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Domingo

Para refundar el nuevo orden político


Jorge Mario Rodríguez Martínez

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Uno de los síntomas de la profundidad de la crisis política que enfrenta nuestra ciudadanía radica en la imposibilidad de imaginar el futuro en los plazos más inmediatos. Las fechas electorales —que han mostrado ser tan importantes para los sectores conservadores— pierden su sentido organizador frente al incremento de la conflictividad y el caos. A cinco semanas, los ciudadanos no sólo están inseguros de que el evento electoral programado deba realizarse, sino que pueda realizarse.

 

Mientras el tiempo transcurre, la mafia política se engarza en una lucha desesperada y agónica por conservar sus feudos, motivando en la ciudadanía un desprecio inconmensurable. Exponiendo su crónica carencia de ideas, los sectores oligárquicos, siempre determinados por la inmediatez de sus intereses, se empeñan en defender la institucionalidad que les garantiza sus decisivos espacios de influencia.

 

Ante los ojos ciudadanos se impone una verdad que cae de suyo: la realización de las elecciones en la fecha programada sólo agravaría la actual incertidumbre política. Dentro de lo que cabe, aquí se expresa una convicción basada en los argumentos más plausibles. Así, no debe extrañar que con el paso de unos días más personas se adhieran a la propuesta del Grupo Semilla de conformar un Gobierno de Renovación Nacional, el cual tendría como misión articular un nuevo quehacer político, ante el derrumbe definitivo del sistema político electoral.

 

Dicho esfuerzo de renovación es imprescindible y urgente en virtud de las circunstancias. Dicho gobierno provisional debería hacerse cargo de diseñar, siguiendo las pulsiones reflexivas de la conciencia ciudadana, un sistema político que garantizara la auténtica autonomía democrática. La participación de la Plataforma para la Reforma del Estado, organizada por la Usac, podría proporcionar el foro para la necesaria reflexión política por parte de la ciudadanía comprometida.

 

Haciendo uso de estas y otras instancias reflexivas, la ciudadanía organizada debe imponerse la tarea de crear un marco institucional que garantice un confiable ejercicio político. Ningún Estado, ningún gobierno, es viable cuando se desciende de un nivel mínimo de confianza. En este sentido, erradicar la corrupción, en contra de lo que algunos sostienen, no es una tarea que puede acometerse al margen de un cambio social de grandes dimensiones. No puede haber confianza, no digamos esperanza, cuando los vínculos sociales se ven cada vez más afectados por la metástasis de la corrupción, la cual troca los valores de la relación social en los poderes más abyectos, especialmente el que proporciona el dinero.

 

La construcción de este marco político dotado de legitimidad procedimental y moral, debe emprenderse bajo la convicción de que la erosión de la confianza ciudadana deriva de la desigualdad. La gramática social de la desigualdad—integrada en un paradigma, el neoliberal, que promueve la competitividad en un mundo con recursos cada vez más escasos— dificulta la articulación de los proyectos que exige el bien común, que ahora puede significar tan sólo la supervivencia digna de nuestra sociedad. La desigualdad, al romper las redes de reconocimiento ético, genera grietas normativas que hacen posible la acción corrupta —en un sentido que va más allá de la visión que restringe ésta al ámbito público. Recientemente, el neurobiólogo alemán Joachim Bauer ha argumentado que el ser humano percibe la desigualdad como dolor físico, y que actúa, en consecuencia, con agresividad.

 

Los que circunscriben la crisis a un incremento inédito de la corrupción pueden asumir que lo que se necesita es transparencia y fiscalización de la clase política. Ahora bien, como lo ha hecho ver Pierre Rosanvallon, la transparencia viene a ser sólo una dimensión de los necesarios mecanismos de control de una sociedad. En este sentido, la insistencia en la transparencia viene a ser positiva, siempre y cuando recordemos, con este autor, que la transparencia y la fiscalización no pueden sustituir a la “institución invisible” de la confianza, la cual es necesaria para alcanzar el ideal democrático de un mundo en común.

 

No se puede ignorar que, en la actual coyuntura global, un gobierno puede ser transparente sin ser democrático, y viceversa. No podemos obviar este problema en un tiempo en el cual las políticas de muchos países son decididas en las redes de una gobernanza con amplios déficit de legitimidad democrática. Estas redes, de hecho, están vaciando de contenido la idea misma de soberanía, sin esforzarse por encontrar substitutos adecuados para nociones que recogen la legitimidad democrática. ¿En qué lugar queda el poder constituyente originario cuando las decisiones económicas fundamentales no tienen que responder a la sociedad que va a pagar los costes de las medidas adoptadas? Estamos lejos del ideal de un constitucionalismo global.

 

En conclusión, nuestro deber ciudadano es no dejar escapar esta coyuntura sin echar los cimientos de una sociedad más igualitaria y justa. La arquitectura política del futuro debe garantizar que la búsqueda del bien común no sea estropeada por aquellos intereses que siempre han militado contra las demandas legítimas de nuestros sectores más vulnerables. De otro modo, la actual crisis se prolongará haciendo que perdamos un tiempo precioso para enfrentar los apremiantes desafíos sociales y ecológicos que cada vez se hacen más evidentes.

 

Jorge Mario Rodríguez Martínez es Doctor en filosofía por la York University y Profesor de posgrado en la Usac.

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