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Medio Ambiente

El segundo país de mayor biodiversidad del mundo, en riesgo de destrucción


Colombia ocupa el segundo lugar entre las 12 naciones más megadiversas del planeta.

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La deforestación, los cultivos ilícitos y la militarización están poniendo en peligro la enorme riqueza y biodiversidad de Colombia. Para denunciarlo, una delegación de 36 líderes sociales se reunió en Bogotá a finales de marzo. Sputnik conversó con habitantes de las regiones de la Amazonia y Orinoquia, donde las selvas y bosques están en riesgo.

Colombia ocupa el segundo lugar entre las 12 naciones más megadiversas del planeta. En sus selvas, páramos y costas hay una riqueza natural que ha permitido registrar la presencia de 54 mil 871 especies, de las cuales 3 mil 625 son exclusivas de este territorio suramericano. Aves, plantas, anfibios y mamíferos integran un listado de enciclopedia natural en el que se destacan las 30 mil 436 especies de plantas, los 32 biomas terrestres y 314 tipos de ecosistemas, los de páramo, que representan el 1,7 por ciento del territorio colombiano y constituyen el 50 por ciento de los existentes en el planeta.

Esta riqueza natural se encuentra amenazada por una economía extractivista que concentra su actividad en la minería y el petróleo, así como la deforestación de las selvas y bosques colombianos para impulsar la ganadería extensiva, la agricultura industrial de monocultivos y la industria maderera. En los primeros tres meses de 2020, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) identificó que cerca de 64 mil hectáreas de bosque y selva fueron arrasadas, principalmente en la Amazonia y la Orinoquia, Caquetá (25 mil 064 ha), Meta (24 mil 288 ha) y Guaviare (14 mil 417 ha).

¿Cómo lo ven los expertos?

Para Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), existe un contexto internacional que tiene relación con la moratoria de la palma africana en Indonesia, así como la apertura de mercados internacionales de carne y cereales, que ha producido una desesperada búsqueda de tierras para estos commodities, ya que es un negocio con una amplia proyección de crecimiento.

“Esto ha desatado un acaparamiento de tierras para estos proyectos, y en Colombia el valor de estas tierras es muy cómodo para este tipo de inversionistas [más aún cuando hay posible lavado de activos de narcotráfico o minería ilegal], que además tienen un fuerte músculo económico y técnico para activar la fertilidad de la tierra y la infraestructura para interconectar estas tierras”, agrega.

La Orinoquia y la Amazonia están en el centro de la disputa. “Históricamente estas tierras están habitadas por poblaciones vulnerables, lo que hace que sean una presa fácil de los inversionistas y el Estado”, detalla Botero, y agrega que en los últimos cinco años se ha pasado de 70 mil ha deforestadas anualmente a casi más de 144 mil ha. “En 2019 bajó a 98 mil, y creemos que en 2020 y 2021 va a subir de los 100 mil”. En la Amazonia, en los últimos dos años se han construido más de 1 mil 500 kilómetros nuevos de vías, informa.

Para el experto, la deforestación es producto de una confluencia de factores:
-El avance del gran latifundio, con un aumento de 950 mil cabezas de ganado en los últimos cinco años, lo que representa a su vez 500 mil hectáreas de selva tumbadas.
-La agroindustria, “un proceso de acaparamiento y colonización que busca insertar tierras en el mercado inmobiliario”, advierte.

Campesinos e indígenas en alerta

En este contexto, 36 líderes y lideresas de comunidades campesinas e indígenas de tres departamentos del noroccidente de Colombia se reunieron en Bogotá a finales de marzo para denunciar los conflictos socioambientales y de tierras que están viviendo en sus municipios.

Conflictos que tienen que ver con la normatividad ambiental que el Gobierno de Iván Duque viene adelantando y que tiene a estas comunidades bajo amenaza de ser desalojados de sus casas por habitar dentro de zonas de reserva, al tiempo que se entregan títulos mineros y se profundiza la actividad petrolera en estas mismas regiones.

Además, las comunidades provenientes del sur de los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá viven una arremetida violenta que tiene varias causas: el crecimiento de las disidencias de la guerrilla FARC en sus territorios; el aumento de los cultivos ilícitos por el incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC en materia de sustitución voluntaria de sembrados de coca; y la intención de reactivar las fumigaciones con glifosato, un herbicida altamente tóxico y catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un agente cancerígeno.

Habla un líder campesino de La Macarena

Carlos Rodríguez es un líder social y campesino de los llanos del Yarí, una subregión que conecta a los departamentos de Caquetá y Meta a partir de uno de los grandes tesoros turísticos y ambientales del país: la Serranía de la Macarena, conocida mundialmente porque por sus montañas donde corre el río de los siete colores. Llegó a esta región desplazado por la violencia de los años 1950. Venía de Tolima, un departamento del centro del país donde nació la guerrilla de las FARC en 1964.

“Llegamos desplazados de la guerra de mitad de siglo, entre liberales y conservadores. Mi padre era liberal y para proteger su vida le tocó esconderse en estos territorios”, recuerda Carlos. En ese momento, la respuesta del Estado fue por una parte la acción militar contra las comunidades donde se gestó la guerrilla, y por el otro el impulso a lo que se denominó la colonización dirigida, que buscaba ampliar la frontera agropecuaria y al tiempo responder a la violencia que se vivía en estas zonas. Producto de esta política, Carlos y su familia llegaron a la región.

Los llanos del Yarí son unas sabanas con vocación ganadera, ubicadas sobre una meseta que conecta Caquetá con la Serranía de la Macarena. Por su historia pasa gran parte del capítulo de la guerra colombiana. En los años 1980 albergó la principal pista del narcotráfico del cartel de Medellín. Allí Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, más conocido como el Mexicano, instalaron la conocida hacienda Tranquilandia, desde donde se exportaba la mayor cantidad de coca de Colombia en esos tiempos. Años después, fue el centro de operaciones del Bloque Oriental de las FARC, y fue en estas tierras donde se realizó la décima y última Conferencia de la insurgencia en armas.

Para Rodríguez, si bien es cierto que muchos campesinos viven en áreas protegidas y que sus actividades económicas tienen impactos ambientales, no es justo que el Estado, que los abandonó en estas zonas por tantos años, ahora venga a sacarlos sin ofrecerles ninguna oportunidad.

Desde 2018 los campesinos e indígenas de esta región del país han estado tocando puertas de las entidades gubernamentales para que se escuche su voz y se construya una política ambiental en la Orinoquia y la Amazonia teniendo en cuenta a la gente que ha cuidado estas selvas por décadas.

“Lo que está pasando es que los suelos de esta tierra están en los ojos del mundo. Su riqueza ambiental y minera ha desatado la codicia de grandes empresas y naciones y por eso nos quieren sacar, pero la conservación tiene que pasar por nosotros, que somos los dueños del territorio. Se pueden gastar toda la plata del mundo en planes militares y no podrán proteger estas selvas y ríos, porque quienes vivimos aquí somos los campesinos, los indígenas y los negros. Necesitan de nosotros para salvar este pulmón ambiental”, concluye Carlos.

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