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Columnistas

Burocracia del terror

opinion

EL BOBO DE LA CAJA

 

Ocurrió a mediados de los años ochenta. Algunos lectores lo recordarán a lo lejos: les consta, saben que no es un invento. Otros tal vez ni habían nacido, o eran unos mocosos; como yo, adolescente tímido e inerme.

 

Febrero de 1984. Fernando García, estudiante de ingeniería y sindicalista, fue el primero en desaparecer. El 15 de mayo desapareció también Rubén Amílcar Farfán, asimismo estudiante y sindicalista. Ese mismo día secuestraron a Carlos Cuevas y a Otto Estrada, y seis días más tarde a Gustavo Castañón. Todos eran de la USAC y todos militaban clandestinamente en el PGT, partido comunista proscrito a raíz del golpe de 1954.

 

Desde entonces, las mujeres que los querían no cejaron en el esfuerzo de buscarlos ni en denunciar los hechos públicamente, así como de oficio en las instituciones respectivas: cuarteles, hospitales, morgues, manicomios. Ningún indicio certero, ninguna pista útil, ninguna respuesta clara, ninguna esperanza creíble. Nada. Así nació el Grupo de Apoyo Mutuo.

 

En una carta fechada el 30 de marzo de 1985 Rosario Godoy, esposa de Cuevas, le contaba a sus familiares que el gobernador departamental de Guatemala, en reunión con la directiva del GAM, les advirtió que dejaran de protestar porque, si no, las arrestarían por atentar contra el orden público y la seguridad nacional. Ese mismo 30 de marzo los miembros de la directiva sesionaron para discutir cómo protegerse del peligro que corrían.

 

Al salir del encuentro, Héctor Orlando Gómez Calito, portavoz del grupo, fue capturado por “hombres desconocidos vestidos de particular”. Su cadáver apareció al día siguiente en el Parque de las Naciones Unidas, bajando de Villa Nueva en dirección a Amatitlán. Lo hallaron atado de pies y manos; quemado, con la lengua cortada y los dientes y el cráneo rotos. Godoy, su hermano de 21 años y su hijo de 2 tuvieron un desenlace similar. Fueron encontrados en Boca del Monte. Ella tenía la ropa interior llena de sangre y mordidas en los pechos. A su bebé le habían arrancado las uñas.

 

Los hilos de esta trama, las piezas de esta colección de casos, las claves para entender un pasado no muy lejano pero sí muy macabro (y cuya brutalidad salpica nuestro presente) están en el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Dos constantes saltan a la vista al analizar la información contenida durante los años más duros de la guerra, entre 1975 y 1985: la subordinación de la Policía a las órdenes giradas desde el Ejército; y el control, registro y fichaje sistemático al que fue sometida la población.

 

Paciente y disciplinadamente, los servicios de inteligencia y sus sicarios dieron captura y “desaparición” a cien colaboradores del PGT. Uno a uno fueron secuestrándolos, torturándolos y haciéndolos hablar. Casi todos entregaron a algún camarada, al que a continuación secuestraban, torturaban y hacían hablar. El llamado Diario Militar es el testimonio escrito de ese proceso, evidencia palpable de la sofisticación empleada para reprimir a todo aquel que cupiera en la definición de enemigo interno.

 

Cada golpe tenía un propósito. La violencia era una forma de comunicarse con la sociedad; la muerte, sólo una herramienta para infundir miedo. Probablemente la más habitual, pero no la única.

 

(El acopio de información y la perspectiva se las debo a Pilar Crespo y Asier Andrés: me quito el sombrero para no presumir ajeno).

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