Miércoles 23 DE Octubre DE 2019
Domingo

La profundidad de la incertidumbre ciudadana

Jorge Mario Rodríguez Martínez

Fecha de publicación: 16-08-15
Ilustración Víctor Matamoros > El periódico

Quizás el rasgo más pronunciado de la presente crisis política es la sensación de incertidumbre ciudadana cuya intensidad solo es superada por la indignación ante el cinismo de la mafia política. A tres semanas de la fecha estipulada, no sabemos siquiera si habrá elecciones. Pero cada vez gana más plausibilidad la tesis de que la clave para superar la actual coyuntura crítica no consiste solo en erradicar la corrupción, sino, a mediano plazo, en la refundación del Estado. Esta tarea, sin embargo, se perfila como algo remoto, no solo por los escollos inmediatos, sino porque los cambios requeridos no están todavía claros en la conciencia ciudadana.

 

Para comenzar, ¿cómo se puede objetar que los ciudadanos denuncien la absoluta inviabilidad de un proceso electoral que tiene que llevarse a cabo solo para respetar los plazos constitucionales, cuando las condiciones mínimas de legitimidad están ausentes? Hasta aquellos que apoyan las elecciones, por las razones que fuere, saben que un gobierno con exiguo apoyo carecería del poder de convocatoria para formular el acuerdo nacional que ayudara a salir de esta crisis, más aún cuando los viejos actores de la corrupción –cuya degradación parece no tener límites– llegarán a ser mayoría.

 

Otros, más optimistas, empiezan a pensar que la actual crisis tendrá, al final, una resolución favorable, debido a que el gobierno entrante estará consciente de que sus acciones quedarán sujetas a un control ciudadano más exigente. Este argumento no es válido: un gobierno puede ser transparente y, sin embargo, antidemocrático. Los sectores empresariales más recalcitrantes, por ejemplo, pueden colocar en puestos claves a “tecnócratas”, los cuales seguirán el consabido repertorio de políticas como (a) el fomento de la inversión a través de exenciones fiscales y salarios diferenciados, (b) la ampliación de la base tributaria o (c) la necesidad de reproducir las recetas de austeridad estatal, que serían trágicas para un pueblo que nunca conoció el Estado de bienestar.

 

En realidad, la tarea de refundar el Estado plantea una Guatemala democrática e inclusiva en un modo constitutivo, esto es, una sociedad que surge de un nuevo pacto social que acoge las demandas más profundas y legítimas, en especial, el derecho a una vida digna. Así, la empresa ciudadana apunta a una serie de tareas que superan, por mucho, la de “sanear” un Estado corrupto. Dicho pacto social es necesario para no caer en las políticas neoliberales que, de suyo, implican la corrupción más profunda: desarticular el bien común para privilegiar el interés particular.

 

De este modo, es válido preguntarse si la corrupción realmente desaparecerá con las políticas económicas neoliberales, aun cuando se desarrollen con “transparencia”. No está de más recordar a Gramsci para notar que una de las funciones del Estado es adaptar la sociedad civil a la estructura económica. Ahora bien, si los sectores oligárquicos se han organizado y mantenido únicamente a partir de prebendas y privilegios ilegítimos –como está hartamente demostrado– entonces su necesidad de un Estado corrupto y violento es evidente.

 

En realidad, una crisis del Estado conlleva la crisis de la sociedad en su conjunto. Estas se desarrollan a varios niveles. En su instancia más profunda, una crisis desmorona los sentidos que han regido la vida de una colectividad; actualmente se desmorona un régimen que siempre estuvo en crisis, dado que el mayor vínculo político lo constituía la complicidad en actos ilícitos. Sin una orientación básica de justicia que penetre las redes de acción que conforman un mundo social, es imposible que una sociedad pueda garantizar una vida digna para todos. En nuestra coyuntura, la sociedad que se desmorona es aquella que nos han hecho competitivos, “realistas”, escépticos, desconfiados, inmediatistas y, muchas veces, indiferentes ante la violencia y la corrupción.

 

Así, al menos parcialmente, la incertidumbre ciudadana deriva de que el tejido social de las sociedades contemporáneas ha sido permeado por la lógica reductiva del neoliberalismo, la cual impide ver formas de vida alternativas. ¿Podemos confiar en que los proyectos de “crecimiento” económico diseñados por las elites guatemaltecas y sus contrapartes globales van a garantizar la equidad que ansiamos? La ciudadanía gana cada día mayor conciencia de que las políticas de “crecimiento”, basadas en la atracción de inversión depredadora, provocarán crisis ambientales cuyos costos serán pagados por los sectores más vulnerables.

 

Es claro, pues, que nuestra creciente incertidumbre ciudadana no será transformada en confianza a través de democracias de baja intensidad, diseñadas para gestionar los grandes proyectos económicos de las elites globales y nacionales. La transparencia y la fiscalización son insuficientes cuando los planes de país se elaboran en foros no democráticos, y algunas veces secretos.

 

No deja de ser preocupante que los problemas más graves que enfrentará nuestra sociedad se harán evidentes en los próximos años, precisamente en el decurso temporal en el que se configurarán los nuevos pactos políticos. Para entonces, quizá en medio de una crisis todavía mayor, podremos preguntarnos qué se ganó con insistir en la realización de unas elecciones que solo sirvieron para darle tiempo a aquellos que han hecho de la corrupción su modus vivendi.

 

Jorge Mario Rodríguez Martínez es Doctor en filosofía por la York University y Profesor de posgrado en la Usac.