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Domingo

En el punto del K.O.


Análisis de Coyuntura

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IPN-USAC

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos. www.ipn.usac.edu.gt

 

La espina dorsal del régimen se ha fracturado lenta pero irremisiblemente. La vicepresidenta Roxana Baldetti, asociada a una red mafiosa de defraudación de las aduanas, renunció hace dos meses y sus bienes y cuentas están inmovilizados por orden judicial. El primer secretario Privado de la Presidencia, luego designado a la presidencia del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, está preso por un millonario contrato fraudulento. Y el secretario General y yerno del presidente, Gustavo Martínez, está detenido acusado de dirigir una red de tráfico de influencias en el Gobierno Central.

 

El presidente Otto Pérez ha quedado solo, pendiendo de un hilo. La sociedad sigue demandando su renuncia y la Corte de Constitucionalidad decidió que continúe el proceso de antejuicio en el Congreso. La embajada de los EE. UU. ya no ve su permanencia en el cargo como condición de estabilidad y la mayoría de cámaras que integran el CACIF también desearían que dimitiera, aunque sin unanimidad no se van a pronunciar oficialmente.

 

El mandatario ha jugado sus últimas piezas. Ha querido protegerse con la CC, pero se le ha complicado y ahora está en manos de su sorprendente pero inestable aliado, Manuel Baldizón, favorito en todas las encuestas para sucederle en el mando, quien controla los votos necesarios en el Congreso para retirarle la inmunidad.

 

Hasta ahora la suerte de Pérez quedaba sujeta al cálculo de conveniencia de Baldizón. Frente a la disminución de la movilización social y el atasque de las reformas que darían cauce a las protestas, la alianza Lider/PP parecía salir airosa, aunque desgastada. Pero una
inédita independencia judicial ha puesto al régimen otra vez contra la pared. El MP y la CICIG están fuera del control de los políticos, y la Corte Suprema ha dejado en claro su deslinde al tramitar los antejuicios con votaciones unánimes. Solo la influencia parcial sobre la CC –que han tratado de afianzar Lider y PP con la sorpresiva elección de un quinto magistrado– les da un respiro.

 

MP/CICIG se lanzaron desde la semana pasada contra dos diputados (Baudilio Hichos, de Lider, y Pedro Muadi, expresidente del Congreso y ex-PP) señalados de corrupción, y esta semana pidieron otros antejuicios contra cuatro diputados más de Lider. Los bloques parlamentarios afectados quisieron reaccionar contra la Fiscal General y el Comisionado de la CICIG. Amenazaron con publicar un video de la fiscal Thelma Aldana y empezaron movimientos en las Naciones Unidas para librarse del comisionado Iván Velásquez.

 

La comunidad internacional entonces dio un paso adelante pronunciándose a favor de los movimientos ciudadanos y de las reformas, a la vez que tomaron prudente distancia del régimen. Vigorosamente el embajador Todd Robinson salió desde el lunes 6 en los medios reclamando la indiferencia de los diputados, reivindicando la legitimidad de las movilizaciones ciudadanas y acuerpando a la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado que demanda cambios inmediatos a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

 

En ese pulso de tensiones participaron movimientos populares. Los sindicatos tradicionales de maestros y salubristas, además de Conic, dieron demostraciones de fuerza en respaldo al statu quo político y a sus reglas del juego. Las otras organizaciones sociales, incluido el CUC, se aglutinaron en la Plataforma, junto con una diversidad de instancias y personalidades que son referentes de la sociedad, y arreciaron la presión contra el régimen demandando las reformas. Cuando los bandos salieron a bloquear carreteras en todo el país y en las calles, la sensación de normalidad se volvió a romper.

 

El MP y la CICIG continuaron desvelando sus hallazgos y el jueves 9 llegaron hasta el círculo familiar del presidente con la captura de su yerno y exsecretario. Entendido en términos de impacto político, fue un golpe demoledor que deja al gobernante en el punto del knock-out. Coincidió la identificación de la Red de corrupción con la visita de una delegación de Washington, encabezada por Tom Shannon, que llegó a evaluar el desempeño de las operaciones de seguridad regional. En el punto de la caída, el mandatario insistió que no renunciaría aunque el Congreso le retire la inmunidad.

 

La protesta cívica y la propuesta de reformas habían llegado a un límite marcado por un Congreso inconmovible y un Gobierno que astutamente se libraban de las presiones, haciéndolas ver como inútiles, a la vez que dirigían ataques selectivos en contra de quienes identificaron como cabezas de la oposición civil. El argumento de la defensa de la institucionalidad, que le ganó apoyos internacionales en la CELAC y la OEA, y además le permitió introducir una sutil pero efectiva división entre la sociedad empresarial y los grupos civiles, ha perdido efectividad.

 

Un nuevo consenso podría surgir en la sociedad, la comunidad internacional y los partidos minoritarios, sea, según unos, para ejercer control de daños, sea, según otros, para finalmente introducir correctivos en el sistema político. La ruta no está enteramente clara, pero el tiempo ya no lo gobierna el régimen. MP y CICIG continuarán su desequilibrante cruzada contra las estructuras corruptas, y la sensación de caos en las vías públicas tampoco le ayudan, aunque fuesen concebidas como recurso de contención y miedo social.

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