Jueves 5 DE Diciembre DE 2019
Domingo

El hacinamiento en las cárceles: un costo muy alto para el Estado y la Justicia

Pedro Cruz
Sociedad de Plumas

Fecha de publicación: 13-12-15
Ilustración jorge de león > El periódico

El hacinamiento en las cárceles da pavor. Según los registros carcelarios, publicados por diferentes medios de prensa, la capacidad de los centros de detención está en el orden de las 6 mil 700 personas, pero la cantidad de detenidos casi triplica ese número, o sea que en realidad son cerca de 19 mil privados de libertad.

Para los culpables, las cárceles se han convertido en las escuelas para aprender y perfeccionar las técnicas de la extorsión, de la corrupción, de la tortura y del asesinato. Para los inocentes o los que esperan una resolución, las prisiones se han vuelto un lugar donde la aplicación de la justicia está soterrada por su inoperancia y su falta de efectividad. El cielo para unos y el infierno para otros.

En lo que va del año, según la Procuraduría de Derechos Humanos, en las cárceles del país han muerto 94 personas. De estas, 46 han sido por causas violentas, incluyendo a los pandilleros recluidos en la Granja Penal Canadá.

El Procurador de los Derechos Humanos declaró esta semana que “el sistema penitenciario es una vergüenza nacional y mundial, porque no da muestras de interés y eficacia para abordar temas prioritarios en beneficio de la ciudadanía”. A decir del funcionario, uno de los temas que hay que trabajar es el “hacinamiento espantoso”.

Y la crisis económica no parece dar para mayores inversiones: para el Estado, la sobrepoblación carceleria representa una demanda creciente de recursos financieros para cubrir el suministro de alimentos; la contratación de más guardias de presidios; la provisión de servicios de salud; la construcción de cárceles de máxima seguridad; la construcción de talleres para favorecer su rehabilitación, por citar algunos ejemplos.

Se estima que cerca de 10 mil privados de libertad no han sido condenados por ser culpables, o liberados por ser inocentes, porque el número de juzgados es insuficiente, o porque los que existen no tienen los recursos humanos, materiales y financieros que necesitan para agilizar los trámites. Muchos son los casos de personas detenidas que, cuando al fin se les somete al debido proceso, resulta que no se les comprueba su culpabilidad o la pena carcelaria que se les impone ya fue ampliamente cumplida.

¿Cómo disminuir sensiblemente el hacinamiento sin dejar de aplicar la justicia? ¿Cómo reducir el gasto en alimentación de los privados de libertad? ¿Cómo rescatar el trato digno a los procesados y a sus familiares? En fin, ¿cómo reasignar recursos en el sector justicia, sin ponerla en riesgo?

Atreverse a dar soluciones puede parecer una tarea muy atrevida, pero para quienes hemos incidido en cambios importantes para el país a través de nuestra participación social, consideramos un deber cívico aportar recomendaciones a los integrantes del sistema judicial para paliar la crisis.

Una opción de economía importante para el Estado sin descuidar la aplicación de la justicia sería que aquellos encarcelados que no representan riesgo de fuga puedan acceder al arresto domiciliario como medida cautelar. Así como existen casos de personas cuya responsabilidad penal debe castigarse con todo el peso de la ley, hay víctimas colaterales cuya trayectoria de vida permitiría continuar con el proceso penal afuera de los recintos carcelarios. Esto coincide con el espíritu del Código Procesal Penal, que deja la cárcel como último recurso, significando con ello que previamente deben agotarse otras instancias.

Para ello, es indispensable contar con jueces independientes e imparciales que valoren de manera objetiva las pruebas; que velen por la aplicación de una justicia expedita y humana, basada en valores como la verdad, la dignidad y la eficiencia de la función judicial.

Señores Jueces, las actuales y futuras generaciones de Guatemala se lo agradecerán.

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