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El Acordeón

Iván Velásquez


LA TELENOVELA

Una dice Iván Velásquez y hay suficientes personas alrededor que le creen al señor Morales –cuyo reinado se recordará alguna vez, si deseamos martirizarnos evocando una infamia, como el peor gobierno en la historia de Guatemala– y que han perdido las esperanzas de que esa CICIG que Velásquez encabeza hasta el día de hoy, viernes, cuando escribo esta columna, pueda todavía ofrecer al país una salida digna de la poza de excremento que crece y crece con las acciones de los tres “poderes” de este terreno que fue país y ha sido convertido en mera cloaca.

Velásquez, cuyas primeras acciones al asumir el cargo de Director del Colegio Antioqueño de Abogados –había nacido, crecido y estudiado en Antioquia, Colombia– fueron dirigidas a destruir algo que se llamaba Estatuto de defensa de la justicia, una entidad creada igual que aquella vileza implantada por Ríos Montt, los Tribunales de Fuero Especial, que establecieron los jueces sin rostro. Asesinatos vulgares del desquiciado militar que, al mismo tiempo, se dedicó al genocidio en Guatemala.

(Un aparte: a veces he pensado que la ira de Ríos Montt por no haber tenido la hombría de defender una presidencia que había ganado en buena ley, en vez de sacarla dándose latigazos por cobarde, volcó su montaña de deshonor sobre el indefenso pueblo guatemalteco.)

Velásquez, al frente del Colegio Antioqueño de Abogados acabó con el Estatuto mencionado, iniciando con esa gestión de limpieza total una carrera dedicada, a lo largo de toda su vida, a enfrentar y erradicar violaciones a la ley mediante la investigación a fondo de hechos funestos: torturas, ejecuciones extrajudiciales, abusos de tropas contra la población civil. Las profanaciones a los derechos humanos, para decirlo de una vez.

Más tarde fue nombrado Procurador, y desde ese puesto consolidó una Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, que durante las 24 horas atendía las denuncias de capturas clandestinas, desaparición forzada de jóvenes de barrios populares, allanamientos y registros indiscriminados y cerco de barrios enteros, entre otros delitos.

Creó un Comité Interinstitucional de Derechos Humanos –el primero en Colombia– que agrupó a todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que funcionaban en Medellín, junto con la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ejército, la Iglesia católica, la Fiscalía y el Ministerio Público.

Fue designado Director Regional de Fiscalías en Medellín a finales de los años noventa. Y en ese cargo, junto con un equipo de investigadores, emprendió una lucha frontal contra una organización paramilitar contrainsurgente y terrorista de extrema derecha. La investigación permitió establecer cómo a través de 43 empresas de fachada en Antioquia y Córdoba y 495 cuentas bancarias, el paramilitarismo había movido más de $25 mil millones de pesos en corto tiempo.

Ya siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de rastrear las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo colombiano.

Las investigaciones de la Comisión llevaron a la condena de 50 congresistas. Alrededor de una docena más se encuentran bajo juicio y más de 130 están ligados a investigaciones previas: las estructuras criminales enlazadas con los llamados “narcopolíticos”.

No hay nada que los lectores desconozcan sobre la actuación de la CICIG de Iván Velásquez en Guatemala.

Y sí, hay mucha gente en prisión preventiva desde hace rato. Pero no es deuda de Velásquez. Es la mugre de una Corte Suprema de Justicia incapaz y corrupta, babeando por prebendas para sus miembros, sin exigir suficientes fondos para un sistema judicial que funcione, que se haga cargo de los casos de todos los delincuentes que hay en este país. Empezando por los maleantes enquistados en los tres “poderes” del Estado.

¿Será posible que asqueado por la inmundicia que generan esos “poderes” Iván Velásquez esté dispuesto al sacrifi cio personal con la condición de que una CICIG continúe en Guatemala para luchar y tratar de devolverle a la cloaca su condición de país?

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