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Desviando ríos

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lucha libre

Resulta que el presidente Jimmy Morales pidió al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que no se acuse penalmente a las siete empresas que desvían ilegalmente los ríos y que dejan sin líquido vital a varias comunidades de la Costa Sur. Según un artículo de soy502, el Ingenio La Sierra, Ingenio Pantaleón, Ingenio Palo Blanco, Finca La Bananera, Palmas del Horizonte, Ingenio Magdalena y el Grupo Agroindustrial Hame, empresas adscritas al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, reconocen ser responsables de desviar los ríos Coyolate, Achiguate, Madre Vieja, Ocosito, Nahualate y Acomé con el fin de alimentar sus cultivos de caña de azúcar, palma africana y otros monocultivos.

Nada de esto nos debería extrañar mucho. Ya sabemos, aunque no deberíamos tolerar, la maña que tienen algunos monstruos de la industria de seguir usando sus privilegios para crecer aunque eso signifique dejar sin agua a varias comunidades, matar millones de peces, cambiar el ecosistema de un lugar o acabar con la selva milenaria. El afán de lucro de algunos da asco.

Aunque es bueno optar en primer lugar por el consenso, me extraña que la decisión de privilegiar el diálogo con empresas abusivas la tomó el Presidente sin consensuar con las comunidades afectadas. Así pareciera que existe una justicia para las grandes empresas y otra muy diferente para las personas. Y vemos que esa actitud empática y buena onda no la tuvieron las autoridades con los siete líderes comunitarios de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia, Huehuetenango. Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, Ermitaño López, Mynor López, Domingo Baltazar y Rigoberto Juárez son personas comprometidas en la defensa de los bienes naturales y han cuestionado los supuestos beneficios que la construcción de una hidroeléctrica de la empresa Hidro Santa Cruz traerá a sus comunidades. Ahora están acusados ante los tribunales de instigación a delinquir, detenciones ilegales, coacción y obstaculización a la acción penal. Y recién ahora, después de llevar un año y medio detenidos, el Tribunal A de Mayor Riesgo inició el juicio contra ellos.

La conflictividad en Guatemala se agrava cada vez que no escuchamos lo que tienen que decir los comunitarios, los afectados por las decisiones de los burócratas de turno. El derecho a tener agua limpia primero para consumo humano y luego para la industria debe ser respetado. Se trata de la salud de muchas personas, de muchos niños y niñas contra el afán de lucro y la irresponsabilidad empresarial.

Otra bomba de tiempo se cocina lentamente en Semuc Champey, uno de los lugares más hermosos del país. Ahí la situación se está poniendo tensa. No se trata de criminalizar a los comunitarios o a las empresas. Se trata de encontrar un equilibrio, de construir un país en el cual quepamos todos. Tenemos que encontrar la fórmula.

@liberalucha

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