso, en aquella conferencia de prensa, el capitán Monzón aparecía como el mando superior de la estructura. La presencia de JC, el poderoso Secretario Privado de la Vicepresidenta iba a hacer que las dudas sobre el involucramiento de la cúpula del Partido Patriota en “La Línea”, que ese era el nombre de la estructura, se fueran transformando en una creciente indignación ciudadana, lo que analizaremos en otro artículo.

¿Qué era “La Línea”? “La Línea” fue una estructura ilícita con el propósito de, defraudando al Estado por la vía de la reducción de los aranceles de importación, movilizar recursos económicos hacia intereses privados. En “la línea” coincidían líderes políticos, funcionarios de gobierno, militares retirados y en activo, jueces y abogados, comerciantes, narcotraficantes y militantes de extrema derecha. Aquí se hallaban operadores políticos de viejo cuño, como Luis Mendizábal, y Francisco Javier Ortiz Arriaga. Desde los años ochenta, Mendizábal ha estado en el centro de intentos de golpe de Estado y conspiraciones. Ortiz, por su parte, conocido en los bajos mundos como el “teniente Jerez”, perteneció a la “red Moreno”, la estructura de defraudación aduanera que operó en los años noventa. Quizá la línea era un nombre nuevo a una estructura que era parte de las reglas no escritas del poder en Guatemala. Una estructura que tenía bajo su control –desde el tiempo de cuando los militares gobernaban el país– nada menos que las importaciones y las exportaciones, todo lo que entraba y salía del país.

El anuncio de la existencia de la red de defraudación aduanera cayó como un rayo en una noche tranquila. Hasta aquel momento, las elecciones –los partidos en una irrefrenable campaña anticipada– tomaban un rumbo más o menos normal; el gobierno había anunciado su posición de no permitir más la extensión de mandato de la CICIG; y en el Congreso la alianza entre el Partido Patriota y Lider (Libertad Democrática) aseguró el presupuesto 2015, dio forma a la conformación de la Corte Suprema de Justicia y al puesto de jefe de la Contraloría General de Cuentas. El gobierno y el empresariado empujaron una ley con la cual podía bajarse el salario mínimo en municipios, un viejo proyecto del sector empresarial. Estados Unidos anunciaba el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. El gobierno defendía uno de sus últimos negocios: la compra –por más de Q100 millones– de una fórmula con la cual acabarían con la contaminación del lago de Amatitlán.

Hacia abril de 2015, la democracia guatemalteca parecía descarrilada. Un país con graves desigualdades, con un alto porcentaje de su población viviendo en la pobreza, sin un Estado capaz de llevar adelante políticas sociales, con unas elites económicas que continuaban más interesadas en sus negocios que en el país, con unas elites políticas corruptas e irresponsables y con altos índices de violencia. ¿Qué cambió en 2015? Continuará.

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