Martes 21 DE Mayo DE 2019
Domingo

La evaluación del nuevo gobierno empieza mañana

Análisis de Coyuntura

Fecha de publicación: 25-10-15
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico Por: Análisis de Coyuntura

IPN-USAC
Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos / www.ipn.usac.edu.gt

El reloj de arena para el presidente que será electo hoy, empieza a caminar inmediatamente, o sea, a partir del lunes 26. No será, como otras veces cuando el capital político se comenzaba a desgranar el día de la transmisión de mando, el 14 de enero a las 14 horas.

Tras las movilizaciones ciudadanas abril/septiembre, el movimiento pendular del voto cuatrienal, que iba del centro-izquierda hacia el centro-derecha, ha pasado a un segundo plano. Esta vez el péndulo se mueve perpendicularmente de lo viejo (el sistema corrupto y clientelar) hacia lo nuevo (que es la pretendida ruptura). Por eso la ciudadanía comenzará a evaluar su propia decisión de hoy en las urnas observando en los próximos 80 días al menos tres indicadores del gobernante electo: 1. El gabinete que conforma, 2. El plan de emergencia que propone, el cual se derivará de un diagnóstico correcto de la administración pública, y 3. Los actos simbólicos que expresen la ruptura con el pasado.

El equipo de gobierno es la primera clave de la confianza ciudadana. La gente sabe que el aparato estatal ha quedado maltrecho: las arcas vacías, millonarias deudas acumuladas, hospitales colapsados, escuelas desvencijadas, carreteras despedazadas y las puertas de la corrupción aún entreabiertas, aunque los operadores de las redes ilícitas se saben mucho más vigilados. Por eso quizá las expectativas ciudadanas no están cifradas en una recuperación inmediata de las capacidades de la administración pública, pero sí, al menos, en que la gestión será confiada a personas honorables y capaces.

Aparte de las calidades individuales de los integrantes del próximo gobierno, el gabinete reflejará el grado de concertación con la sociedad. La convocatoria de políticos de carrera –salvo casos excepcionales– no será bien vista, ni la de operadores de las corporaciones empresariales, pues se asocian al cumplimiento de agendas particulares y a conflictos de interés. De manera que un perfil de profesionistas independientes y altamente calificados encajaría en la nueva etapa de hacer gobierno.

Una vez clausurado el proceso
electoral vendrá la etapa de transición, que básicamente consiste en trasladar información sobre la marcha de las instituciones, los compromisos pendientes y los recursos financieros disponibles y potenciales, datos que hasta ahora son un misterio, aunque todos adivinan la precariedad dada la caída de la recaudación tributaria y la degradación institucional. Informar a la sociedad sobre cómo se recibe la administración pública y el curso de acción factible para superar la crisis, será el segundo indicador de confianza hacia el nuevo gobierno.

En ese ínterin, mientras se define el equipo de trabajo y se diseña un plan de acción inmediata, entrará inevitablemente en juego el Congreso. Sobre su mesa está el presupuesto público 2016, así como varias reformas que podrían abrir la pista de aterrizaje al nuevo gobierno. Pero en su ventana está el reclamo empresarial de la depuración y, sobre todo, la vigilancia ciudadana.

En relación al presupuesto, tan relevante como los techos de gasto y las fuentes de financiamiento, son los bolsones discrecionales, es decir, las fugas de partidas que los diputados se han reservado –cada vez con mayores montos– para recuperar “inversiones” de campaña y agenciarse comisiones bajo la mesa. Si el nuevo gobierno es visto como negociador y corresponsable de la aprobación o al menos tolerante de gastos corruptos, acarreará con parte del costo de los diputados.

Es ahí donde empieza la evaluación sobre la ruptura esperada con el viejo estilo de hacer gobierno, que ha consistido, en todas las legislaturas de minorías, en tolerar corrupción a cambio de gobernabilidad en el Congreso. Solo que esta vez la beligerancia que ciertas corporaciones están adoptando sobre el Congreso y la “mecha corta” de la ciudadanía acotará los márgenes de discrecionalidad de los diputados. Como previsiblemente estos no permanecerán de brazos cruzados, la tensión se va a traducir en una disputa de la agenda legislativa.

Está claro que la Ley de Desarrollo Rural, que sorprendentemente ya pasó la primera lectura, eriza a parte del sector empresarial y conservador del país. Allí estará un punto de controversia, respecto del cual los grupos organizados no son imparciales. Y en la identificación de fuentes de financiamiento público pueden estar otros puntos tirantes. Por ejemplo, cargas específicas para el uso de frecuencias radioeléctricas, ciertos oligopolios y la explotación de recursos naturales.

Desde luego si esa tormenta política se desata, el próximo gobierno entrará condicionado. Se podría convertir en simple observador, es decir, en actor secundario; pero también podría tomar partido, con lo cual entraría a campos de disputa que no necesariamente preparó. Y tiene la opción, deseable para una nueva administración, de erigirse en árbitro de las disputas, interpretando el bien común. Esta última opción demanda estatura de estadista y haber cumplido las definiciones básicas de contar con un equipo creíble y un curso de acción con una jerarquía de objetivos respaldados socialmente.